Franco Casco apareció muerto y 19 policías terminaron presos.
Diego José Álvarez, el ex titular policial que pasó casi seis años tras las rejas por la polémica muerte de un joven en Rosario, decidió ir a fondo contra el sistema acusatorio. Ya absuelto por la justicia de primera instancia, el comisario retirado acudió a la Procuración General de la Nación para formalizar una grave denuncia contra Óscar Arrigo, el fiscal federal del caso, a quien responsabiliza de falsear información deliberadamente para conseguir la anulación de su inocencia.
Durante una reciente entrevista con el ciclo Tiempo de Policiales (emitido por ATP Stream), el oficial reconstruyó su versión de la llamada «causa Franco Casco». Sus declaraciones apuntaron sin filtros hacia la figura de Arrigo, señalándolo por «fraguar pruebas, tergiversar testimonios» y haber decidido «perder el deber de objetividad». El objetivo del fiscal, según Álvarez, fue sostener a toda costa una hipótesis acusatoria que un tribunal oral terminó derribando luego de un extenuante juicio de 18 meses.
Comisario Diego José Álvarez.
El inicio de este laberinto judicial se remonta a 2014, cuando Álvarez comandaba una seccional rosarina y un joven bonaerense llamado Franco Casco, oriundo de Florencio Varela, terminó demorado en sus instalaciones.
El ex comisario asegura que el procedimiento fue transparente y notificado inmediatamente al fiscal de turno. Siguiendo las actas oficiales, a las 22:00 horas de esa misma noche Casco dejó la comisaría y firmó su excarcelación. La historia tomó un giro oscuro cuando, dos días más tarde, los familiares del joven acudieron a la sede policial buscando su paradero. Los oficiales aseguran haberles exhibido tanto el libro de guardia como el papeleo que respaldaba su salida. Trágicamente, hacia finales de octubre, el cuerpo de Casco emergió en las aguas del río Paraná.
El diagnóstico médico legal fue asfixia por sumersión. Según remarcó Álvarez, los forenses catalogaron la muerte como indeterminada sin detectar ninguna clase de trauma o lesión. Sin embargo, la maquinaria judicial nunca apartó su mirada de la policía. Así fue como, 30 meses después de la aparición del cuerpo, la Justicia ordenó la aprehensión del jefe policial y de toda su guardia.
Fiscal federal Fernando Arrigo.
«Estuve casi seis años detenido», recordó con amargura el ex oficial, revelando un detalle insólito de la instrucción: «El vecino, por el simple hecho de haber llamado a la policía, también resultó imputado en la causa», y debió soportar todo el proceso hasta ser finalmente absuelto.
El largo camino hacia la absolución
El cerco judicial se cerró en septiembre de 2017 con una treintena de arrestos. De ese grupo, 19 uniformados (Álvarez incluido) llegaron a la instancia del debate oral, donde todos consiguieron demostrar su inocencia.
Para el comisario, el veredicto no dejó lugar a especulaciones: «Fuimos absueltos por el tribunal que nos juzgó, absueltos de culpa y cargo, ni siquiera por el beneficio de la duda, sino directamente dice claramente absueltos de los hechos que nos estaban imputando».
Durante el extenso proceso, Álvarez decidió sentarse a declarar en seis oportunidades, enfrentando audiencias que llegaron a prolongarse por tres horas. «Cada vez que prestaba declaración… le decía: ahora los insto a las partes, tanto a la querella como al fiscal, a que me hagan todas las preguntas que quieran en relación al caso», rememoró. Su estrategia era frontal: «Porque lo que quiero es despejar cualquier duda, para que no haya nada que no hayan investigado. No tengo absolutamente nada que esconder». Pese a su insistencia, notó que el fiscal, en múltiples ocasiones, «se llamó al silencio y no hacía ningún tipo de pregunta».
El conflicto estalló en la instancia de revisión, cuando la absolución llegó al escritorio del Tribunal de Casación. Allí es donde Álvarez ubica la maniobra fraudulenta de Arrigo. El ex policía denunció que el fiscal presentó un documento repleto de tergiversaciones sobre los hechos y dichos volcados en el juicio, logrando así que Casación anulara las absoluciones y ordenara redactar una nueva sentencia.
«Lo que no es derecho del fiscal, y lo que no puede hacer y es lo que yo denuncio, es mentir», sentenció Álvarez.
