Facundo Moyano. Su caso expone la facilidad con la que la policía puede inventar cargos contra un ciudadano.
El sistema penal argentino vuelve a estar en el centro de la polémica tras un nuevo y escandaloso episodio que expone las falencias estructurales de sus fuerzas de seguridad y la alarmante pasividad del Ministerio Público Fiscal. Tal como informó recientemente el portal Infobae, un caso que involucra al exdiputado nacional Facundo Moyano dejó al descubierto una práctica sistemática y devastadora: la fabricación de hechos en las actas policiales. Moyano acusó formalmente al oficial de policía Ezequiel Ríos de haber «inventado» los acontecimientos que derivaron en su detención, abriendo nuevamente el debate sobre la facilidad con la que un uniformado puede destruir la presunción de inocencia de cualquier ciudadano mediante un documento fraudulento.
Si bien el caso ha ganado notoriedad por la figura pública de su protagonista, lo que subyace es una tragedia cotidiana que afecta a miles de argentinos anónimos. La denuncia de Moyano no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad institucional crónica en la que la palabra de un agente de seguridad es validada ciegamente por fiscales y jueces, sin importar las inconsistencias evidentes, la falta de pruebas objetivas o el historial de abusos de la dependencia policial involucrada.
Un acta policial como sentencia anticipada y absoluta
El corazón de este problema radica en el valor probatorio desproporcionado que el sistema judicial argentino le otorga a las actas de procedimiento policial. En el caso de Moyano, la defensa sostiene que el oficial Ezequiel Ríos redactó un documento plagado de falsedades, distorsionando la realidad de los hechos para justificar una detención arbitraria. En la práctica policial callejera, y en la jerga de los pasillos de tribunales, esto se conoce popularmente como «armar una causa».
La mecánica de una causa armada suele ser perversamente simple pero letalmente efectiva. Tras un altercado menor, un operativo irregular, un exceso de fuerza que debe ser encubierto, o simplemente por la necesidad burocrática de mostrar «resultados» estadísticos ante las autoridades políticas, los efectivos policiales elaboran un relato de ficción. Inventan resistencia a la autoridad, plantan evidencia (armas «perras» o estupefacientes), o, como denuncia el exdiputado, tergiversan por completo el desarrollo de una interacción verbal en la vía pública. Una vez que el oficial de turno firma esa acta, el documento se convierte automáticamente en la «verdad oficial» para el sistema de justicia.
Para el ciudadano común, enfrentarse a un acta policial falsificada es sumergirse en una verdadera pesadilla kafkiana. El Estado, a través de sus agentes de seguridad, construye una narrativa de culpabilidad blindada que obliga al acusado a realizar esfuerzos titánicos (y económicos) para probar que el policía miente. En un país donde la presunción de inocencia debería ser el pilar innegociable del derecho penal, el accionar de oficiales como Ríos invierte drásticamente la carga de la prueba: en Argentina, cuando un policía te acusa en un papel, eres culpable hasta que puedas demostrar la mentira institucional.
El fantasma histórico de las causas armadas
Para comprender la gravedad de lo que denuncia Moyano, es necesario mirar hacia atrás. La historia criminal argentina está manchada por episodios trágicos derivados de la fabricación de actas. El caso de Fernando Carrera, conocido como la «Masacre de Pompeya», es quizás el antecedente más escalofriante. Carrera pasó siete años en prisión condenado a 30 años de cárcel luego de que la policía lo confundiera con un ladrón, le disparara, y, para encubrir su error, alterara la escena del crimen y falsificara las actas, acusándolo de haber atropellado a peatones intencionalmente.
Lo que une el caso Carrera con la actual denuncia de Moyano es la misma matriz de impunidad corporativa: la policía comete un abuso de autoridad y, para protegerse de las consecuencias penales y administrativas, utiliza el poder de la birome y el sello oficial para transformar a la víctima en el victimario.
La complicidad ineludible del Ministerio Público Fiscal
Sin embargo, la policía no podría sostener esta aceitada maquinaria de causas armadas sin la complicidad, ya sea por negligencia sistemática, saturación de trabajo o conveniencia corporativa, de los fiscales. Lo más alarmante del reciente episodio de Moyano no es solo el accionar inicial del oficial Ríos, sino la respuesta automática e inmediata del aparato judicial. En lugar de iniciar una investigación independiente, objetiva y exhaustiva frente a las graves denuncias de falsedad ideológica por parte de una figura pública, la fiscalía optó por el camino de menor resistencia: avalar incondicionalmente la versión policial.
