El fiscal federal Fernando Arrigo, denunciado ante la Procuración General de la Nación.
El Ministerio Público Fiscal de la República Argentina se encuentra ante una encrucijada institucional que ya ha desbordado las fronteras nacionales para instalarse en la agenda de los organismos internacionales de derechos humanos. Prácticas coercitivas que durante años fueron toleradas en el ámbito doméstico bajo el pretexto de la discrecionalidad investigativa hoy son objeto de severos cuestionamientos jurídicos desde el exterior. La Procuración General de la Nación confirmó oficialmente la recepción y el registro de una nueva denuncia disciplinaria contra el fiscal federal de San Carlos de Bariloche y coordinador del distrito General Roca, Oscar Fernando Arrigo. Según informó la agencia Noticias Argentinas, la presentación fue impulsada desde los Estados Unidos por el American Council for Justice and Conflict Resolution (ACJCR), una entidad con sede en Nueva Jersey que solicitó investigar el desempeño del funcionario, aplicar sanciones disciplinarias y disponer su apartamiento.
Esta intervención estadounidense no constituye un hecho aislado ni una anomalía diplomática. En su escrito formal, registrado ante las autoridades argentinas, la organización norteamericana pidió expresamente que su denuncia sea acumulada y tramitada de manera conjunta con los expedientes ya iniciados en la Procuración General por la Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience (CAP-LC) —entidad con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas— y por el Observatorio Internacional de Libertad Religiosa de los Refugiados (ORLIR), dado que todas las presentaciones apuntan a un mismo patrón de conducta atribuido al mismo fiscal. En paralelo, en los despachos de la Procuración se acumulan cuatro denuncias formales presentadas por efectivos policiales santafesinos que fueron absueltos tras pasar años encarcelados en la causa Franco Casco. Cuando organizaciones de Estados Unidos, veedores europeos ante la ONU, imputados en la Patagonia y ciudadanos absueltos en Rosario coinciden en denunciar al mismo representante del Ministerio Público por manipular pruebas y abusar del encierro preventivo, el problema deja de ser una controversia aislada para convertirse en una grave crisis institucional.
Por qué intervino Estados Unidos: una cama de hospital frente al ensañamiento punitivo
La denuncia disciplinaria presentada por el ACJCR ante la Procuración General cuestiona de manera directa la falta de objetividad y el incumplimiento de los deberes funcionales por parte del fiscal Fernando Arrigo durante la instrucción de la causa seguida contra Konstantin Rudnev. Los especialistas estadounidenses en resolución de conflictos y derechos fundamentales advirtieron que la conducción de la fiscalía en Bariloche vulnera las garantías elementales del debido proceso, sosteniendo medidas de coerción extrema a contramano de las constancias médicas oficiales y de los propios testimonios incorporados al expediente.
Konstantin Rudnev internado en el hospital tras su compleja intervención quirúrgica.
El planteo elevado ante la Procuración General expone dos contradicciones centrales que desnudan el proceder acusatorio del fiscal Arrigo. En primer lugar, Elena Makarova —la joven madre en torno a la cual la fiscalía intentó edificar su hipótesis de presunta trata de personas— ha negado de forma categórica y sostenida durante más de un año haber sido víctima de delito alguno, rechazando el relato oficial y denunciando, en cambio, irregularidades y maltratos durante los procedimientos policiales y judiciales. En segundo término, los peritos oficiales del propio Cuerpo Médico Forense de la justicia nacional corroboraron los diagnósticos de los médicos tratantes sobre el grave cuadro de salud que atraviesa Rudnev, quien debió ser intervenido quirúrgicamente tras sufrir un severo deterioro neurológico y espinal agravado por un traslado terrestre inhumano dispuesto en pleno invierno. Pese a los informes forenses oficiales que acreditan su delicada condición postoperatoria bajo arresto domiciliario, Arrigo insiste en solicitar su regreso a una cárcel común. Analistas jurídicos internacionales cuyas investigaciones han sido difundidas por Bitter Winter, entre ellos el especialista en derechos humanos Alessandro Amicarelli, advierten que esta obstinación punitiva busca utilizar el deterioro físico y el encierro carcelario como mecanismos de presión para quebrar la voluntad del imputado ante la falta de pruebas reales.
El espejo del caso Franco Casco: seis años de encierro y pruebas ocultadas
El modus operandi que hoy motiva denuncias desde los Estados Unidos y Europa guarda una simetría exacta con las prácticas documentadas en los tribunales federales de Rosario. Apenas unos días antes del registro de la presentación estadounidense, los policías santafesinos Walter Benítez, Guillermo Gysel y Marcelo Guerrero radicaron denuncias individuales ante la Procuración General de la Nación contra Fernando Arrigo y su par Marcelo De Giovani, sumándose a la denuncia promovida anteriormente por el comisario absuelto Diego Álvarez. Los cuatro efectivos reclaman sanciones disciplinarias y el apartamiento del fiscal por mal desempeño funcional, violación del principio de lealtad procesal y ocultamiento deliberado de pruebas favorables a la defensa en la causa por la muerte de Franco Casco.
