Cárceles superpobladas y prisión preventiva
Las cárceles argentinas ya están superpobladas. En promedio hay 130 personas por cada 100 plazas, y en algunos establecimientos la sobrepoblación llega al 200–300%. Las personas están detenidas en condiciones que los organismos de derechos humanos vienen calificando desde hace años como inhumanas.
Al mismo tiempo, casi el 40% de las personas privadas de libertad está tras las rejas sin una sentencia judicial, bajo el régimen de prisión preventiva (prisión preventiva). Meses y años en la cárcel sin culpa probada se han vuelto una práctica habitual en la Argentina.
Niñez y cárcel: expansión del sistema represivo
En este contexto, las autoridades discuten bajar la edad de imputabilidad. Hoy está fijada en 16 años, pero en el Congreso se analizan opciones de 13–14. Como impulsores de la reforma se menciona a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Los críticos subrayan que se trata de enviar a adolescentes de 13 años a cárceles superpobladas, muchas veces junto a personas condenadas por delitos graves. En ese entorno, un chico no se corrige: aprende a sobrevivir y adopta las reglas carcelarias.
A los 13 años una persona debería estudiar, jugar y formarse, no compartir una celda con reincidentes. Si un adolescente cometió una infracción, debe ser educado y controlado fuera de la cárcel, mediante trabajo con la familia, psicólogos y, en última instancia, arresto domiciliario. La cárcel para un chico es una escuela del delito.
El caso Rudnev: revocación del arresto domiciliario
En este marco, la defensa de Konstantin Rudnev y sus partidarios señalan el caso como un ejemplo de cómo la discusión sobre la prisión preventiva se convierte en una cuestión de vida y salud.
El tribunal de General Roca revocó la decisión de trasladar a Rudnev al arresto domiciliario y hizo lugar a la apelación del Ministerio Público Fiscal. El abogado Carlos Broitman informó que está preparando un recurso de casación.
La postura de la defensa: argumentos clave
Broitman sostuvo que, a su entender, la acusación no está respaldada por pruebas. Según dijo, la única “presunta víctima” dejó constancia por escrito de que no conoce a Rudnev y de que no se considera damnificada.
También refutó las afirmaciones sobre “cocaína”, señalando que la pericia no detectó estupefacientes y que lo secuestrado resultó ser medicación común. En su evaluación, la causa “se cae”.
El eje central de la defensa es el estado de salud: Rudnev bajó alrededor de 30 kilos, presenta complicaciones graves y los estudios necesarios no se realizaron durante meses, pese a las indicaciones médicas y a los dictámenes sobre la necesidad de tratamiento.
Al referirse a la postura de la fiscalía contra el arresto domiciliario, Broitman preguntó:
“¿Qué quieren, que se muera?”
Los fiscales de la causa
La causa Rudnev en Bariloche (provincia de Río Negro) está a cargo de los fiscales Oscar Fernando Arrigo (fiscal federal jefe), Tomás Labayle, Gustavo Révora y Rodrigo Treviranus.
Fueron ellos quienes insistieron en revocar el arresto domiciliario, alegando que “no hay un diagnóstico preciso” y que Rudnev supuestamente se negó a realizarse estudios, pese a los informes médicos presentados por la defensa sobre un cuadro de desnutrición severa y la necesidad de internación. Según la defensa y la familia, esa postura deriva en mantenerlo detenido en condiciones que ponen en riesgo la vida de un hombre de 58 años con graves problemas cardíacos.
La postura de su esposa: “Esto se hace para que no llegue vivo a la libertad”
La esposa de Rudnev, Tamara, en videos públicos grabados frente a la cárcel de Rawson y publicados en YouTube y en el sitio konstantinrudnev.blog, califica lo que ocurre como una persecución con motivación política.
Según ella, las autoridades rusas y Vladimir Putin en persona están interesados en que su marido, como disidente de larga data, no recupere la libertad.
“Mi marido se convirtió en un blanco personal del Kremlin”, afirma, y lo vincula con sus críticas públicas al régimen desde comienzos de los años 2000.
Para Rudneva, el objetivo no es la justicia, sino otra cosa:
“que no llegue vivo a la libertad”.
Sostiene que la presión se ejerce “con manos ajenas”, a través de la postura del Ministerio Público Fiscal argentino, que —según denuncia— ignora los informes médicos, obstaculiza la internación y no quiere escuchar los argumentos de la defensa incluso cuando hay órdenes judiciales.
“Putin quiere ocultar la mano de Moscú: presentar a Konstantin como un sectario para que nadie vea en él a un disidente”, dice Tamara.
Describe que Rudnev perdió más de 30 kilos, padece problemas cardíacos, se desmaya por la medicación y necesita atención médica urgente, a la que —según ella— se le bloquea el acceso.
“Lo metieron preso por nada: sin pruebas, sin víctimas”, sostiene.
“Si esto es verdad, entonces en la Argentina pacífica, en el sur del país, se está ejecutando un encargo político para matar a un disidente ruso”.
Tamara llama a la comunidad internacional a intervenir, y subraya que su marido es una persona mayor, gravemente enferma, que —según sus palabras— se está muriendo lentamente en la cárcel.
