Complejo Carcelario de Bouwer, Córdoba. Mientras las cúpulas policiales administran el narcotráfico en las calles, las prisiones se llenan con los eslabones más débiles del sistema. Gentileza.
Existe una premisa moral, ética y legal fundamental en cualquier estado de derecho: aquellos a quienes la sociedad les confía el monopolio legítimo de la fuerza armada y el deber constitucional de combatir el crimen organizado no pueden ser, bajo ninguna circunstancia, los administradores de ese mismo engranaje criminal. Sin embargo, en la Argentina contemporánea, esta línea divisoria entre el Estado y las mafias parece haberse borrado por completo, dejando a los ciudadanos en un estado de absoluta indefensión. Recientemente, de acuerdo con la información revelada por el diario Página/12, un operativo sin precedentes y de enorme impacto institucional sacudió las estructuras de la seguridad nacional cuando la Justicia ordenó la detención del comisario Alejandro Falcón, nada menos que el jefe de la división de Drogas Peligrosas de la Policía Federal en la provincia de Córdoba, junto a otros tres efectivos de su máxima confianza.
La estruendosa caída del comisario Falcón no debe leerse simplemente como el arresto aislado de un funcionario corrupto que se desvió del camino legal; es, por el contrario, la radiografía más precisa de un sistema que se encuentra institucionalmente enfermo desde sus cimientos. Este caso demuestra de manera irrefutable que, en vastas y populosas regiones del país, sectores clave de las fuerzas de seguridad han dejado de combatir el narcotráfico para pasar a gerenciarlo, regulando de manera monopólica el mercado de las drogas ilegales desde los mismos y pulcros despachos oficiales que, en teoría, deberían estar diseñando estrategias de inteligencia para erradicarlo.
El negocio de la falsa seguridad y el sistema de «zonas liberadas»
La división de Drogas Peligrosas tiene a su cargo las investigaciones más sensibles, reservadas y complejas de todo el territorio nacional. Sus agentes manejan información altamente clasificada, conocen la verdadera identidad de los informantes clave, tienen acceso directo y control sobre las escuchas telefónicas ordenadas por los jueces y, fundamentalmente, tienen el poder de decidir cuándo, cómo, dónde y a quién se allana. Cuando la cúpula de esta división se corrompe y pone todo este enorme aparato logístico estatal al servicio del crimen, el daño que se le inflige a la sociedad es sencillamente incalculable.
Según los primeros y alarmantes avances de la investigación judicial que derivó en los recientes múltiples allanamientos y detenciones en Córdoba, el comisario Alejandro Falcón y su círculo íntimo de colaboradores están acusados de utilizar todos los recursos tecnológicos y humanos del Estado no para desbaratar a las peligrosas bandas narcos que asolan la provincia, sino para extorsionarlas sistemáticamente y brindarles protección logística. El modus operandi descubierto por la Justicia refleja una maquinaria de recaudación ilegal asombrosamente sofisticada y aceitada.
En este oscuro esquema mafioso, los efectivos de la Policía Federal presuntamente exigían pagos periódicos millonarios —verdaderos cánones, tarifas o «peajes» de impunidad— a los traficantes locales. Aquellos líderes narcotraficantes que accedían a las demandas extorsivas y económicas del comisario y sus subalternos gozaban del privilegio de las llamadas «zonas liberadas». Estas zonas son áreas geográficas específicas de la ciudad y el conurbano cordobés donde las bandas pueden operar y vender estupefacientes a plena luz del día, con la total garantía de que no serán molestados por los patrulleros.
Peor aún, el expediente investiga si los traficantes «asociados» comercialmente a la cúpula policial recibían información de inteligencia anticipada (filtraciones) sobre los allanamientos ordenados por fiscales o jueces federales. Esta ventaja táctica, provista por la misma policía, les permitía a los delincuentes vaciar los depósitos, ocultar la droga, desaparecer el dinero en efectivo y eludir las detenciones de manera sistemática, burlando así todo el sistema de justicia penal.
Una estructura que se autoprotege: el fracaso de los controles internos
El arresto de un jefe de tan alta jerarquía y poder como Alejandro Falcón pone inevitablemente sobre la mesa una pregunta sumamente incómoda que las autoridades políticas y gubernamentales suelen evadir o minimizar: ¿cómo es humanamente y operativamente posible que el máximo responsable de combatir el narcotráfico en una de las provincias más importantes, pobladas y conflictivas de Argentina opere una compleja red de extorsión sostenida en el tiempo sin que absolutamente nadie en la cadena de mando superior, ni en las auditorías, lo advierta?
