Uno de los posteos muestra a mujeres con un mismo pijama mientras promocionan videos en OnlyFans.
Un juzgado federal en Argentina recibió una denuncia que solicita investigar si el contenido publicado por una agente policial en redes sociales podría estar vinculado a una eventual red de explotación sexual. El planteo fue realizado por un abogado que sostiene que el caso podría exceder el ámbito disciplinario interno y requerir análisis bajo la legislación contra la trata de personas.
La controversia se originó luego de que circularan videos en TikTok y otras plataformas en los que la uniformada aparecía realizando publicaciones que alcanzaron amplia difusión. La situación generó interrogantes sobre la monetización del contenido y la posible participación de terceros.
De un sumario administrativo a una denuncia penal
En un primer momento, el hecho fue abordado como una cuestión administrativa dentro de la fuerza de seguridad. Sin embargo, la presentación judicial sostiene que ciertos elementos — como la eventual obtención de beneficios económicos y la coordinación con otras personas — podrían justificar la intervención de la Justicia Federal.
El abogado solicitó que se analice si la producción y difusión del material podría encuadrarse dentro de los delitos previstos en la ley de trata de personas. También pidió que, de considerarlo pertinente, intervenga la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Sin imputaciones formales por el momento
Hasta ahora no existen cargos penales formulados. El tribunal deberá determinar si los elementos aportados en la denuncia alcanzan para abrir una investigación formal.Especialistas señalan que la normativa argentina exige acreditar situaciones de coerción, abuso o explotación para que se configure el delito de trata. Será la Justicia quien evalúe si esos extremos están presentes en este caso.
La policía fue suspendida al compartir contenido en sus redes sociales usando el uniforme reglamentario.
Redes sociales y nuevos desafíos legales
El episodio reavivó el debate sobre el uso de plataformas digitales y los posibles riesgos de explotación asociados a contenidos monetizados. Expertos advierten que la actividad en redes sociales, por sí sola, no constituye delito, aunque en determinados contextos podría requerir un análisis más profundo.
Por ahora, el caso permanece en etapa preliminar y a la espera de una decisión judicial sobre la apertura o no de una investigación penal.
