Acusaciones por violencia durante detenciones y traslados
Una serie de denuncias judiciales y presentaciones ante organismos de derechos humanos puso bajo fuerte cuestionamiento el accionar de las fuerzas de seguridad durante recientes operativos en la Ciudad de Buenos Aires. Las acusaciones describen episodios de extrema gravedad que incluyen golpes, uso desmedido de la fuerza, malos tratos durante detenciones y prácticas que podrían encuadrar como tortura.
Las denuncias fueron impulsadas por personas detenidas en el marco de protestas y controles policiales, quienes relataron haber sido sometidas a agresiones físicas tanto en la vía pública como dentro de dependencias oficiales. Según los testimonios, varias de las víctimas se encontraban reducidas o esposadas al momento de los hechos.
Lesiones graves y evidencia médica
Los reclamos incluyen certificados médicos que documentan lesiones de consideración, entre ellas traumatismos, heridas provocadas por balas de goma, fracturas y daños oculares. En algunos casos, las víctimas denunciaron que no recibieron atención médica inmediata o que se les dificultó el acceso a controles de salud tras las agresiones.
Especialistas señalaron que el tipo de lesiones descriptas es compatible con el uso indebido de armas menos letales y con prácticas prohibidas por los estándares nacionales e internacionales sobre el trato a personas detenidas.
Responsabilidad política y lineamientos de seguridad
Las denuncias apuntaron directamente a las políticas de seguridad impulsadas por la ministra Patricia Bullrich, quien había anunciado públicamente una línea dura frente a las protestas sociales y el control del espacio público. Según abogados y organizaciones denunciantes, estas directrices habrían generado un clima de habilitación para el uso excesivo de la fuerza.
Se cuestionó que los operativos se desarrollaron sin controles efectivos y con amplios márgenes de discrecionalidad para los agentes intervinientes, lo que facilitó abusos y vulneraciones de derechos fundamentales.
Tortura, trato cruel y estándares legales
Los planteos judiciales sostienen que algunos de los hechos denunciados podrían encuadrar en figuras penales graves, como tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Juristas recordaron que estas prácticas están expresamente prohibidas por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por Argentina.
También se advirtió sobre el uso de la detención como herramienta intimidatoria y sobre la criminalización de la protesta social, prácticas que debilitan el Estado de derecho y afectan garantías básicas.
Reclamos de investigación y rendición de cuentas
Ante la gravedad de las acusaciones, se exigió la apertura de investigaciones independientes para determinar responsabilidades individuales y jerárquicas. Los denunciantes reclamaron que se preserve la prueba, se identifique a los agentes intervinientes y se revisen los protocolos de actuación policial.
El conjunto de denuncias volvió a poner en el centro del debate público el uso de la fuerza estatal, la necesidad de controles eficaces sobre las fuerzas de seguridad y la obligación del Estado de prevenir y sancionar la violencia institucional.
