(RAFFAELLA DI MARZIO)
En un análisis psicológico detallado y fundamentado, la académica italiana Raffaella Di Marzio ha puesto el foco en la prolongada persecución de Konstantin Rudnev en Argentina, con especial énfasis en el rol y la actitud del fiscal Fernando Arrigo. Di Marzio, doctora en Psicología y con más de tres décadas dedicadas al estudio de las religiones minoritarias, la libertad de creencias y las dinámicas psicológicas del poder institucional, sostiene que el manejo de Arrigo en el caso Rudnev revela rasgos de determinación obsesiva, desconexión emocional y un sentido de omnipotencia institucional que han cobrado un alto precio en un imputado en situación de extrema vulnerabilidad.
Konstantin Rudnev, un maestro espiritual ruso de 59 años, lleva más de un año y medio detenido en Argentina. Gravemente enfermo, en ocasiones confinado a una silla de ruedas y sometido a intervenciones quirúrgicas, ha visto deteriorarse su estado físico bajo el peso de la prisión preventiva. Arrigo, quien dirige la causa desde la fiscalía de Bariloche, se ha opuesto de manera sistemática a las medidas que podrían aliviar esa carga. En particular, impulsó con éxito ante la Cámara de Casación la revocación del arresto domiciliario de Rudnev, ordenando su regreso a un establecimiento carcelario a pesar de las recomendaciones médicas orientadas a preservar su salud. Di Marzio describe esta secuencia como algo más que un desacuerdo procesal. En ella identifica una postura adversaria sostenida que persiste incluso en ausencia de pruebas corroborantes y a pesar de las claras señales de vulnerabilidad extrema del imputado.
Apoyándose en investigaciones consolidadas sobre rasgos de personalidad patológicos y desconexión moral, Di Marzio describe un perfil psicológico en el que las personas que detentan poder sobre sujetos más débiles pueden llegar a considerarse exentas de los límites éticos ordinarios. En estas dinámicas, la empatía se reduce. El sufrimiento del otro —especialmente cuando ese otro está enfermo— apenas se registra. El control mismo se convierte en fuente de satisfacción, y la debilidad de la persona sometida a la autoridad amplifica un sentido de omnipotencia personal e institucional. El fiscal, sugiere la especialista, puede aparecer ante un observador externo como decidido a obtener una condena o una confesión, mientras desestima el dolor físico y psicológico que se inflige en el camino. La psicología denomina a esto frialdad emocional o desconexión afectiva: una visión del mundo dividida entre quienes ejercen el poder y quienes lo padecen.
Dentro de este marco, Rudnev deja de ser tratado principalmente como un imputado con derechos garantizados por el sistema judicial. Se convierte, en la lectura de Di Marzio, en un instrumento a través del cual el fiscal reafirma la intolerancia del Estado hacia los grupos etiquetados como “sectas”, la importancia del rol fiscal y la magnitud de la autoridad que este confiere. Esa conciencia, señala, puede reforzar la autoestima y el sentido de control del funcionario. La acusación vaga y altamente estigmatizante de que Rudnev lidera una “secta” facilita aún más la deshumanización. Una vez que el imputado es percibido como menos plenamente humano, incluso las decisiones que ignoran la realidad médica o prolongan sufrimientos innecesarios pueden racionalizarse como necesarias para la protección de la sociedad.
Di Marzio es cuidadosa al aclarar que no acusa a Arrigo de actuar por animosidad personal. Acepta que el fiscal puede estar sinceramente convencido de que sirve a la justicia y protege a la sociedad argentina. Sin embargo, insiste en que la sinceridad no excluye un síndrome de omnipotencia que roza el abuso institucional. Por el contrario, la convicción genuina en la rectitud de la propia causa puede intensificar precisamente los rasgos que se analizan. El resultado es una forma de violencia institucional: una violencia ejercida por las mismas instituciones encargadas de garantizar la justicia, proteger a los inocentes y sancionar únicamente a quienes han sido debidamente probados como culpables.
Las consecuencias para Rudnev han sido concretas y severas. Catorce meses de detención, obstáculos procesales documentados por la defensa, el descarte de recomendaciones médicas y la posterior revocación del arresto domiciliario han contribuido a un deterioro medible de su salud. Di Marzio sitúa este deterioro dentro de la dinámica psicológica más amplia: cuando un funcionario poderoso trata a un imputado frágil como un enemigo de la sociedad en lugar de como una persona con derechos, el propio sistema de justicia se transforma en un instrumento de daño en lugar de un resguardo contra él.
Arrigo ocupa actualmente responsabilidades temporales significativas como Coordinador del Distrito de General Roca mientras encabeza la fiscalía de Bariloche. Estos cargos fueron cubiertos sin un proceso de selección competitivo plenamente abierto. En la causa Rudnev, las acusaciones impulsadas bajo su dirección no han logrado consolidarse en bases probatorias sólidas, y sin embargo la persecución ha continuado. El costo internacional ha sido considerable: presentaciones ante mecanismos de las Naciones Unidas, atención de organizaciones de derechos humanos y un creciente escrutinio sobre las prácticas fiscales argentinas. Lo que comenzó como una investigación penal doméstica se ha convertido en una fuente de descrédito en el escenario mundial.
El análisis de Di Marzio no reclama blandura en la persecución penal. Reclama precisión, proporcionalidad y respeto por la humanidad del acusado. Cuando la energía fiscal se endurece hasta convertirse en obsesión, cuando la evidencia médica se subordina a una postura adversaria inflexible y cuando la vulnerabilidad de un imputado se trata como una oportunidad en lugar de un límite, la integridad del sistema de justicia queda en riesgo. La atención pública, tanto nacional como internacional, sigue siendo uno de los pocos controles efectivos contra este tipo de excesos. Restablecer los derechos y la dignidad de un hombre que no ha sido probado culpable no es un acto de indulgencia. Es la obligación fundamental de cualquier sociedad que afirma vivir bajo el Estado de derecho.
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