(Imagen: Luis Robayo/AFP)
BUENOS AIRES — Miles de manifestantes coparon las calles alrededor del Congreso de la Nación a principios de agosto de 2026, obligando al gobierno del presidente Javier Milei a quitar las partes más polémicas de un importante proyecto de reforma de la propiedad. Las escenas de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma marcaron una de las reacciones populares más fuertes contra la administración libertaria hasta ahora.
El proyecto, llamado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, buscaba reforzar los derechos de la propiedad privada. Apuntaba a acelerar los desalojos de inquilinos que se atrasan con el alquiler, dificultar que el Estado expropie tierras para uso público y cambiar las reglas sobre tierras rurales. Un punto clave hubiera aumentado o eliminado los límites a la cantidad de tierras rurales que pueden comprar los extranjeros. Otro hubiera permitido desarrollar más fácilmente tierras afectadas por incendios forestales. Sus defensores decían que los cambios atraerían inversiones y protegerían a los propietarios. Sus críticos lo calificaron como una amenaza a la soberanía nacional, a las tierras indígenas y al medio ambiente.
El 6 y 7 de agosto, los senadores debatieron el proyecto mientras una multitud se concentraba afuera. Sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones ambientalistas y ciudadanos marcharon bajo la consigna “La Patria no se vende”. Celebridades se sumaron al rechazo. La cantante Tini Stoessel publicó una foto de montañas argentinas con esa misma frase, que llegó a millones de seguidores y avivó aún más la protesta.
Lo que había empezado como una manifestación mayormente pacífica se tensó a la tarde. La policía formó cordones alrededor del Congreso. Algunos manifestantes empujaron las vallas y arrojaron piedras. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma. Al menos entre 10 y 26 personas fueron detenidas, según distintos reportes. Varios manifestantes y efectivos policiales resultaron heridos. Un fotógrafo sufrió una herida en la cabeza. Los enfrentamientos duraron varias horas y dejaron la zona de la Avenida de Mayo llena de humo y con el pavimento roto.
Dentro del Senado, la presión política era evidente. El oficialismo, liderado por La Libertad Avanza, no tenía los votos suficientes para la versión original. Legisladores de partidos aliados y de la oposición exigieron cambios. Antes de la votación final, el gobierno retiró el capítulo sobre la propiedad extranjera de tierras rurales y el artículo que modificaba la ley de manejo del fuego. El resto del proyecto, desalojos más rápidos y límites a las expropiaciones, se aprobó por un ajustado 37 a 33 en la madrugada del 7 de agosto. La versión recortada ahora pasa a la Cámara de Diputados.
Las protestas reflejaron profundas divisiones en la sociedad argentina. Los simpatizantes del gobierno sostienen que las reglas estrictas sobre la tierra desalientan la llegada de capitales extranjeros y frenan la recuperación económica. Dicen que derechos de propiedad más claros ayudan a productores y empresas. Los opositores, entre ellos comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas, advierten que abrir la tierra a extranjeros podría llevar a una concentración de la propiedad y a la pérdida de control sobre los recursos naturales. Muchos también temen que los desalojos más rápidos perjudiquen a familias pobres que ya luchan contra el alto costo de vida.
El gobierno ya había suavizado la propuesta sobre tierras extranjeras anteriormente, al no conseguir suficiente apoyo político. Aun así, la presión de la calle y las voces de famosos hicieron necesario un nuevo retroceso. Luego, funcionarios describieron el texto final como un compromiso que protege la propiedad privada sin los cambios más extremos.
Los hechos de esos dos días mostraron los límites de la agenda reformista de Milei. Si bien el presidente impulsó la desregulación y el recorte del gasto desde que asumió, la resistencia popular sigue siendo fuerte en temas ligados a la tierra y a la identidad nacional. La consigna “La Patria no se vende” capturó un sentimiento generalizado de que hay cosas que deben seguir bajo control argentino.
Mientras el proyecto avanza hacia Diputados, ambos lados se preparan para la próxima ronda. Los manifestantes prometieron seguir atentos. El gobierno debe decidir si insiste con las medidas restantes o busca acuerdos más amplios. Para muchos argentinos, las protestas de agosto fueron más que una pelea por una ley. Fueron una señal clara de que los cambios profundos sobre la tierra y la propiedad no pasarán sin una batalla en las calles.
La ley recortada todavía tiene un largo camino por delante. Incluso si se aprueba de forma definitiva, el recuerdo de los gases frente al Congreso y el retroceso obligado en el tema de la propiedad extranjera marcarán el debate político durante meses.
