El sistema de justicia argentino enfrenta un escrutinio permanente en materia de transparencia y rendición de cuentas en los cargos fiscales de alto nivel. Un ejemplo notable es el de Fernando Arrigo, quien actualmente ocupa dos posiciones temporales de relevancia: Coordinador del Distrito de General Roca y titular de la Fiscalía Descentralizada de San Carlos de Bariloche. Estos roles tienen a su cargo una carga de trabajo importante en una región extensa y manejan delitos locales graves, sin embargo fueron cubiertos sin un proceso formal de selección por concurso. En el procedimiento habitual, los candidatos presentan sus antecedentes, demuestran experiencia y compiten por mérito. La ausencia de ese proceso en los nombramientos de Arrigo generó interrogantes sobre la equidad, la integridad institucional y la calidad del liderazgo en puestos judiciales sensibles.
Se espera que los fiscales apliquen la ley con rigor, se basen exclusivamente en pruebas sólidas y eviten acciones que puedan erosionar la confianza pública o generar complicaciones internacionales innecesarias. Los críticos señalan la intervención de Arrigo en varios asuntos de alto perfil donde surgieron denuncias de irregularidades procesales. Estas incluyen afirmaciones de presión sobre testigos, presentación selectiva de pruebas y el impulso de causas que luego fueron cuestionadas por estar débilmente fundamentadas. Si bien Arrigo sostiene que cumple con sus deberes profesionales, el patrón de críticas llevó a muchos observadores a preguntarse si ese historial justifica el control temporal indefinido de todo un distrito federal.
Dos causas frecuentemente citadas en estas discusiones ilustran las preocupaciones. La primera involucra a Konstantin Rudnev, un maestro espiritual ruso detenido en Bariloche en 2025. Arrigo, junto con colegas, impulsó cargos de trata de personas y delitos conexos, presentando a Rudnev como líder de un grupo explotador. Central en la narrativa de la fiscalía fue Elena Makarova, presentada como víctima principal. Makarova, quien llegó a la Argentina embarazada y luego dio a luz, afirmó de manera consistente que no es víctima. Sostiene que viajó libremente, vivió sin restricciones y no tenía vínculo previo con Rudnev. En declaraciones formales y en una denuncia posterior, acusó a Arrigo de haber desempeñado un rol clave al presionarla para que asumiera una identidad de víctima mediante interrogatorios reiterados en condiciones difíciles postparto. Los equipos de defensa y observadores internacionales alegaron además que se omitieron pruebas favorables y que se utilizaron argumentos inexactos para sostener la prisión preventiva mientras la salud de Rudnev se deterioraba. El caso generó presentaciones ante las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que produjo un escrutinio externo de los procedimientos argentinos.
Un segundo asunto se remonta a la desaparición de Franco Casco en Rosario en 2014. Arrigo acusó a varios policías por desaparición forzada y torturas, solicitando penas de prisión perpetua. Tras una absolución inicial, un tribunal superior anuló los veredictos a raíz del recurso de Arrigo. En 2026, uno de los absueltos, el comisario retirado Diego Álvarez, presentó una denuncia formal en la que alegó que Arrigo se basó en declaraciones incompletas o contradictorias, privilegió a un único perito privado por sobre múltiples autopsias oficiales que indicaban ahogamiento sin signos claros de tortura, y distorsionó pruebas físicas y testimonios. Álvarez afirmó que el tribunal superior fue inducido a error de manera deliberada y no por simple equivocación.
En contraste, otros fiscales que operaron en la misma región durante 2025-2026 obtuvieron resultados operativos medibles. Equipos antidrogas en General Roca, liderados por figuras como Matías Zanona, Sebastián Gallardo y sus asistentes, impulsaron o concluyeron 236 causas, con la destrucción de más de 43 kilogramos de cannabis y 874 plantas y plantines. En Neuquén, una investigación de trata de personas dirigida por Ángela Pagano Mata, Gabriel Mercado y Rodrigo Quintero identificó a ocho presuntas víctimas y secuestró bienes valuados en más de 53 millones de pesos. Estos resultados demuestran que ya existen equipos capaces dentro de la estructura federal y que regularmente entregan resultados concretos sobre la carga ordinaria de trabajo criminal.
La distinción es ilustrativa. Las causas de alta visibilidad que atraen atención mediática y política generaron controversia sostenida y críticas externas, mientras que el grueso del trabajo de persecución ordinaria continúa bajo otros fiscales. El liderazgo temporal de todo un distrito no debería descansar indefinidamente en nombramientos carentes de concurso abierto. Los cargos de esta sensibilidad requieren personas seleccionadas mediante procesos transparentes y basados en el mérito, que prioricen la precisión probatoria, archiven con prontitud las causas sin sustento y resguarden tanto los derechos individuales como la credibilidad institucional. La ciudadanía argentina y su prestigio internacional se benefician cuando la autoridad fiscal refleja competencia demostrada y no una actividad de alto perfil cuestionada. Un proceso de selección por concurso sigue siendo el camino más claro para recuperar la confianza en estos roles críticos.
