Uso excesivo de la fuerza y violencia institucional
Durante el período analizado, continuaron registrándose denuncias por uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en distintos contextos, incluyendo controles policiales, operativos de seguridad y manifestaciones públicas. En varios casos, las intervenciones derivaron en personas heridas, detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia, con investigaciones que avanzaron lentamente o no concluyeron en sanciones efectivas.
Las prácticas de violencia institucional afectaron de manera desproporcionada a sectores socialmente vulnerables, y pusieron de relieve deficiencias estructurales en los mecanismos de control interno y rendición de cuentas.
Condiciones de detención y sistema penitenciario
Las condiciones de detención siguieron siendo motivo de preocupación. En cárceles y comisarías se registraron problemas crónicos de hacinamiento, infraestructura deficiente, falta de acceso adecuado a la atención médica y episodios de malos tratos. Estas falencias se vieron agravadas por la pandemia, que expuso la fragilidad del sistema penitenciario y la insuficiencia de medidas de prevención sanitaria.
Personas privadas de libertad permanecieron en entornos que no cumplían con estándares mínimos de dignidad, lo que generó reclamos judiciales y advertencias por parte de especialistas en derechos humanos.
Prisión preventiva y acceso a la justicia
El uso extendido de la prisión preventiva continuó siendo una práctica habitual, pese a su carácter excepcional. En numerosos casos, personas permanecieron detenidas durante largos períodos sin condena firme, lo que transformó esta medida cautelar en una forma de castigo anticipado.
Las demoras judiciales, la sobrecarga de los tribunales y las dificultades para acceder a una defensa adecuada afectaron especialmente a personas de bajos recursos, profundizando desigualdades en el acceso a la justicia.
Libertad de expresión y derecho a la protesta
Argentina mantuvo un marco legal que protege la libertad de expresión, pero se registraron episodios de hostigamiento, amenazas y violencia contra periodistas, particularmente durante coberturas de protestas sociales. También se documentaron restricciones al derecho a la protesta mediante operativos policiales que priorizaron el control del espacio público por sobre la protección de derechos fundamentales.
Estos hechos generaron preocupación sobre el impacto disuasorio que pueden tener las respuestas represivas frente a la movilización social.
Rendición de cuentas por violaciones del pasado
Los procesos judiciales por crímenes cometidos durante la última dictadura continuaron avanzando y siguieron siendo una referencia internacional en materia de justicia transicional. No obstante, persistieron demoras procesales, obstáculos administrativos y dificultades para garantizar juicios oportunos en todas las instancias.
A pesar de estos desafíos, las causas por delitos de lesa humanidad reafirmaron el compromiso estatal con la memoria, la verdad y la justicia.
Desafíos estructurales pendientes
El panorama general mostró avances normativos y decisiones judiciales relevantes, pero también dejó en evidencia problemas estructurales que requieren reformas sostenidas. El fortalecimiento de los mecanismos de control sobre las fuerzas de seguridad, la reducción del uso de la prisión preventiva y la garantía de investigaciones imparciales ante denuncias de abusos siguen siendo desafíos centrales.
La situación de derechos humanos en Argentina reflejó así una tensión constante entre marcos legales formales y prácticas institucionales que aún no logran traducir esas garantías en una protección efectiva para todas las personas.