Falsedades expuestas y videos clave
El ex jefe policial no anduvo con rodeos al calificar la estrategia recursiva del funcionario: «Se presenta en Casación inventando una serie de elementos», aseguró, para luego rematar: «Directamente se presenta y miente, lisa y llanamente».
Para sostener esta grave acusación, la defensa elaboró un compendio audiovisual. Se trata de un video corto que empareja cinco testimonios clave del juicio oral con la versión que el fiscal Arrigo decidió contarle posteriormente a la Cámara de Casación, evidenciando las fuertes contradicciones.
El ejemplo más gráfico involucra a la alférez Noelia López y un peritaje sobre rastros de sangre en un calabozo. «Le preguntan si se limpia, si se sigue detectando muestras de sangre, y la alférez dijo que no, que han hecho pruebas de que aún con lavandina no puede lavarse, si hay sangre sigue dando positivo al reactivo», explicó Álvarez sobre lo dicho en el estrado. La maniobra, según la denuncia, ocurrió después: «El doctor Arrigo, cuando fue a Casación, dijo lo contrario: dijo que ella dijo que no, que si se limpiaba eso desaparecía. Dijo todo lo contrario».
Al analizar la debilidad de la acusación original, el comisario no dudó: «Tendría que haber presentado pruebas que demostraran mi culpabilidad, pero evidentemente nunca las iba a encontrar, ¿por qué? Porque el hecho que nos estaban imputando no había ocurrido».
La falta de evidencias, argumentó, era total: «No van a tener ni un registro de llamada contradictorio, ni algún tipo de confesión de alguno de nosotros, ni que quisiéramos entorpecer de alguna forma la investigación, porque el imputado un hecho el cual no cometimos».
A criterio de Álvarez, el funcionario forzó la marcha ignorando la contundencia de las pruebas exculpatorias: «Toda la prueba demuestra nuestra inocencia. Él pensó que igualmente tal vez no lo iba a perder al juicio, y finalmente lo perdió, pero por una cuestión pura y exclusivamente de justicia». Una de las omisiones más graves de la fiscalía fue ignorar un registro audiovisual clave: «Si vos decís que la policía mató a Franco Casco, ¿cómo me explicás la presencia de Franco Casco caminando en cámara de video en la vía pública después que se fue de la comisaria? No lo toca directamente».
El trauma familiar tras las rejas
El costo personal para Álvarez, padre de Agustín (22), Juana (15) y Catalina (12), fue devastador. Cumplió su extensa detención preventiva en el complejo penitenciario de Marcos Paz, alejado 400 kilómetros de su hogar, y atravesó allí el aislamiento total durante la pandemia.
«Cuando recuperé la libertad Catalina había vivido más tiempo sin su papá o viéndolo detrás de las rejas, que teniéndolo con ella en la casa», reflexionó sobre la cruda realidad de su hija menor. Las ausencias dejaron marcas imborrables: «No haber estado en el cumpleaños número 7, número 8 de mi hija, o no haber estado con mi hijo cuando iba a los cumpleaños de 15 de sus compañeras… es algo que no se recupera».
Impulsado por estas secuelas irreparables, decidió formalizar la denuncia contra Arrigo. «Consideramos que ha cometido delito, entre ellos la instigación al prevaricato, el incidir maliciosamente, porque lo que está haciendo es la deslealtad procesal», fundamentó, dejando en manos de la Procuración definir si la conducta encuadra en una simple falta disciplinaria o en un delito penal.
La batalla final en la Corte Suprema
Mientras el pedido de sanción contra el fiscal avanza por su propio carril en la Procuración, el destino procesal de los efectivos pende del máximo tribunal del país.
«Nosotros la absolución la estamos tramitando ya, la ratificación de la absolución ante la Corte Suprema de la Nación», explicó Álvarez, aguardando que se revoque la anulación dictada por Casación y quede firme el fallo absolutorio original.
A modo de reflexión final, el comisario retirado subrayó la importancia de exponer estos manejos judiciales ante la sociedad: «No nos olvidemos que el fiscal Arrigo no es otro que un empleado público, que tiene que dar cuenta de sus actos y de por qué hizo lo que hizo». Su advertencia final resuena como un llamado de alerta ciudadana: «En este caso me pasó a mí, mañana te puede pasar a vos, le puede pasar a cualquier otro, que le inventen una causa y que el fiscal mienta directamente para lograr una cuestión estadística de condenas».
Fuente: Noticias Argentinas