La respuesta a este interrogante radica en los históricos y blindados pactos de silencio corporativos, y en la enorme complicidad de las estructuras de asuntos internos de la fuerza. Históricamente, estos departamentos suelen funcionar más como escudos protectores institucionales que resguardan a la corporación policial frente a los escándalos mediáticos, que como verdaderos órganos de purga dispuestos a arrancar el problema de raíz.
La red delictiva atribuida al comisario Falcón y a los otros tres policías federales detenidos no podría, de ninguna manera, haber operado en el vacío ni en solitario. Mantener una estructura de este tipo requiere de una logística fenomenal, de la falsificación sistemática de documentos públicos, de la alteración de actas de secuestro de estupefacientes (donde es común que los oficiales retengan una parte importante de la droga incautada a bandas rivales para luego revenderla a sus socios o usarla vilmente para «plantar» evidencia y armar causas falsas a inocentes) y, tristemente, de la vista gorda rutinaria de muchos fiscales y jueces. El sistema judicial, saturado y a veces indolente, confía a ciegas en los partes informativos presentados por Drogas Peligrosas, firmando órdenes de allanamiento sin auditar verdaderamente quién es quién en el terreno.
La farsa procesal y la estadística del engaño
Cuando la Justicia delega casi en su totalidad la etapa de instrucción y el trabajo de campo de las causas de narcotráfico en divisiones policiales corrompidas desde su jefatura, el resultado final es una gigantesca farsa procesal.
Las espectaculares detenciones que la Policía Federal o las fuerzas provinciales suelen presentar ante los medios de comunicación en grandilocuentes conferencias de prensa (con mesas repletas de armas y ladrillos de cocaína) a menudo esconden una realidad mucho más perversa. En muchos casos, estos operativos no son verdaderos golpes al crimen organizado, sino simples ajustes de cuentas contra aquellos traficantes que se atrasaron o se negaron a pagar la cuota de la extorsión policial. Otras veces, se trata del arresto masivo de pequeños vendedores minoristas, jóvenes vulnerables conocidos como «soldaditos» o «kiosqueros», que son sacrificados y arrojados a las cárceles de máxima seguridad (como el complejo de Bouwer) simplemente para simular eficiencia institucional ante la sociedad y el poder político, manteniendo completamente intacta y protegida a la cúpula del verdadero negocio millonario narco-policial.
El impacto devastador en el tejido de la sociedad civil
Las consecuencias de tener, metafóricamente, a un «lobo rabioso cuidando el rebaño» son sufridas, en primer y último lugar, por los ciudadanos de a pie, por las familias trabajadoras. En los barrios periféricos y más castigados de Córdoba, al igual que ocurre trágicamente en Rosario o en vastas zonas del conurbano bonaerense, los vecinos son testigos diarios y silenciosos de cómo los patrulleros oficiales interactúan con los «kioscos» de venta de droga. Saben perfectamente que no se detienen allí para clausurar el lugar ni para proteger a los jóvenes de las adicciones, sino pura y exclusivamente para cobrar su tajada del negocio ilícito.
Esta dinámica perversa destruye por completo el tejido social y hace añicos la confianza de la sociedad en las instituciones de la República. ¿A quién puede recurrir una madre desesperada para denunciar de forma segura que están vendiendo paco, marihuana o cocaína en la esquina misma del colegio de sus hijos, si la misma policía que recibe su denuncia de un lado del mostrador, es socia del narcotraficante del otro lado? El miedo paralizante a las represalias se convierte en la única ley imperante en los barrios. El Estado, a través de funcionarios traidores a su juramento como el comisario Falcón, deja de ser el garante de la seguridad para convertirse en el principal facilitador y garante del circuito criminal.
Este reciente sacudón institucional marcará, sin duda, una fecha clave en los expedientes judiciales federales de Córdoba, pero sería de una enorme ingenuidad creer que el problema está resuelto. La detención de estos cuatro efectivos es apenas la punta visible de un iceberg gigantesco. El caso de Alejandro Falcón y sus subalternos no representa una anomalía del sistema; es la más clara exhibición del patrón estructural de corrupción endémica que define a la supuesta «guerra contra las drogas» en Argentina. Hasta que el Estado no asuma la responsabilidad de implementar de forma urgente agencias de investigación especializadas, puramente civiles e independientes, totalmente ajenas a las jerarquías policiales tradicionales para investigar los delitos complejos, el sistema seguirá atrapado en un ciclo infinito de sangre e impunidad, donde es imposible distinguir al guardián del criminal, porque llevan puesto el mismo uniforme.
Fuente: Página/12
https://www.pagina12.com.ar/2026/08/06/detuvieron-al-jefe-de-drogas-peligrosas-de-la-policia-federal-de-cordoba/
