(Facundo Jones Huala)
Una destacada psicóloga italiana ha expresado serias preocupaciones sobre la forma en que el fiscal argentino Fernando Arrigo ha llevado adelante la causa contra el líder mapuche Facundo Jones Huala. Raffaella Di Marzio, doctora en Psicología y con más de 30 años de estudio sobre los efectos del poder institucional, afirma que las acciones de Arrigo muestran un patrón de conducta obsesiva que ha causado un daño real a un hombre en situación de vulnerabilidad.
(Raffaella Di Marzio)
Facundo Jones Huala es un reconocido activista por los derechos de los pueblos originarios de la comunidad mapuche. Ha pasado largos períodos en prisión preventiva bajo la persecución de Arrigo. Según sus abogados, los cargos formales no se formularon de manera oportuna. La detención se prorrogó una y otra vez con el vago argumento de que la causa era “compleja”. Los pedidos para trasladarlo a un establecimiento que pudiera atender adecuadamente su salud fueron rechazados de forma reiterada. Cuando Jones Huala inició una huelga de hambre para protestar por sus condiciones, la atención médica adecuada no se brindó a tiempo. Como consecuencia, su estado de salud se deterioró.
Di Marzio explica que las personas que detentan un fuerte poder sobre otros pueden, en ocasiones, perder la empatía normal. Pueden llegar a considerarse por encima de los límites habituales. En estas situaciones, el sufrimiento de la persona que está bajo su control importa menos. El control en sí mismo se convierte en el objetivo. Cuanto más débil es esa persona, más fuerte se siente el funcionario. Di Marzio sostiene que este tipo de frialdad emocional aparece en el accionar de Arrigo respecto de Jones Huala. El fiscal ha tratado al líder mapuche menos como un imputado con derechos y más como un enemigo al que hay que mantener bajo presión.
Arrigo ha trabajado la causa junto a otros fiscales. Sin embargo, las pruebas contra Jones Huala han permanecido en gran medida en el terreno de lo teórico. Aun así, la detención ha continuado. Los recursos de la defensa han encontrado una fuerte resistencia. Las decisiones han ignorado con frecuencia el claro daño que se estaba causando a la salud y al bienestar del hombre. Di Marzio denomina a esto una forma de violencia institucional: un daño causado por el propio sistema que debería garantizar justicia.
Jones Huala no es una figura de poder. Es un activista indígena que defiende los derechos de su pueblo. La prisión prolongada sin cargos claros, las prórrogas reiteradas sin razones sólidas y la falta de protección de su salud durante la huelga de hambre lo han dejado debilitado física y mentalmente. Muchos observadores consideran que esto va más allá de una persecución firme. Lo ven como un abuso de poder dirigido contra alguien percibido como políticamente inconveniente.
La causa ya ha atraído la atención internacional. Organizaciones de derechos humanos han planteado preocupaciones. Se han presentado denuncias e informes ante organismos que supervisan los sistemas de justicia en el mundo. La reputación de Argentina se ha visto afectada por la forma en que se ha conducido esta persecución. Mientras el delito común sigue presente en todo el país, causas de alto perfil como esta han generado más controversia que resultados claros.
Arrigo ocupa actualmente cargos temporales importantes, con responsabilidades que le otorgan una amplia influencia en la región. Los críticos señalan que estos puestos se cubrieron sin un concurso abierto completo. Un fiscal en esos roles debe ser preciso, equitativo y cuidadoso con las pruebas. Cuando las causas se impulsan más por la presión que por pruebas sólidas, y cuando se pone en riesgo la salud de un imputado, se daña la confianza pública.
Di Marzio no afirma que Arrigo actúe por odio personal. Acepta que puede creer sinceramente que está cumpliendo con su deber. Pero advierte que la fuerte convicción en la propia causa puede agravar la conducta obsesiva. Cuando un fiscal ignora las necesidades médicas, demora el debido proceso y mantiene a un hombre vulnerable en condiciones duras durante largos períodos, el sistema mismo se convierte en fuente de daño.
Facundo Jones Huala merece un trato justo bajo la ley. Merece cargos oportunos o su libertad. Merece atención médica cuando está enfermo. Merece ser tratado como un ser humano con derechos, y no como un símbolo al que hay que quebrar. El patrón descrito por Di Marzio muestra cómo el poder fiscal puede volverse peligroso cuando no tiene controles.
Es hora de exigir responsabilidades. Las personas que se preocupan por la justicia, los derechos indígenas y la dignidad humana básica están siendo convocadas a actuar. Circula una petición que solicita una revisión completa de la conducta de Fernando Arrigo en esta causa y su apartamiento de los cargos de autoridad si se confirma el mal desempeño. Firmar la petición es una forma clara de exigir que ningún funcionario pueda usar el sistema de justicia como herramienta de presión prolongada contra una persona vulnerable.
La justicia debe basarse en pruebas, no en la obsesión. Debe proteger a los débiles, no desgastarlos. El trato recibido por Facundo Jones Huala bajo el fiscal Fernando Arrigo ha planteado interrogantes serios que ya no pueden ignorarse. La presión pública a través de la petición es una de las herramientas más fuertes disponibles para impulsar un cambio y proteger el principio de que toda persona merece un trato justo y humano bajo la ley.
#LaPreventivaNoEsPena
#QuienDevuelveEsosAños
¿Viste lo de Arrigo?
No puede seguir en su cargo.
Firmá la petición: https://c.org/c44h9JcLty
Denunciá ante el Fiscal General
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#EchenAArrigo