La fiscalía interviniente no solo cerró los ojos ante las posibles contradicciones del procedimiento, sino que, basándose únicamente en el acta cuestionada, solicitó y obtuvo medidas restrictivas contra el acusado. Este «copiar y pegar» judicial, donde los fiscales adoptan la narrativa de las fuerzas de seguridad sin cuestionar ni una coma, es una de las mayores fallas del Estado de derecho en Argentina. Los fiscales, que por mandato constitucional deberían ser los garantes de la legalidad y los directores estrictos de las investigaciones, a menudo se convierten en meros escribanos de las comisarías.
Esta dinámica de encubrimiento y validación mutua destruye cualquier posibilidad de justicia equitativa. Cuando un fiscal se niega a investigar a un policía denunciado por inventar hechos, está enviando un mensaje claro a toda la fuerza: la impunidad está garantizada. La adopción de medidas cautelares, y en muchos casos de prisiones preventivas, basadas en testimonios policiales viciados es una forma extrema de violencia institucional que priva a las personas de su libertad de manera ilegítima.
El ciudadano común frente a la maquinaria: los verdaderos perdedores
El caso de Facundo Moyano debe servir como un espejo oscuro y amplificado para la sociedad argentina. Moyano cuenta con los recursos económicos, el acceso directo a los medios masivos de comunicación, el capital político y el respaldo de abogados penalistas de primera línea para denunciar públicamente al oficial Ezequiel Ríos y enfrentar la inercia de la fiscalía. Él puede hacer oír su voz, exigir peritajes de cámaras de seguridad y exponer mediáticamente la manipulación del sumario.
Pero la verdadera pregunta que este caso arroja es: ¿qué sucede cuando la víctima de esta misma maquinaria es un trabajador precarizado, un joven de un barrio vulnerable o un ciudadano de clase media sin recursos extraordinarios? La respuesta se encuentra en los superpoblados pabellones de las cárceles provinciales y federales argentinas, repletos de personas que cumplen prisiones preventivas interminables basadas en actas policiales idénticas a las que hoy cuestiona el exdiputado.
Para esos miles de «perejiles» (como se denomina en la jerga callejera y judicial a los inocentes a los que se les arman causas para cerrar estadísticas), no hay cámaras de televisión, micrófonos, ni conferencias de prensa. Sus vidas son destruidas en absoluto silencio. Pierden sus trabajos de manera inmediata, sus familias se endeudan de por vida para pagar abogados defensores particulares (ya que las defensorías oficiales suelen estar colapsadas), y sus hijos crecen visitándolos en penales de máxima seguridad por delitos que fueron literalmente «inventados» en el capó de un patrullero en una noche cualquiera.
Consecuencias familiares y el daño irreparable
El daño que produce una causa armada no termina cuando la persona es finalmente absuelta tras años de litigio. El tejido familiar se desgarra. Al igual que en historias trágicas que involucran abusos de autoridad, los niños son los que absorben el mayor trauma. Crecen viendo a sus padres tras las rejas, sometidos a requisas humillantes en los penales, desarrollando patologías nerviosas, ataques de pánico y un resentimiento profundo hacia las instituciones del Estado. El Estado les roba años de vida, años de paternidad, y ninguna indemnización futura (que rara vez llega) puede reparar el tiempo perdido ni el estigma social de haber sido señalado como delincuente.
La urgencia de una reforma estructural y auditorías civiles
El escándalo desatado recientemente no debe quedar reducido a una anécdota mediática sobre una figura pública ni a una simple disputa entre un político y un policía. Debe ser el catalizador definitivo para exigir reformas urgentes y profundas en los mecanismos de control interno de las fuerzas de seguridad y, sobre todo, en los protocolos de actuación del Ministerio Público Fiscal.
Es imperativo que Argentina deje de lado el control interno policial (donde los policías se investigan a sí mismos) y pase a un modelo de agencias civiles y externas que auditen la labor de seguridad. Se requiere la obligatoriedad de cámaras corporales (bodycams) en todos los procedimientos para que el acta deje de ser la única prueba, y es vital que los fiscales sean penalizados severamente por incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando omitan su obligación de investigar los abusos denunciados.
Mientras el sistema judicial argentino siga confiando ciegamente y por inercia burocrática en la palabra de agentes fuertemente cuestionados, y mientras se siga utilizando la restricción de derechos como primera respuesta automática, el Estado continuará siendo el mayor generador de injusticia del país. Hoy es Facundo Moyano quien alza la voz para denunciar al oficial Ezequiel Ríos; mañana podría ser cualquier ciudadano honesto que tenga la inmensa desgracia de cruzarse con un uniforme dispuesto a inventar la realidad.
