Efectivos policiales y ambulancias secuestradas durante el megaoperativo desplegado en el conurbano bonaerense.
Una exhaustiva investigación judicial y policial que se extendió durante más de nueve meses culminó con la desarticulación de una compleja organización delictiva que operaba una red clandestina de atención médica domiciliaria y traslados en ambulancia con base operativa en el partido bonaerense de Florencio Varela. El despliegue simultáneo de treinta y siete allanamientos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal permitió concretar la detención de nueve presuntos integrantes clave de la banda y la aprehensión de otras veinte personas, además del secuestro de una flota de vehículos sanitarios apócrifos, decenas de sellos profesionales adulterados y documentación que expone un millonario esquema de defraudación contra obras sociales y organismos públicos como el PAMI y el IOMA.
La pesquisa, que se inició en enero de 2026 bajo la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 1 descentralizada de Florencio Varela, a cargo del fiscal Darío Provisionato, y con la intervención del juez de garantías Marcelo Villagra, titular del Juzgado de Garantías número 8 del mismo distrito, puso al descubierto una trama que combinaba la estafa económica a gran escala con un altísimo riesgo para la vida y la salud de cientos de pacientes vulnerables. De acuerdo con los elementos reunidos en el expediente, la estructura funcionaba bajo la fachada de empresas prestatarias de servicios de emergencias y medicina domiciliaria, pero en la práctica enviaba a los hogares de jubilados y pacientes crónicos a personas que carecían de cualquier título universitario o habilitación sanitaria para ejercer la profesión médica.
Ambulancias truchas, ropa del SAME y usurpación de matrículas profesionales
El nivel de logística y simulación montado por la banda criminal sorprendió a los propios investigadores policiales que encabezaron los procedimientos en Florencio Varela, Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, Berazategui, La Plata y distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para construir una apariencia de absoluta legalidad frente a las familias de los pacientes y ante los controles viales, la organización disponía de su propia flota de unidades de traslado ploteadas y equipadas exteriormente como vehículos de emergencia oficiales, llegando incluso a vestir a sus falsos operadores con indumentaria que llevaba las inscripciones del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de la provincia de Buenos Aires.
El engranaje principal de la maniobra delictiva se apoyaba en lo que el Código Penal tipifica como ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre y usurpación de títulos y honores. Según reconstruyó la fiscalía, la red reclutaba a individuos sin formación médica —o con conocimientos mínimos de enfermería auxiliar sin matrícula vigente— y los proveía de sellos profesionales falsificados o pertenecientes a médicos reales cuyas identidades o matrículas habían sido usurpadas o cedidas de manera irregular. Con esos sellos e identidades prestadas, los falsos facultativos ingresaban a los domicilios particulares, revisaban a pacientes de edad avanzada o con patologías complejas, prescribían medicamentos controlados, firmaban certificados médicos y ordenaban traslados hacia hospitales zonales y clínicas especializadas sin ningún respaldo científico ni supervisión profesional genuina.
Sellos médicos apócrifos, recetarios del PAMI, teléfonos celulares e instrumental sanitario incautados en los allanamientos.
El volumen del material secuestrado durante las treinta y siete irrupciones simultáneas refleja la escala industrial con la que operaba esta estructura clandestina en el área metropolitana. Los efectivos policiales incautaron siete ambulancias utilizadas para los traslados irregulares, varias motocicletas, autopartes, dos computadoras de escritorio y cincuenta y siete teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes informáticos para reconstruir la cadena de mandos y las comunicaciones entre los captadores, los choferes y los administradores de la red. En el plano estrictamente documental y sanitario, los agentes hallaron veintidós sellos médicos individuales, sesenta y cinco sellos correspondientes a distintas instituciones y clínicas médicas, un sello de contadora pública, instrumental sanitario y obstétrico, y numerosos talonarios con formularios y recetarios oficiales, entre los cuales se destacaba un talonario de recetas perteneciente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
Sociedades pantalla y defraudación millonaria contra el PAMI y el IOMA
Más allá del peligro inminente al que eran sometidos los pacientes atendidos por falsos profesionales en situaciones de urgencia, la investigación conducida por el fiscal Provisionato apunta al corazón financiero de la organización: el desvío sistemático de fondos públicos y de la seguridad social. Las pruebas recolectadas indican que la banda no solo lucraba mediante la captación engañosa de pacientes particulares, sino que había logrado infiltrarse en el circuito de prestaciones tercerizadas de obras sociales estatales de alcance masivo, principalmente el PAMI a nivel nacional y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires.
Para lograr el cobro de estas prestaciones irregulares e incorporar el dinero ilícito al circuito comercial formal, la organización habría apelado a una compleja ingeniería contable y societaria. Los investigadores detectaron la utilización de sociedades pantalla y empresas fantasma mediante las cuales el grupo conseguía contratos de intermediación o subcontratación para brindar servicios de internación domiciliaria, consultas médicas a domicilio y traslados en ambulancia. Posteriormente, la estructura presentaba ante las obras sociales facturaciones infladas o directamente apócrifas: cobraban por visitas médicas que jamás se habían realizado o que habían sido ejecutadas por personas sin título habilitante, respaldando los expedientes de cobro con las firmas y los veintidós sellos médicos secuestrados en los operativos, mientras blanqueaban los ingresos a través de contratos simulados y balances contables adulterados con la participación de profesionales contables cómplices.
Asimismo, una línea específica de la pesquisa judicial busca determinar si existieron complicidades o negligencias deliberadas en la tramitación de habilitaciones fraudulentas ante los organismos municipales y provinciales encargados de fiscalizar el funcionamiento de las empresas de medicina domiciliaria y el registro de las unidades de traslado sanitario. La presencia de sesenta y cinco sellos de diversas instituciones médicas en poder de la banda sugiere que los implicados falsificaban cadenas enteras de derivaciones clínicas, epicrisis y conformidades hospitalarias para justificar ante las auditorías del PAMI y del IOMA el movimiento constante de las siete ambulancias incautadas.
Con nueve detenidos bajo prisión preventiva y veinte aprehendidos cuya situación procesal se define por estas horas, la causa —caratulada formalmente como asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre y usurpación de títulos y honores, en concurso con defraudación a la administración pública— entra ahora en una etapa decisiva. El peritaje de los cincuenta y siete teléfonos móviles y de los libros contables secuestrados en la base de Florencio Varela será determinante para precisar el monto total del perjuicio económico ocasionado a las arcas de las obras sociales estatales e identificar a todos los eslabones de una mafia sanitaria que lucró durante meses con la enfermedad y la vulnerabilidad de miles de familias bonaerenses.
