César Darío Moreno murió en el penal de Bouwer tras permanecer dos días inmovilizado y golpeado en el sector médico.
El sistema penitenciario y policial argentino vuelve a quedar expuesto ante la crudeza de sus propias prácticas represivas luego de que la Fiscalía de Instrucción del Distrito 11 de la provincia de Córdoba elevara formalmente a juicio oral una causa estremecedora contra nueve agentes del Servicio Penitenciario, imputados por el delito de tortura seguida de muerte. La víctima de este engranaje estatal fue César Darío Moreno, un interno que perdió la vida dentro del Complejo Carcelario Número 1 de Bouwer en circunstancias que revelan un desprecio absoluto por la condición humana. El expediente, respaldado por peritajes técnico-científicos, registros fílmicos parciales y contundentes informes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, constituye una radiografía implacable sobre el destino que enfrentan las personas con padecimientos de salud cuando caen bajo la custodia punitiva del Estado.
El origen de la tragedia demuestra cómo el aparato de seguridad criminaliza la vulnerabilidad sanitaria desde el primer contacto en la vía pública. Moreno había sido arrestado tras protagonizar un incidente menor en el barrio de Nueva Córdoba mientras atravesaba una severa crisis psiquiátrica derivada de un diagnóstico de trastorno bipolar cuya medicación había suspendido. En lugar de activar un protocolo de contención sanitaria y derivarlo a una institución especializada en salud mental para estabilizar su cuadro clínico, las autoridades judiciales y policiales dispusieron su inmediato encarcelamiento, trasladándolo primero al Establecimiento Penitenciario Número 9 y posteriormente al gigantesco penal de Bouwer, donde su fragilidad psiquiátrica quedó a merced de la violencia corporativa de los guardiacárceles.
Golpizas en zonas ciegas con anuencia médica y dos días de sujeción mortal
La reconstrucción de los hechos ocurridos tras los muros de Bouwer, elaborada siguiendo los estándares internacionales del Protocolo de Estambul y del Protocolo de Minnesota de las Naciones Unidas para la investigación de muertes ilícitas bajo custodia, describe una secuencia de tormentos planificada para no dejar rastros visuales. Luego de que el detenido —desorientado por su crisis psiquiátrica sin tratamiento— mantuviera un altercado con el personal de seguridad en el que un guardia sufrió una lesión, los efectivos penitenciarios desataron una brutal represalia física durante su reducción. Sin embargo, el tramo más siniestro del castigo se ejecutó cuando trasladaron a Moreno hacia el sector del Servicio Médico del penal.
De acuerdo con las constancias probatorias reunidas por el Ministerio Público Fiscal, los guardiacárceles condujeron deliberadamente a la víctima hasta esa dependencia sanitaria porque sabían con exactitud que allí no existían cámaras de seguridad que pudieran registrar la agresión. En ese espacio ciego del penal, la golpiza continuó con total impunidad y bajo un agravante ético e institucional demoledor: los tormentos se aplicaron con la anuencia directa de uno de los médicos del servicio penitenciario, quien también terminó detenido e imputado en la causa. Cuando el profesional de la salud encargado de velar por la integridad física de un paciente convalida las palizas dentro de su propio consultorio, el servicio médico carcelario deja de ser un ámbito asistencial para transformarse en una sala de torturas.
Complejo Carcelario N° 1 de Bouwer en Córdoba: el penal donde se documentaron las torturas en el área médica.
Consumada la agresión física en el sector sin cámaras, los imputados sometieron a Moreno a un método de suplicio prolongado que selló su destino fatal. El detenido fue derivado a una sala médica donde lo sujetaron mecánicamente a una cama, manteniéndolo atado de las muñecas, los tobillos, los muslos y el pecho durante más de cuarenta y ocho horas ininterrumpidas. A lo largo de esos dos días de inmovilización forzada, ninguno de los responsables le brindó atención médica por las severas lesiones internas y externas provocadas durante la golpiza previa, limitándose a suministrarle cantidades mínimas de agua y alimento sin atender el colapso progresivo de su organismo. Como consecuencia directa de los traumatismos sufridos, de la prolongada sujeción física y de su estado de indefensión, Moreno falleció atado a la camilla a causa de un tromboembolismo pulmonar agudo.
Violencia en patrulleros y un Poder Judicial paralizado por la discrecionalidad y las vacantes
La brutalidad documentada en el penal cordobés de Bouwer no representa un episodio aislado dentro de las fuerzas de seguridad argentinas, sino el síntoma extremo de una cultura institucional que naturaliza el maltrato físico durante los traslados y el encierro. En sintonía con este diagnóstico, la Fiscalía de Derechos Humanos solicitó en los últimos días que avance a juicio oral otra causa contra un efectivo policial acusado de vejaciones, apremios ilegales y amenazas: según la investigación, el uniformado golpeó salvajemente en las costillas a un hombre esposado mientras era trasladado dentro de un patrullero hacia una comisaría y, al advertir que una mujer presenciaba la escena desde el exterior, la intimidó mediante gestos amenazantes para garantizar su silencio.
Desde el asiento trasero de un móvil policial hasta las camillas de sujeción de un hospital penitenciario, se repite un mismo patrón de abuso de poder en el que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley actúan convencidos de que la privación de la libertad suspende los derechos humanos básicos del detenido. Esta sensación de impunidad entre los agentes operativos se alimenta, a su vez, de las graves deficiencias estructurales que paralizan al propio Poder Judicial encargado de controlarlos.
Un reciente informe institucional elaborado por el constitucionalista Alfonso Santiago, de la Universidad Austral, reveló que en la Justicia nacional y federal argentina existen actualmente 266 cargos de jueces vacantes —con 159 expedientes demorados en el Consejo de la Magistratura, 77 en el Poder Ejecutivo y 30 en el Senado—, advirtiendo que las demoras crónicas y la excesiva discrecionalidad en las designaciones y subrogancias obstaculizan el funcionamiento transparente de los tribunales. Mientras la política dilata la cobertura de cientos de juzgados titulares y los órganos de control judicial operan con lentitud burocrática, en los calabozos y pabellones del país la falta de supervisión efectiva se paga con la salud y la vida de personas vulnerables. El juicio oral contra los nueve agentes y el personal médico por el crimen de César Darío Moreno en Bouwer será una prueba decisiva para determinar si los tribunales argentinos están dispuestos a quebrar el pacto de silencio corporativo que protege la tortura estatal.