El expediente Casco representa el ejemplo más crudo de las consecuencias que genera el poder fiscal sin controles efectivos. Diecinueve agentes policiales y un civil —un vecino que simplemente había cumplido con su deber ciudadano de avisar a la policía sobre un incidente y terminó procesado pese a ser testigo— enfrentaron un proceso plagado de arbitrariedades, en el que diez de los acusados pasaron casi seis años en prisión preventiva antes de que el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario los absolviera en julio de 2023. Según consta en las denuncias presentadas ante la Procuración, mientras esos hombres permanecían encerrados lejos de sus familias, la fiscalía mantuvo ocultas cuatro filmaciones con registro de fecha y hora que mostraban a Franco Casco caminando por Rosario luego de haber salido en libertad de la comisaría el 7 de octubre de 2014. Esos videos recién fueron puestos a disposición de las defensas en diciembre de 2021, y más de siete pericias confirmaron la identidad del joven en las grabaciones.
Efectivos policiales absueltos en la causa Franco Casco denunciaron al fiscal Arrigo ante la Procuración.
El detalle de las irregularidades denunciadas en la Procuración por el caso rosarino incluye, asimismo, la falta de entrega de un informe de mejoramiento de imágenes enviado desde Córdoba en febrero de 2015 —reclamado en más de nueve oportunidades por los abogados defensores— y la retención de una pericia odontológica realizada por expertos de la Universidad Nacional de Rosario en julio de 2017, cuya existencia recién trascendió a través de una nota periodística. Aunque cuatro exámenes de autopsia descartaron lesiones traumáticas atribuibles a torturas y señalaron indicadores de asfixia por sumersión, Arrigo mantuvo su acusación apoyándose en relatos contradictorios. Incluso después de la absolución dictada en el juicio oral, el fiscal acudió ante la Cámara Federal de Casación Penal modificando su propia reconstrucción sobre el día, el horario y el lugar de la supuesta detención para conseguir la revocación del fallo absolutorio, vulnerando el principio de congruencia en un intento por enviar nuevamente a prisión a quienes se negaron a confesar un crimen inexistente.
La extorsión del juicio abreviado en la causa Jones Huala
El tercer capítulo que refleja esta misma matriz coercitiva tuvo lugar recientemente en la jurisdicción patagónica con el cierre de la causa contra Facundo Jones Huala. Si en el caso Casco los imputados rechazaron cualquier pacto falso y sufrieron seis años de cárcel preventiva como represalia, el expediente de Jones Huala expone cómo opera la figura del juicio abreviado cuando el detenido es llevado al límite de su resistencia física. Imputado a partir de un discurso pronunciado en la presentación de un libro de poesía en Bariloche, sin testigos ni pruebas contundentes que demostraran su participación material en ataques, fue trasladado a cientos de kilómetros de su familia.
Para exigir su traslado humanitario a una unidad penitenciaria cercana a su entorno familiar, Jones Huala llevó adelante una huelga de hambre de sesenta días que puso en riesgo inminente su vida tras dos internaciones hospitalarias. El fiscal Arrigo se opuso tenazmente a esa medida hasta que los jueces intervinieron para evitar su muerte. Posteriormente, tal como relató el propio detenido en declaraciones publicadas por Noticias Argentinas, terminó aceptando un acuerdo de juicio abreviado por cinco años y dos meses de prisión en una negociación en la que intervino directamente Arrigo. Desde el penal, el condenado reveló que en ese acuerdo con la fiscalía tuvo que admitir hechos que no eran ciertos porque estaba convencido de que en un juicio oral lo condenarían a más de quince años de prisión sin pruebas ni testigos. Su abogado defensor, Gustavo Franquet, definió ese dilema procesal señalando que el juicio abreviado funciona en tales circunstancias como una «herramienta de extorsión».
Un coordinador interino en declive y la hora de la responsabilidad institucional
La multiplicación de denuncias nacionales e internacionales contra Fernando Arrigo contrasta con la debilidad de su estatus institucional y con el retroceso estadístico de la jurisdicción bajo su mando. Según el último ranking nacional de efectividad fiscal elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el distrito de Río Negro coordinado por Arrigo cayó del segundo al cuarto puesto a nivel nacional: casi el 88 por ciento de las causas penales ingresadas no reciben una respuesta de calidad, acumulando más de 35.900 expedientes abiertos sin resolución. A ello se suma que Arrigo ocupa dicha coordinación de forma provisoria por resolución administrativa, luego de haberse retirado sin completar el Concurso 129 convocado para cubrir de manera titular la fiscalía federal de Bariloche.
Resulta profundamente sintomático que un funcionario que desistió de revalidar su cargo en un concurso público abierto, mientras su jurisdicción muestra un estancamiento alarmante en la resolución de causas ordinarias, concentre el aparato punitivo del Estado en prolongar encierros preventivos y sostener acusaciones de alto impacto mediático desprovistas de sustento científico.
Con el registro oficial de la denuncia estadounidense del ACJCR, sumada a las presentaciones europeas de CAP-LC y ORLIR y a las cuatro denuncias firmadas por los policías absueltos del caso Franco Casco, la Procuración General de la Nación enfrenta una decisión impostergable. La coincidencia de denuncias tan diversas sobre un mismo patrón de ocultamiento probatorio, desprecio por los dictámenes médicos y uso extorsivo de la prisión preventiva exige el apartamiento preventivo del fiscal Fernando Arrigo y una investigación disciplinaria a fondo. El respeto por los derechos humanos y la credibilidad de la justicia federal argentina dependen hoy de que los órganos de control pongan un límite definitivo a la impunidad fiscal.
Fuente: Noticias Argentinas https://noticiasargentinas.com/sociedad/causa-rudnev–la-procuracion-general-recibio-una-denuncia-de-una-organizacion-estadounidense-contra-el-fiscal-fernando-arrigo_a6ad521f19af976a94c1591d5
