En las cárceles federales de Argentina, casi el 60 por ciento de los internos no ha recibido una condena firme. La detención preventiva, concebida por la ley nacional como una medida excepcional, se ha convertido en la práctica en una respuesta rutinaria. El resultado es un sistema en el que miles de personas —de manera desproporcionada mujeres y madres— pierden su libertad durante meses o años antes de que un juez determine su culpabilidad o inocencia.
La legislación argentina afirma el principio de que toda persona acusada tiene derecho a permanecer en libertad mientras se desarrolla el proceso penal. La presunción de inocencia exige que la detención preventiva solo se justifique ante riesgos concretos: peligro de fuga, obstaculización de la justicia o amenaza para la comunidad. Sin embargo, los jueces ordenan con frecuencia el encarcelamiento como opción prioritaria. La Procuración Penitenciaria de la Nación ha documentado reiteradamente este cambio, advirtiendo que lo que las normas describen como excepcional se ha transformado en la práctica predominante.
El impacto recae con especial dureza sobre las mujeres. En los establecimientos federales de mujeres, aproximadamente el 70 por ciento de las internas aún espera juicio. Su número ha crecido de manera sostenida en los últimos años. La mayoría son madres que, en promedio, tienen a su cargo tres hijos. Muchas enfrentan acusaciones en el marco de la Ley 23.737, la principal norma de control de estupefacientes del país. Cuando una madre es detenida, sus hijos pierden de un día para el otro a su principal cuidadora. Familiares extendidos, vecinos o el Estado deben asumir de manera repentina esa responsabilidad, a menudo en condiciones precarias. La alteración es inmediata y duradera, incluso cuando el caso puede concluir finalmente en absolución, una calificación menor o una pena no privativa de la libertad.
Organismos internacionales de derechos humanos han expresado una clara preocupación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “la regla general es que el imputado enfrente el proceso penal en libertad” y que la detención preventiva “debe ser realmente una medida excepcional”. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas también ha instado a Argentina a revisar estas prácticas para que la detención antes del juicio se aplique únicamente en casos excepcionales y por períodos limitados. Estas observaciones reflejan estándares consolidados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos vinculantes para Argentina.
Las consecuencias van más allá de las familias individuales. Las altas tasas de detención preventiva contribuyen al hacinamiento crónico en las cárceles federales. El hacinamiento, a su vez, tensiona la infraestructura, los servicios médicos y los programas de rehabilitación. También eleva el costo del sistema penitenciario mientras ofrece beneficios limitados en materia de seguridad pública cuando muchos de los detenidos enfrentan delitos no violentos o de menor gravedad. Para las mujeres, los efectos se acumulan: la separación de los hijos, el acceso restringido a la asistencia letrada y el estigma social asociado al encarcelamiento generan barreras que persisten mucho después de la liberación —si es que esta llega antes de una sentencia definitiva—.
Quienes defienden la práctica actual sostienen que la detención preventiva es a veces necesaria para asegurar la comparecencia del imputado o para impedir la continuidad de actividades delictivas, en particular en causas vinculadas a estupefacientes. Los críticos responden que las medidas alternativas —monitoreo electrónico, prisión domiciliaria, presentación periódica o libertad supervisada— se utilizan de manera insuficiente. Señalan que la decisión de detener se adopta con frecuencia en una etapa temprana del proceso, antes de que se haya sometido a prueba la totalidad de la evidencia, y que las demoras prolongadas del sistema judicial convierten medidas temporales en verdaderas penas anticipadas.
El costo humano se mide en rutinas familiares rotas, escolaridad interrumpida de los niños y la carga psicológica que recae tanto sobre las madres como sobre sus dependientes. Cuando una sola llamada de las autoridades saca a un progenitor del hogar por un período indeterminado, la presunción de inocencia se convierte en un principio abstracto en lugar de una garantía vivida. Los niños viven la ausencia como un abandono; las comunidades absorben los efectos secundarios de hogares desestabilizados.
Propuestas de reforma circulan desde hace años. Incluyen lineamientos judiciales más estrictos que exijan fundamentación escrita para cada orden de detención, una mayor utilización de alternativas no privativas de la libertad, un procesamiento más ágil de las causas que involucran a cuidadores principales y la recolección sistemática de datos sobre la duración y los resultados de la detención preventiva. Si estas medidas logran avanzar determinará si el sistema de justicia penal argentino continúa apoyándose en el encarcelamiento antes de la condena o regresa al uso excepcional contemplado por su propia legislación y por los estándares internacionales.
La pregunta sigue siendo contundente: cuando casi seis de cada diez presos federales y siete de cada diez mujeres en custodia federal no han sido declarados culpables, ¿el sistema está impartiendo justicia o imponiendo un castigo anticipado al juicio? La respuesta tiene consecuencias no solo para quienes están detrás de los muros, sino también para los niños y las familias que quedan afuera.
