Rosario y Buenos Aires — En los comentarios de las notas, en las redes y en una petición pública, hay gente en la Argentina que exige la renuncia del fiscal federal Fernando Arrigo. El reclamo gira en torno a un solo caso: la muerte de Franco Casco, en 2014. Los críticos dicen que Arrigo usó el cargo para mantener viva una causa que ya había tenido juicio, y que los policías absueltos después de años de detención no deberían volver a enfrentar la misma amenaza.
Franco Ezequiel Casco era un albañil joven, de Florencio Varela, de poco más de veinte años, que en octubre de 2014 estaba de visita en lo de su familia en Rosario. Lo paró personal de la comisaría 7ª. Unas tres semanas después, el cuerpo apareció en el río Paraná. La fiscalía trató la muerte como una desaparición forzada seguida de muerte. Acusó a los policías de detención ilegal, torturas y homicidio. El expediente avanzó lento. El juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario empezó a fines de 2021. Declararon más de 200 testigos.
En julio de 2023 el tribunal, por mayoría, absolvió a los policías y a un civil que habían llegado a juicio. Un tercer juez votó en disidencia. El fiscal Arrigo había pedido prisión perpetua para 14 de los acusados y penas menores para otros. Pidió la absolución de uno. No aceptó el fallo. Apeló. También apelaron los abogados de la familia de Casco.
En diciembre de 2024 la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal —los jueces Daniel Petrone, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña— anuló las absoluciones. Los camaristas dijeron que la sentencia del juicio era arbitraria. Señalaron que el tribunal inferior no había valorado bien la prueba en un caso de violencia institucional. Devolvieron el expediente para que se dicte un nuevo fallo. No condenaron a nadie. El recurso lo presentó Arrigo y, en esa instancia, lo mantuvo el fiscal general Raúl Pleé, junto con las querellas.
Ese es el camino legal. Lo que indignó a muchos lectores es lo que pasó antes y después.
Varios de los policías estuvieron cerca de seis años en prisión preventiva antes de la absolución de 2023. Los hijos crecieron con el teléfono del penal como único vínculo con el padre o la madre. Pasaron cumpleaños, el primer día de clases y las cenas de todos los días sin ellos. Esposas y familiares esperaron en la puerta. Cuando el tribunal dijo que la prueba no alcanzaba, esas familias creyeron que el calvario había terminado. No fue así. La apelación de Arrigo volvió a abrir el riesgo de la cárcel, incluidas las perpetuas que ya había pedido.
En junio de 2026 el comisario retirado Diego José Álvarez, que era el jefe de la seccional 7ª y estaba entre los absueltos, presentó una denuncia formal ante el procurador general de la Nación contra Arrigo y el exfiscal Marcelo De Giovani. Álvarez denuncia mal desempeño y el uso de “afirmaciones falsas, incompletas y contradictorias”. Sus abogados, Rodrigo Mazzuchini y Antonela Travesaro, pidieron un sumario disciplinario y que se evalúe si hubo delitos. La denuncia dice que el recurso se apoyó casi solo en una perito de parte, Virginia Creimer, y dejó de lado otros dictámenes forenses, y que los dichos sobre la hora y el lugar de la detención cambiaron de una etapa a otra. Álvarez dijo que el fiscal “mintió” ante la Cámara de Casación. Esos cargos no están juzgados. Arrigo no fue declarado culpable de ninguna falta.
El padre de Casco sostiene lo contrario. Después de la absolución de 2023 dijo que en este país no hay justicia y que a su hijo lo mató la policía. Los jueces de Casación les dieron la razón a la fiscalía y a las querellas en el pedido de un nuevo fallo. Los dos lados sufrieron: un joven está muerto, y policías pasaron años presos antes de que un tribunal los absolviera.
Quienes firman la petición dicen que el trabajo de un fiscal es presentar la prueba con ecuanimidad, no tratar una absolución como un tropiezo pasajero. Señalan la detención larga, el nuevo pedido de perpetua y la denuncia de Álvarez, que sigue abierta. Algunos comentarios también preguntan si Arrigo está en condiciones mentales para el cargo. Es una opinión, no un diagnóstico. Ninguna autoridad ordenó un examen.
Lo que consta es claro. Un tribunal absolvió. Un tribunal superior borró ese fallo a pedido de la fiscalía y de la familia de la víctima, y ordenó una nueva sentencia. Uno de los absueltos acusó al fiscal de haber engañado a ese tribunal. Las familias que ya perdieron seis años vuelven a esperar.
La petición le pide a la Procuración General que revise la denuncia y que aparte a Arrigo de la causa y del cargo. Quienes firman dicen que un fiscal que, a su juicio, usa ese sillón para pedir perpetua después de una absolución en juicio no tiene derecho a ocuparlo. Si el reclamo es justo o no, lo tienen que decidir los lectores y los organismos que controlan a los fiscales. La petición es su forma de decir que la decisión no puede quedar solo en manos del hombre que pidió prisión perpetua.
#LaPreventivaNoEsPena
#QuienDevuelveEsosAños
¿Viste lo de Arrigo?
No puede seguir en su cargo.
Firmá la petición: https://c.org/c44h9JcLty
Denunciá ante el Fiscal General
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#EchenAArrigo
