El sistema institucional argentino atraviesa una peligrosa deriva en la que la indulgencia de los tribunales frente a los escándalos del poder político convive con el hostigamiento directo contra la prensa independiente y el uso desproporcionado de la fuerza policial contra la ciudadanía. Los acontecimientos registrados en los últimos días en Buenos Aires exponen con crudeza esta asimetría. Apenas unas horas después de conocerse el sobreseimiento judicial en la controvertida causa por el escándalo financiero de la criptomoneda $LIBRA, el presidente Javier Milei encabezó una cena ante empresarios y funcionarios en la Fundación Faro donde lanzó expresiones que vulneran los principios más elementales de la convivencia democrática. Envalentonado por el blindaje de los tribunales, el mandatario arremetió contra los comunicadores y legisladores que impulsaron las investigaciones sobre el caso y llegó a hablar públicamente de «quemar en la hoguera» a los periodistas.
Resulta profundamente revelador que semejante deseo de persecución haya sido pronunciado ante el silencio cómplice de los ejecutivos empresariales y dirigentes oficialistas presentes en el salón, sectores que parecen ampararse en una suerte de impunidad garantizada mientras se degrada el debate público. Cuando el Poder Judicial actúa con llamativa velocidad para cerrar expedientes que rozan a las altas esferas del Gobierno sin agotar el esclarecimiento de la verdad material, genera las condiciones para que el Poder Ejecutivo se sienta habilitado a perseguir y estigmatizar a quienes ejercen el control republicano. En lugar de ofrecer explicaciones transparentes sobre las maniobras financieras en torno al activo $LIBRA, la respuesta estatal consistió en señalar con nombre y apellido a cinco periodistas y a diputados nacionales, transformando la investidura presidencial en un instrumento de intimidación.
Fractura en el oficialismo y alerta democrática: «Cruzó un límite»
La gravedad de las expresiones presidenciales alcanzó tal magnitud que provocó una fisura inmediata dentro de las propias filas del oficialismo. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, tomó distancia públicamente de los dichos del jefe de Estado y advirtió sin rodeos que el Presidente «cruzó un límite» al referirse a quemar periodistas en la hoguera, reivindicando la vigencia irrestricta de la libertad de expresión. El hecho de que una de las principales referentes políticas del propio espacio gobernante se haya visto obligada a marcar un freno público refleja el nivel de desborde institucional que generan los ataques sistemáticos contra el periodismo crítico.
El repudio se extendió rápidamente a través de los principales partidos de la oposición parlamentaria. El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) emitió un duro pronunciamiento advirtiendo sobre la gravedad institucional de los insultos dirigidos por el mandatario contra periodistas y legisladores vinculados al esclarecimiento del caso $LIBRA, exigiendo el cese inmediato de las agresiones desde el Estado. En la misma línea, el Frente Renovador, presidido por Diego Giuliano, condenó las declaraciones presidenciales y manifestó su solidaridad con los cinco profesionales de prensa atacados, recordando que «la hoguera es un símbolo histórico de la intolerancia y la persecución». A estas voces políticas se sumaron referentes de la cultura nacional como Fito Páez, quien advirtió desde España que el país asiste a una «parodia de la democracia» dominada por el absolutismo financiero y la intolerancia oficial.
Sin embargo, el deterioro de las garantías democráticas no se agota en la violencia verbal emanada de los discursos oficiales. Ese clima de hostilidad e intolerancia funciona como una señal directa hacia las fuerzas de seguridad y los operadores judiciales, que descargan todo el peso del aparato punitivo sobre trabajadores, manifestantes y ciudadanos comunes mientras los delitos del poder quedan impunes.
Detenciones gremiales en el Subte y allanamientos desproporcionados frente al crimen real
La contracara callejera de esta matriz autoritaria quedó en evidencia con el reciente conflicto que paralizó por completo la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante un reclamo gremial, la respuesta de las autoridades consistió en ordenar la detención policial de tres delegados sindicales de los trabajadores del subte (metrodelegados). La utilización del arresto policial como método para disciplinar la protesta laboral desató una crisis inmediata: en rechazo a la detención arbitraria de sus representantes, los trabajadores iniciaron un paro sorpresivo que interrumpió durante más de cinco horas el servicio de las líneas A, B, C, D, E, H y el Premetro, afectando a cientos de miles de usuarios hasta que la liberación de los tres delegados permitió retomar el funcionamiento normal de la red.
En paralelo a la criminalización de la protesta sindical, las fuerzas policiales porteñas exhiben operativos espectaculares que contrastan con su ineficacia frente al crimen organizado. En el barrio de Parque Chacabuco, efectivos de la Policía de la Ciudad irrumpieron en una vivienda particular con una orden judicial para buscar armas de fuego; al no hallar armamento alguno, el procedimiento terminó procesando al morador por poseer plantas de cannabis en un invernadero doméstico, pese a que el ciudadano contaba con autorización médica oficial del registro REPROCANN, bajo el argumento de que superaba el cupo permitido de ocho ejemplares. Mientras los recursos policiales y judiciales se destinan a perseguir trabajadores gremiales o pacientes registrados que exceden una cuota administrativa, las bandas narco operan con total impunidad en el área metropolitana, como lo demostró el sangriento enfrentamiento armado registrado entre los nudos 3 y 6 del complejo habitacional «Fuerte Apache», donde una balacera dejó un saldo de dos muertos —uno de ellos de apenas diecisiete años— y cuatro heridos graves.
La radiografía de estos hechos desnuda una profunda distorsión del Estado de derecho en la Argentina actual. Cuando los tribunales consagran el sobreseimiento veloz en escándalos financieros como el caso $LIBRA, el Poder Ejecutivo amenaza con la hoguera al periodismo que investiga y el aparato policial se emplea para encarcelar delegados sindicales sin resolver la violencia criminal que desangra a los barrios, la justicia deja de ser un equilibrio republicano para convertirse en un escudo de los poderosos y un garrote contra la sociedad civil.
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