Familiares de Loan Peña en Corrientes reclaman justicia mientras los peritos ratifican pruebas clave sobre el encubrimiento policial y político.
El entramado judicial, policial y político de la República Argentina ofreció en la primera semana de noviembre de 2026 una sucesión de postales que desnudan la profunda degradación de los mecanismos de control institucional. Desde los estrados del Tribunal Federal de Corrientes y la Legislatura de Mendoza hasta los despachos de la Cámara de Casación y el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires, se repite una matriz de funcionamiento alarmante: el aparato estatal exhibe una lentitud exasperante y una red de protección corporativa cuando debe juzgar la corrupción de los funcionarios, el encubrimiento policial o las negligencias del poder, pero descarga todo su rigor punitivo y administrativo sobre los médicos de hospitales públicos, los municipios del interior y los trabajadores que reclaman por sus salarios.
Uno de los ejemplos más estremecedores de lo que ocurre cuando las fuerzas de seguridad locales y el poder político municipal actúan en connivencia volvió a quedar ratificado el miércoles 4 de noviembre en el juicio por la desaparición del niño Loan Peña en la provincia de Corrientes. Durante esa audiencia ante el Tribunal Federal correntino, la perito oficial Tamara Muniagurria ratificó bajo juramento los resultados de la pericia odorológica realizada el 21 de junio de 2024 sobre los automóviles pertenecientes a la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y al excapitán de navío Carlos Pérez. La contundencia de esa prueba científica —que detectó el rastro del menor en los vehículos del matrimonio apenas días después de su desaparición— recordó ante los jueces cómo la cúpula policial local, encabezada entonces por el comisario Walter Maciel, montó desde el primer minuto una red de encubrimiento y plantación de pistas falsas para proteger a los poderosos del pueblo.
Dos años y medio de blindaje político tras admitir el desvío de fondos públicos en Mendoza
En paralelo a las revelaciones en el Litoral, la provincia de Mendoza fue escenario ese mismo día de otro episodio que ilustra la resistencia de la casta política a rendir cuentas ante la ley. La Cámara de Diputados mendocina recién concretó ese miércoles 4 de noviembre la expulsión definitiva de la legisladora Janina Ortiz, quien permanecía suspendida sin goce de sueldo desde marzo de 2024 luego de que la Justicia la hallara culpable del desvío de fondos públicos millonarios durante su paso como funcionaria del municipio de Las Heras, en un expediente donde la propia implicada llegó a admitir el desmanejo patrimonial.
El caso de Ortiz sintetiza los privilegios de los que gozan quienes administran recursos del Estado: aun con fallos judiciales condenatorios y confesiones explícitas sobre la sustracción de caudales municipales, los laberintos recursivos y las dilaciones parlamentarias le permitieron conservar su banca formal durante más de dos años y medio. Mientras cualquier ciudadano común enfrenta detenciones preventivas inmediatas ante la menor sospecha, los operadores políticos que vacían las arcas comunales cuentan con un paraguas institucional que posterga las sanciones hasta que el escándalo se vuelve políticamente insostenible.
Sesión del Consejo de la Magistratura de la Nación donde se aprobó a contrarreloj el envío de 71 ternas de candidatos a jueces.
Esa misma exasperante lentitud y el uso selectivo de las nulidades procesales volvieron a manifestarse esa misma jornada en los tribunales porteños. La Cámara de Casación declaró la nulidad de la resolución que había elevado a juicio oral la grave causa por el desvío ilegal de ampollas de propofol en el Hospital Italiano, ordenando que el expediente retroceda nuevamente a la etapa de instrucción bajo el argumento de completar medidas de prueba pendientes. Del mismo modo, en el debate oral que se sigue contra el excirujano Aníbal Lotocki, las declaraciones testimoniales escuchadas el 4 de noviembre —entre ellas la de la actriz Carmen Barbieri sobre el dramático deterioro de salud que padece la denunciante Sandra Domínguez— volvieron a exponer cómo años de demoras judiciales e inacción de los órganos de control permitieron que un profesional denunciado reiteradamente siguiera operando con total impunidad.
Setenta y una ternas judiciales a contrarreloj, recorte de medicamentos y hostigamiento gremial
La explicación de por qué el Poder Judicial funciona con semejante discrecionalidad encontró en esos mismos días una respuesta elocuente en el Consejo de la Magistratura de la Nación. A pocos días de producirse el recambio institucional de sus consejeros, la Comisión de Selección aprobó en una maniobra a contrarreloj más de setenta ternas —exactamente 71 listas que involucran a 296 postulantes— destinadas a cubrir vacantes estratégicas en juzgados federales, cámaras de apelaciones, tribunales orales y fueros nacionales. Tras mantener paralizados durante años cientos de concursos públicos y administrar los tribunales mediante jueces subrogantes provisorios, los bloques políticos aceleraron un acuerdo masivo de último minuto para repartir cargos vitalicios antes de que cambie la correlación de fuerzas en el organismo.
Mientras en los palacios judiciales de Buenos Aires se negocian decenas de magistraturas y se anulan elevaciones a juicio, la administración nacional profundiza la asfixia sobre los servicios esenciales y reprime la protesta laboral. El miércoles 4 de noviembre, un bloque de noventa intendentes de distintas provincias acudió a la Cámara de Diputados para denunciar que el Poder Ejecutivo nacional incumple abiertamente la ley del Impuesto al Combustible —reteniendo los fondos de afectación específica que pertenecen al transporte público del interior— y ejecuta severos recortes sobre el Plan Remediar, dejando sin provisión gratuita de medicamentos básicos a los centros de atención primaria donde se atienden los sectores más vulnerables.
Lejos de atender estos reclamos sanitarios y federales, la respuesta oficial ante el malestar de los trabajadores volvió a apoyarse en la estigmatización y el castigo salarial. En la antesala de una nueva protesta convocada por los trabajadores del Hospital Pediátrico Garrahan frente a las puertas de la institución, voceros del Gobierno salieron a descalificar a los médicos y enfermeros acusándolos de «hacer política con el hospital», al tiempo que en la estación San Pedrito de la Línea A del subterráneo porteño los trabajadores debieron liberar los molinetes para denunciar descuentos ilegales e injustificados aplicados por la concesionaria Emova en represalia por las medidas gremiales. Desde el encubrimiento policial en Corrientes y el desvío de fondos en Mendoza hasta el reparto apresurado de juzgados federales y el recorte de medicamentos, la realidad argentina confirma la vigencia de un sistema implacable con los de abajo y complaciente con los abusos del poder.
