ARCHIVO – El presidente Javier Milei ingresa a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para participar del tradicional Te Deum por el aniversario de la Revolución de Mayo, fecha que dio inicio al proceso independentista argentino, el 25 de mayo de 2026. (Foto de archivo AP / Natacha Pisarenko)
BUENOS AIRES — La Corte Suprema de Justicia de la Nación le propinó una dura derrota al gobierno del presidente Javier Milei en junio de 2026 al ordenar el cumplimiento total de la ley que garantiza el financiamiento de las universidades públicas. El fallo llegó después de más de un año de protestas en las calles, paros docentes y una confrontación política que dividió al país entre los defensores de la educación pública gratuita y los que apoyan el ajuste fiscal a rajatabla.
El conflicto empezó en 2025, cuando el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario. La norma obligaba al gobierno nacional a actualizar los presupuestos universitarios, los salarios docentes y las becas estudiantiles según la inflación. Milei vetó la ley, argumentando que rompería su política de déficit fiscal cero. Luego, el Congreso insistió con la ley y superó el veto con amplias mayorías en ambas cámaras. A pesar de eso, el gobierno demoró la implementación total e intentó limitar el gasto extra a través de decretos.
Las universidades, los gremios docentes y las organizaciones estudiantiles respondieron con reiteradas protestas nacionales. Los eventos más grandes fueron las “Marchas Federales Universitarias”. Decenas de miles de personas marcharon en Buenos Aires y otras ciudades, colmando la Plaza de Mayo y las calles alrededor del Congreso. Los manifestantes llevaban carteles que decían “Milei, cumplí la ley” y “La universidad pública no se vende”. Docentes y no docentes hicieron paros que interrumpieron las clases durante días. Muchos profesores denunciaron que sus salarios reales habían caído fuerte desde 2023 y algunos renunciaron porque ya no podían vivir con lo que cobraban.
La pelea judicial llegó a la Corte Suprema. El gobierno le pidió al máximo tribunal que frenara una orden de primera instancia que obligaba al cumplimiento inmediato de la ley. El 25 de junio de 2026, los tres jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron por unanimidad la apelación del gobierno. La Corte dejó firme la orden de que los salarios deben actualizarse desde diciembre de 2023 según la inflación acumulada y que las becas estudiantiles deben ser restablecidas. La decisión significó que el gobierno tuvo que gastar varios miles de millones de dólares extra en el sistema universitario.
El fallo fue celebrado por rectores, gremios y partidos de la oposición. Dijeron que protegía el derecho a la educación superior pública y gratuita, una tradición argentina de larga data. Dirigentes estudiantiles lo describieron como una victoria de las calles y de la Constitución. Los funcionarios del gobierno y los simpatizantes de Milei reaccionaron con frustración. Argumentaron que el gasto extra pondría en riesgo el superávit fiscal que tanto les había costado conseguir. Algunos calificaron la decisión de la Corte como una intromisión política en la política económica.
Incluso después del fallo de la Corte Suprema, la tensión continuó. En agosto de 2026 los gremios anunciaron nuevos paros, denunciando que el gobierno todavía no estaba pagando la totalidad de los montos en tiempo y forma. El conflicto también afectó el plan económico más amplio del gobierno. El mayor gasto universitario hizo más difícil mantener las metas fiscales estrictas que Milei le había prometido a los mercados internacionales y al Fondo Monetario Internacional.
La opinión pública siguió dividida. Muchas familias de clase media y jóvenes veían al sistema universitario público como uno de los pocos caminos que quedaban para la movilidad social. Consideraban los recortes como un ataque al futuro del país. Otros, sobre todo votantes de Milei, creían que controlar el gasto público era más importante que proteger a todas las instituciones del Estado. Decían que las universidades deberían ser más eficientes y depender menos del presupuesto nacional.
La batalla por el financiamiento universitario se convirtió en una de las pruebas más claras del enfoque de “motosierra” de Milei sobre el Estado. Si bien el presidente logró reducir el gasto en muchas áreas, la combinación de presión en las calles, mayorías en el Congreso y un fallo firme de la Corte Suprema mostró los límites de esa estrategia en materia de educación. Mientras el gobierno se prepara para las elecciones de 2027, la tensión sin resolver por las universidades sigue siendo una herida política que continúa dividiendo a la sociedad argentina.
