El abogado Gregorio Dalbón al ampliar la denuncia penal por presuntas irregularidades en el manejo de las reservas de oro.
Los tribunales federales de Comodoro Py volvieron a exhibir esta semana el delicado equilibrio político y judicial sobre el que camina la conducción económica del gobierno de Javier Milei. En un lapso de apenas cuarenta y ocho horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó dos movimientos de signo opuesto en los despachos penales de Retiro: mientras la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó un alivio definitivo al dejar firme el archivo de la histórica causa que investigaba el préstamo de 57.100 millones de dólares contraído con el Fondo Monetario Internacional en 2018, el fiscal federal Gerardo Pollicita activó un nuevo y espinoso expediente al solicitar medidas de prueba ante el juez Ariel Lijo para investigar a Caputo y al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, por presuntas pérdidas multimillonarias en operaciones especulativas con las reservas de oro del país.
El contraste entre ambos expedientes ilumina los tiempos y los criterios con los que la justicia federal procesa las grandes decisiones financieras del Estado. Por un lado, se cierra sin reproches penales una investigación que demoró más de cinco años en analizar el endeudamiento más grande de la historia contemporánea argentina; por el otro, se abre una pesquisa urgente impulsada por un lapidario informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que detectó un quebranto patrimonial superior a los mil millones de dólares derivado del manejo opaco de los lingotes de oro pertenecientes al tesoro público.
Más de mil millones de dólares en pérdidas y el pedido de informes sobre las reservas de oro
El nuevo frente judicial que inquieta al Palacio de Hacienda y a la cúpula del Banco Central cobró impulso formal este miércoles, cuando el fiscal Gerardo Pollicita requirió al titular del Juzgado Federal número 12, Ariel Lijo, la ejecución de dos medidas de prueba preventivas e indispensables para determinar si avanza la imputación penal contra Luis Caputo, Santiago Bausili y los integrantes del directorio de la autoridad monetaria, entre ellos Juan Curutchet. La intervención del Ministerio Público Fiscal se produjo inmediatamente después de que el abogado Gregorio Dalbón ampliara su denuncia penal por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, llegando a solicitar el allanamiento del Banco Central y la detención de los funcionarios involucrados.
El núcleo de la denuncia se apoya en las conclusiones técnicas elaboradas por la Auditoría General de la Nación al examinar los estados contables del BCRA correspondientes al ejercicio 2025. De acuerdo con el organismo de control parlamentario, la entidad presidida por Bausili registró pérdidas por aproximadamente 1,5 billones de pesos —una cifra equivalente a 1.023 millones de dólares— como resultado de operaciones financieras concertadas bajo la denominación de contratos «con fines de cobertura». Según el dictamen de los auditores oficiales, lejos de resguardar el valor del patrimonio público, la conducción del Banco Central habría ejecutado movimientos de alto riesgo especulando con una determinada trayectoria futura en la cotización internacional del oro que terminó resultando adversa para las arcas argentinas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, investigados por las operaciones con el oro.
La ampliación de la denuncia presentada esta semana en los tribunales federales incorporó un elemento internacional de alto impacto: señaló la presunta participación del banco de inversión Deutsche Bank como contraparte o intermediario en la estructuración de las operaciones financieras con el oro que generaron el quebranto de 1.023 millones de dólares. Ante la gravedad de las cifras expuestas, el fiscal Pollicita solicitó al juez Lijo que ordene a la Auditoría General de la Nación la remisión inmediata de una copia íntegra y certificada del informe de auditoría sobre el balance del BCRA, incluidos todos sus anexos reservados y las observaciones sobre las limitaciones al acceso a la información que sufrieron los inspectores durante su labor. Asimismo, la fiscalía exigió que el propio Banco Central explique de manera detallada cuál fue el marco normativo interno bajo el cual se autorizó la salida y el uso de las reservas de oro en derivados financieros sin pasar por el control del Congreso Nacional.
Cinco años de trámite para archivar la megacausa por el préstamo del FMI de 2018
Mientras la investigación por el oro da sus primeros pasos en el juzgado de Lijo, la máxima instancia penal federal del país le puso el candado definitivo a otro expediente que mantuvo en vilo a Luis Caputo y al expresidente Mauricio Macri desde el final de la gestión de Cambiemos. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo de la causa en la que se investigaba si la negociación, contratación y posterior utilización del acuerdo stand-by firmado con el Fondo Monetario Internacional en 2018 por 57.100 millones de dólares había configurado los delitos de administración fraudulenta contra el Estado, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público.
La investigación, que involucraba también al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, al extitular del Banco Central Guido Sandleris y a los exmiembros del Comité de Política Monetaria, buscaba esclarecer dos puntos críticos: si el Poder Ejecutivo había violado los procedimientos legales de endeudamiento público al eludir la autorización del Parlamento y las opiniones técnicas previas, y si los desembolsos récord del organismo multilateral habían sido utilizados deliberadamente para financiar la salida de capitales y la fuga de divisas en beneficio de sectores especulativos antes de las elecciones presidenciales de 2019.
El camino hacia el cierre definitivo del expediente se aceleró en febrero de 2026, cuando la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo del Juzgado Federal número 5, dispuso archivar las actuaciones por considerar que las pruebas recolectadas durante un lustro no permitían acreditar la comisión de ningún delito penal. Ese fallo fue ratificado posteriormente por la Sala I de la Cámara Federal porteña con los votos de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Aunque el fiscal ante la Cámara, José Luis Agüero Iturbe, había apelado el cierre reclamando medidas adicionales para reconstruir la trazabilidad exacta de los dólares desembolsados por el FMI, la causa encontró su punto final al llegar a Casación: el fiscal ante esa instancia superior, Raúl Pleé, desistió formalmente de sostener el recurso acusatorio.
En su dictamen, Pleé argumentó que tras más de cinco años de instrucción no se había logrado fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta y que los cuestionamientos planteados giraban en torno a decisiones de política económica no judiciables en el fuero penal. Sin impulso fiscal y tras el rechazo de una presentación intentada por el ciudadano Antonio Conrado De Martino —quien no revestía carácter de querellante—, Casación selló la impunidad definitiva del endeudamiento de 2018. Sin embargo, para el ministro Luis Caputo, el alivio judicial por las decisiones del pasado coincide exactamente con el inicio de un nuevo interrogatorio en los tribunales sobre el destino y las pérdidas multimillonarias sufridas por las reservas de oro de todos los argentinos.
