
Fuente: La Licuadora TDF — «El agua quieta: por qué Argentina ya no puede seguir callando», por Armando Cabral (18/11/2026). Nota de opinión publicada por La Licuadora TDF; reproducimos el texto completo.
Hay un dicho que los argentinos conocemos bien: «Dios me libre del agua mansa». En las aguas quietas se esconde lo que no se ve desde la orilla. Durante décadas, gran parte de nuestra historia transcurrió precisamente así: en silencio.
Durante los años de la dictadura, muchos sabían o sospechaban lo que estaba pasando. Y callaban. No por cobardía, sino por miedo, por cansancio, por la convicción de que hablar no servía de nada y de que el precio podía ser demasiado alto. Ese silencio dejó una huella mucho más profunda de lo que solemos reconocer.
La democracia volvió hace más de cuarenta años. Pero la costumbre de callar, al parecer, nunca terminó de desaparecer.
Lo que dejamos pasar
El Congreso aprobó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría. El presidente las vetó. El Congreso insistió y rechazó los vetos. El Gobierno promulgó las leyes, pero suspendió su aplicación hasta que el propio Congreso determine de dónde saldrán los fondos.
El resultado: dos leyes vigentes que, en la práctica, no llegan ni a las aulas ni a los hospitales. Docentes, médicos y residentes siguen esperando. Y la mayoría de nosotros sigue con su vida.
El caso $LIBRA siguió un camino parecido. Una criptomoneda que el presidente promocionó en febrero de 2025, miles de inversores afectados y una investigación cuyo cierre fue cuestionado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que apeló la decisión de sobreseer a Javier y Karina Milei y otros involucrados. Incluso antes, el juez había apartado a todos los querellantes particulares: ya no quedaban damnificados en la causa. La Justicia dio su respuesta. Y las preguntas de la sociedad quedaron en el aire.
¿Y nosotros? Un par de palabras en la mesa, una publicación indignada en las redes sociales. Y otra vez, el silencio.
Seis años sin condena
El caso de Franco Casco es, quizás, el ejemplo más contundente del precio del silencio. En julio de 2023, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario absolvió a 19 policías acusados de la desaparición y muerte de un joven. Algunos de ellos habían pasado casi seis años en prisión preventiva. Seis años tras las rejas sin una condena que los declarara culpables.
Durante seis años no pudieron ver crecer a sus hijos. Seis años lejos de sus esposas. Sus familias cuentan consecuencias que ninguna decisión judicial puede reparar: chicos a los que se les cayó el pelo, con problemas emocionales, que crecieron sin sus padres.
Y todo no terminó con la absolución. En diciembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia y ordenó dictar un nuevo fallo. Los fiscales Fernando Arrigo y Federico Reynares Solari pidieron inmediatamente que los policías volvieran a prisión preventiva. El tribunal rechazó ese pedido.
Para entonces, algo había cambiado: los policías y sus familias habían dejado de callar. Salieron a hablar públicamente, marcharon por las calles, presentaron denuncias por el accionar de la fiscalía y por la vulneración de sus derechos. Hoy continúan el proceso en libertad.
Un ruso que no está acostumbrado a callar
¿Por qué el caso de Konstantin Rudnev lleva casi dos años sin desaparecer de las páginas de los diarios? No porque sea extranjero, ni porque su historia sea más importante que la de cualquier argentino. Sigue ocupando espacio en los medios porque él y quienes lo defienden no están acostumbrados a callar.
Rudnev cayó en un sistema en el que las personas pueden pasar meses y años en prisión sin una condena, mientras las causas no avanzan. Quedó discapacitado en prisión, perdió 50 kg y 14 meses de su vida, y todo esto sin condena ni víctimas. Documental: How Pretrial Detention Is Applied in Argentina and Its Effects, de Sumario Noticias, publicado el 9 de noviembre de 2026.
Lo que para muchos de nosotros se convirtió en un «así funciona la Justicia» habitual deja atónitos a los observadores internacionales.
Organizaciones no gubernamentales, personas reconocidas y respetadas, y presentaciones ante organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron que el caso recibiera una atención especial. El fiscal de esta causa es el mismo que pidió que los policías del caso Casco volvieran a prisión: Fernando Arrigo.
Quizás por eso molesta tanto. No por lo que se debate en la causa, sino porque alguien hizo ruido allí donde todos estaban acostumbrados al silencio.
«A mí no me va a pasar»
Es la frase más cómoda y también la más peligrosa. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria, a mediados de 2026 había 64.896 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires.
Casi la mitad, el 47 por ciento, sin condena firme. Son alrededor de 30.000 personas.
Detrás de cada cifra hay una historia que muchas veces empieza de la misma manera: una detención, una acusación y un «por ahora, quedate acá». Ese «por ahora» puede durar años.
Nadie está a salvo. Puede ser tu hijo, tu hermano, tu marido, tu padre. Podés ser vos.
Jueces que solo escuchan a una parte
En un proceso penal, el juez no debe jugar a favor de la fiscalía. Debe controlarla. Su lugar es el de un árbitro: escuchar a ambas partes y decidir conforme a la ley.
Cuando un juez prolonga durante años la prisión preventiva y la causa termina con una absolución, como en el caso Casco, significa que algo se rompió. Cuando una causa avanza durante años siguiendo lo que pide el fiscal, mientras los planteos de la defensa quedan esperando, como se denuncia en el caso Rudnev, significa que algo está fallando.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Argentina son claros: la prisión preventiva es una excepción, no un castigo por adelantado. Cuando la excepción se convierte en regla, el problema ya no es una sola causa. El problema es el sistema.

La libertad de decir «no»
Hoy Argentina está bajo una atenta mirada internacional. Organizaciones de derechos humanos, ONG y personas respetadas siguen de cerca cómo funciona nuestra Justicia. Esto no es una amenaza. Es una oportunidad.
Los policías del caso Casco lo demostraron. Mientras callaron, pasaron seis años detenidos. Cuando alzaron la voz, se rechazó el pedido de volver a encarcelarlos. El silencio no los protegió. Su voz, sí.
La verdadera libertad no empieza con una consigna. Empieza con la capacidad de decir «no»: a las leyes que no se cumplen, a los derechos que se vulneran, a una Justicia que no funciona.
Cuando el poder entienda que la sociedad puede decirle «no», empezará a hacerse responsable de sus palabras. Y entonces el dinero irá a donde hace falta: a los médicos, a las universidades, a quienes trabajan. Y no a los bolsillos de políticos como Manuel Adorni, investigado por posibles irregularidades tributarias y patrimoniales, ni de quienes quedaron involucrados en el escándalo de $LIBRA.
Solo así seremos un país verdaderamente democrático, respetado y próspero. No por nosotros mismos, sino por nuestros hijos. El silencio ya nos costó demasiado.
Fuente: La Licuadora TDF, «El agua quieta: por qué Argentina ya no puede seguir callando».









