El comisario retirado Diego José Álvarez denunció al fiscal Arrigo tras ser acusado por la muerte de Franco Casco.
La cúpula del Ministerio Público Fiscal enfrenta ahora un duro revés en los tribunales. Tras haber sido declarado inocente, el ex titular de la seccional séptima rosarina, Diego José Álvarez, decidió pasar a la ofensiva y exigió ante el procurador general de la Nación que se investigue el «mal desempeño» de Óscar Fernando Arrigo y Marcelo De Giovani durante la conflictiva instrucción que investigó una trágica muerte ocurrida en octubre de 2014.
A través de sus representantes legales, Rodrigo Mazzuchini y Antonela Travesaro, el oficial retirado formalizó un pedido de sumario administrativo. El objetivo de la presentación trasciende lo estrictamente disciplinario, ya que exige evaluar si el accionar de los funcionarios constituyó la comisión de delitos penales a lo largo del prolongado expediente (identificado como Legajo FRO 22074/2014/TO2).
La cronología del drama comenzó cuando un joven fue demorado por resistencia a la autoridad y liberado esa misma noche, para luego aparecer sin vida en el río Paraná semanas después. Este proceso derivó en un exhaustivo debate oral que concluyó en julio de 2023 con la inocencia dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 2 a favor de 19 efectivos y un civil. Dicho dictamen, no obstante, fue anulado recientemente por la Cámara Federal de Casación Penal tras la insistencia de las partes acusadoras.
Frente a esta anulación, Álvarez sostiene que la estrategia de los fiscales estuvo manipulada desde su concepción. Acusa directamente al ministerio público de esconder evidencias exculpatorias y de sostener premisas que chocan de lleno con las verdades fácticas comprobadas en las audiencias.
El choque de las pericias forenses
La evidencia científica se erige como la piedra angular de esta nueva denuncia. El documento subraya que el cuerpo fue analizado mediante cuatro autopsias diferentes, y ninguna de ellas halló rastros traumáticos, apuntando todas hacia un diagnóstico de asfixia mecánica por sumersión.
El legista Raúl Rodríguez fue contundente al descartar presuntos tormentos «porque no tengo los elementos objetivos», postura que fue respaldada por la histopatóloga Adriana D’Addario, quien identificó marcadores de inmersión en los tejidos pulmonares. La polémica radica en que Arrigo basó su apelación casi íntegramente en la visión de Virginia Creimer, perito de la querella, ignorando deliberadamente al resto de los forenses. El texto judicial recalca que la propia especialista admitió en su declaración que únicamente «hablaba de generalidades» sobre las supuestas marcas de tortura, sin haberlas constatado de forma directa.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Mazzuchini reafirmó la postura técnica de la defensa: «Franco Casco murió ahogado en la costa, en la ribera de Rosario, murió en el río Paraná». Destacó además que fue la experta oficial de la Corte Suprema quien «encontró signos de ahogamiento».
El letrado argumentó que los diversos equipos médicos «descartaron la muerte violenta» y, a pesar de no poder culminar un estudio específico de diatomeas, el cuadro «se acerca muchísimo a una muerte por ahogamiento». Bajo esta lógica, sentenció que en la carpeta judicial «no hay ninguna prueba objetiva que hable de una muerte violenta».
Testigos cuestionados y maniobras de encubrimiento
El manejo de los testimonios es otra de las graves irregularidades señaladas en la presentación. De las 33 personas que brindaron testimonio bajo juramento, 17 favorecieron la posición de los uniformados. Sin embargo, la acusación armó su andamiaje basándose casi exclusivamente en la palabra de Pablo Arguello, un hombre privado de su libertad, «invisibilizando» al resto de los declarantes.
Las afirmaciones de Arguello presentan fisuras geográficas, según detalla la defensa. Los registros del Libro Memorándum de Guardia demuestran que este individuo estaba alojado en un sector completamente distinto, bloqueado por paredes que impedían cualquier ángulo de visión hacia la zona en cuestión. Además, la credibilidad del testigo quedó en jaque cuando, al ser interrogado sobre si recibió favores a cambio de testificar, soltó una frase reveladora: «No me prometieron, me cumplieron».
A esto se suman las constantes mutaciones temporales impuestas por los fiscales. La acusación afirmó primero que el arresto sucedió a las 21.32 del 6 de octubre; luego, en el alegato, expandió la franja horaria sin fijar el lugar; y finalmente, ante Casación, introdujo una tercera vía basada en modulaciones radiales. Álvarez considera que estas «tres versiones incompatibles entre sí» demuestran la total orfandad de pruebas.
«Es la primera vez que veo un fiscal tan embanderado en una causa, pero tan embanderado al límite de deslizar mentiras como hizo en un escrito jurídico firmado», fustigó Mazzuchini, asegurando que documentaron estas falacias ante la Procuración: «Contrastamos sus dichos con los vídeos del juicio, donde los testigos no dicen lo que él transcribe y le muestra a la Cámara de Casación Penal», un hecho que consideró «incontrovertible». A su vez, recriminan el uso acomodaticio de los libros de guardia por parte de la fiscalía.
La denuncia también destapa la retención de pruebas audiovisuales cruciales que ubicaban al joven caminando libremente por la vía pública horas después de abandonar el calabozo. Estas grabaciones, avaladas por peritajes, estuvieron retenidas en la Fiscalía Federal Nº 1 hasta fines de 2021. Toda esta trama de ocultamientos e irregularidades ha sido expuesta de forma directa por los propios familiares de los acusados en un contundente video documental que detalla el desgaste de la causa. Asimismo, se esfumaron temporalmente informes para mejorar imágenes de seguridad y un clave peritaje odontológico universitario.
El estancamiento judicial
Actualmente, la causa se encuentra paralizada tras el revés de Casación. Mazzuchini aseveró: «Sabemos que la Corte de Casación fue engañada por el doctor Arrigo, me animo a decirlo con total tranquilidad porque conozco la causa desde sus primeros inicios». El abogado auguró que ningún juez de primera instancia asumirá el riesgo de avalar un proceso viciado, imaginando que le responderán a los tribunales superiores: «si usted considera que aquí hay un delito, fírmelo usted, pero no me mande a mí a hacer un trabajo sucio».
Finalmente, ratificó la desconexión total de su cliente con el crimen: «Desde el punto de vista de la prueba objetiva médica, fílmica, desde el punto de vista de las antenas telefónicas queda clarísimo que mi defendido Diego José Álvarez no tuvo ninguna relación con el hecho».
Por su parte, el comisario apuntó contra el fiscal de forma directa: «Arrigo logró que el Tribunal de Casación anule, en principio, una resolución absolutoria mintiendo sobre la prueba. Es decir, indujo a estos jueces a dictar una resolución contraria a la prueba fáctica rendida en juicio. Y lo hizo a sabiendas, no por desconocimiento o error».
El escrito exige que se investigue por qué se ignoró la validación del procedimiento firmada por el entonces fiscal Álvaro Campos, al tiempo que repudia las acusaciones de la fiscalía sobre supuesto «hacinamiento» y «prácticas policiales violentas», negando cualquier antecedente de brutalidad en la comisaría.
Acompañada de videos, notas de prensa y planos, la defensa exige sancionar a los fiscales e investigar los delitos previstos en los artículos 292 y 271 del Código Penal. Esta ofensiva se acopla a demandas previas por falso testimonio e injurias impulsadas por los mismos abogados, mientras la validez de las absoluciones espera su desenlace final en la Corte Suprema.
Fuente: Noticias Argentinas
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