Una imagen del encierro: camas amontonadas y deterioro, el escenario donde la enfermedad se vuelve sentencia
El aumento de la mortalidad en las cárceles argentinas y la crisis de la salud pública se están convirtiendo cada vez más en temas de debate público. Según datos de la Procuraduría de Violencia Institucional, en 2024 murieron 40 personas en establecimientos penitenciarios federales de Argentina, un tercio más que el año anterior. En la mayoría de los casos, la causa fueron enfermedades que no se diagnosticaron a tiempo o no se trataron de manera adecuada. La tendencia preocupante continuó en 2025: solo en el primer semestre se registraron 22 muertes de personas detenidas en distintos complejos del sistema federal de detención.
Esta crisis va mucho más allá del sistema penitenciario. Entre junio y agosto de 2025, médicos y personal de hospitales públicos de todo el país realizaron protestas y paros para exigir mejores salarios, más financiamiento para la salud y mejores condiciones laborales. En particular, el personal del mayor hospital pediátrico del país, el Garrahan en Buenos Aires, impulsó una huelga y marchó hacia el Obelisco, denunciando falta de recursos y agotamiento del sistema. En agosto de ese mismo año, frente al Congreso se realizó una movilización multisectorial que reunió a médicos, enfermeros, científicos, docentes y trabajadores sociales, que reclamaron apoyo estatal para hospitales e instituciones educativas. En este contexto, organizaciones de derechos humanos advierten cada vez con más frecuencia que la falta de atención médica adecuada —tanto en las cárceles como en los hospitales públicos— dejó de ser una excepción y se está volviendo un problema estructural, en el que la salud y la vida de las personas quedan bajo un riesgo real.
Es justamente en este marco que se desarrolla el caso de Konstantin Rudnev.
Según el abogado Carlos Broitman, el tribunal revisor trató una apelación presentada por los fiscales y revocó la decisión de trasladar a Rudnev al arresto domiciliario. El fundamento formal fue que la resolución anterior estaba insuficientemente motivada: “el tribunal revocó la decisión del juez de concederle a Konstantin el arresto domiciliario, alegando que no estaba suficientemente fundamentada… pese a que se trataba de situaciones vinculadas a un riesgo de vida”.
Los médicos confirmaron un deterioro de la salud
Durante la audiencia declararon médicos y peritos. Broitman remarca: “El objeto del análisis debía ser claro: si la vida de Rudnev está en riesgo y si la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal está en condiciones de garantizarle un control y un cuidado adecuados”. Según él, “todos —los peritos de la defensa, nuestro perito y el perito del Ministerio Público Fiscal— afirmaron que existe peligro y que el estado de salud se agravó”.
Al mismo tiempo, uno de los expertos, aun reconociendo el riesgo, sostuvo que no había una “amenaza inmediata” —en el sentido de que la muerte no ocurriría en los próximos días. Para la defensa, esa lógica es inaceptable: la cuestión no era si el desenlace crítico ocurriría “mañana”, sino si el sistema penitenciario puede brindar un control médico adecuado a una persona con complicaciones graves.
Google Translate en lugar de medicina
Uno de los argumentos centrales de la defensa es la imposibilidad práctica de una comunicación médica completa con una persona que no habla español. Broitman describe la situación de manera directa: cuando Rudnev escribe en ruso, el personal no tiene forma de traducirlo; y si lo “obligan a hablar en ruso para Google Translate”, la traducción “no reproduce correctamente lo que dice Rudnev” y la comunicación se vuelve imposible.
La defensa también sostiene que el tribunal se equivocó al permitir que los fiscales lo confundieran con la afirmación de que Rudnev supuestamente se negaba al tratamiento. “Al contrario, quedó probado… que Konstantin aceptó el traslado a la clínica Santa Teresita y aceptó las intervenciones médicas realizadas dentro de la Unidad 6”, subrayó Broitman.Desgaste severo y sospecha de cáncer
En la foto: Konstantin antes de marzo de 2025 y después de 8 meses en prisión (- 50 kg)
A medida que su estado empeora, el tema de los estudios y la internación se vuelve crítico. Según el abogado, pese a que Rudnev aceptó el traslado y las intervenciones, los estudios que todos los médicos consultados coincidieron en que eran necesarios “nunca —ni una sola vez— se realizaron”: especialistas de Santa Teresita, neumonólogos y cardiólogos. La razón, según la defensa, está en limitaciones estructurales y fallas de la Unidad 6.
Antes, en el caso ya habían aparecido conclusiones sobre un estado de adelgazamiento extremo y la necesidad de un diagnóstico urgente. La defensa insiste: mantener a una persona detenida cuando no se pueden cumplir los estudios indicados convierte un riesgo médico en una amenaza directa para la vida.
Por qué la prisión preventiva se vuelve castigo antes de la condena
Broitman enfatiza que el problema no se reduce a lo médico. Según la defensa, las acusaciones en sí mismas no están respaldadas por pruebas. El abogado ya había señalado que los análisis periciales no hallaron estupefacientes, y que la única “presunta víctima” presentó una declaración escrita en la que afirma que no conoce a Rudnev y que no se considera víctima. En esa lógica, el arresto domiciliario se entendía como la medida mínima para garantizar el tratamiento sin perder el control del proceso. La revocación de esa medida devuelve el caso a un esquema en el que la prisión preventiva, en los hechos, se transforma en un castigo antes de una sentencia, incluso sin culpa probada.
El próximo paso de la defensa
Broitman dijo que en un plazo de 24 horas la defensa presentará un pedido de revisión de la decisión que revocó el arresto domiciliario. Según explicó, la resolución fue tomada por dos jueces que no podrán intervenir en la siguiente instancia; otros magistrados evaluarán si fue arbitraria, si el tribunal se excedió en el alcance de la apelación y en sus facultades, y si actuó de hecho como una instancia de casación, que no le corresponde.
“Todo esto es absolutamente arbitrario”, concluyó el abogado, y agregó que espera una decisión rápida, “antes de la próxima semana”. Desde la perspectiva de la defensa, el arresto domiciliario debe otorgarse de inmediato: la salud de Rudnev se deteriora y la continuidad de la detención puede llevar a la muerte.
