El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo enfrentan una denuncia penal por desvío de fondos.
La disputa política y presupuestaria entre el Gobierno nacional y las provincias por la parálisis de la obra pública escaló este miércoles hacia el terreno penal con una grave acusación por el manejo discrecional de recursos con afectación específica. Con el respaldo directo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, presentó una denuncia penal en los tribunales federales contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, acusándolos de haber desviado más de 300.000 millones de pesos pertenecientes al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica para colocarlos en instrumentos de deuda del Tesoro nacional mientras decenas de obras contra inundaciones permanecen paralizadas en todo el país.
De acuerdo con el escrito judicial difundido por la agencia Noticias Argentinas, la presentación imputa al primer mandatario y al titular del Palacio de Hacienda la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, retardo injustificado de pagos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El planteo judicial pone bajo la lupa uno de los pilares del superávit fiscal pregonado por la Casa Rosada: la recaudación continua de impuestos específicos que el Estado nacional sigue cobrando religiosamente a los consumidores cada vez que cargan combustible, pero cuyos fondos son retenidos o redireccionados hacia el mercado financiero en lugar de financiar las obras de saneamiento y prevención de catástrofes hídricas fijadas por ley.
La radiografía de los números: 85 por ciento en bonos del Tesoro y apenas 30 por ciento en obras
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, impulsó la denuncia penal contra el Ejecutivo nacional
El sustento contable de la denuncia penal presentada por la administración bonaerense desnuda una brecha monumental entre la recaudación impositiva del fideicomiso y su ejecución real en el territorio. Según los registros oficiales incorporados a la presentación, entre enero de 2024 y mayo de 2026 el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica recaudó un total de 375.422,13 millones de pesos a través de los tributos aplicados sobre los combustibles líquidos. Sin embargo, durante todo ese período de casi dos años y medio de gestión libertaria, el organismo apenas destinó al pago efectivo de obras hídricas la suma de 115.990,24 millones de pesos, lo que representa un magro 30,9 por ciento del dinero ingresado.
Como resultado de este freno deliberado en los desembolsos, quedaron sin aplicar a su finalidad legal 259.431,89 millones de pesos, equivalentes al 69,1 por ciento de los recursos aportados por los contribuyentes. Lo que transforma esta subejecución presupuestaria en un presunto delito penal de malversación es el destino que el Ministerio de Economía le otorgó a esa masa multimillonaria de dinero inmovilizado. La normativa que rige el Fondo Hídrico establece de manera taxativa que sus recursos poseen un destino «único e irrevocable» —la ejecución de obras de control de inundaciones, desagües pluviales y saneamiento de cuencas— y dispone que los excedentes transitorios de liquidez solo pueden ser invertidos en depósitos a plazo fijo dentro de bancos oficiales nacionales para preservar su disponibilidad inmediata como reserva de obra.
En abierta contradicción con ese mandato legal, los informes técnicos citados en la denuncia revelan que el 85,49 por ciento de las disponibilidades del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica fue colocado en letras y títulos de deuda del propio Tesoro nacional. En términos prácticos, la acusación sostiene que Luis Caputo utilizó el dinero recaudado para evitar inundaciones como una fuente de financiamiento cautiva para cubrir las necesidades financieras del Tesoro, vaciando de liquidez real al fideicomiso y desvirtuando el propósito para el cual el Congreso creó el tributo. Tal como sintetizó Katopodis al formalizar la presentación, ningún objetivo de política fiscal ni ninguna meta macroeconómica autoriza al Poder Ejecutivo a apropiarse de fondos con afectación específica para destinarlos a un fin distinto del que les asignó la ley.
Obras abandonadas en plena emergencia por el fenómeno de El Niño
Las consecuencias de esta ingeniería financiera sobre el territorio bonaerense y el resto del litoral argentino adquieren una gravedad adicional frente al escenario climático actual. Mientras cientos de miles de millones de pesos del fondo hídrico permanecen inmovilizados en papeles de deuda pública, numerosas ciudades del país enfrentan el impacto directo del fenómeno meteorológico de El Niño, con lluvias extremas, crecidas de ríos y anegamientos que ponen en jaque a barrios enteros carentes de infraestructura de drenaje adecuada.
El relevamiento aportado por el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires ante la justicia federal detalla que, sobre un total de veintisiete obras hídricas estratégicas comprometidas por el Estado nacional en territorio bonaerense, diecisiete proyectos se encuentran actualmente neutralizados o con sus convenios directamente rescindidos por falta de envío de fondos nacionales. Varias de estas obras de canalización, estaciones de bombeo y defensas costeras fueron interrumpidas cuando ya presentaban un grado de avance físico sumamente elevado, lo que no solo deja desprotegidas a millones de familias frente a las tormentas, sino que provoca un grave deterioro sobre las estructuras inconclusas, multiplicando el costo futuro de su reactivación para el erario público.
Al anunciar la radicación de la denuncia en los tribunales, Katopodis lanzó una dura crítica política contra el rumbo económico de la administración de Javier Milei, señalando que el Gobierno nacional les cobró el impuesto a todos los ciudadanos, utilizó esos recursos en la especulación financiera y dejó a los municipios sin las obras indispensables para proteger la vida y el patrimonio de los vecinos. Como parte de las medidas cautelares y probatorias urgentes, la provincia de Buenos Aires solicitó al juzgado federal interviniente que ordene el secuestro y la preservación inmediata de toda la documentación administrativa vinculada al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, incluyendo las actas de su comité directivo, las órdenes e instrucciones impartidas por el Ministerio de Economía al banco fiduciario para suscribir deuda del Tesoro y la totalidad de los expedientes administrativos mediante los cuales se dispuso la neutralización o rescisión de las obras hídricas en el país.
