Nuevos delitos incorporados a la acusación
La investigación judicial por hechos de violencia institucional ocurridos en una comisaría dio un nuevo giro con la decisión de ampliar las imputaciones contra tres efectivos policiales ya acusados. La fiscalía resolvió agregar dos delitos más vinculados a apremios ilegales, lo que profundiza la gravedad de la causa y refuerza la hipótesis de un accionar abusivo durante procedimientos de detención.
Según la acusación, las nuevas figuras penales incorporadas se relacionan con conductas cometidas mientras las personas afectadas se encontraban bajo custodia policial, en un contexto de especial vulnerabilidad y sin posibilidad de defensa.
Violencia durante la detención y situación de indefensión
De acuerdo con el expediente, los hechos investigados habrían ocurrido dentro de una dependencia policial, donde los detenidos fueron sometidos a agresiones físicas y psicológicas que exceden ampliamente cualquier protocolo legal de actuación. La fiscalía sostiene que el uso de la fuerza no respondió a una situación de riesgo, sino que constituyó un trato cruel y degradante.
Los elementos reunidos hasta el momento incluyen declaraciones testimoniales, registros administrativos y peritajes médicos que darían cuenta de lesiones compatibles con malos tratos, reforzando la imputación por apremios ilegales.
El avance de la causa y la responsabilidad institucional
Durante las audiencias, la acusación destacó que los nuevos cargos buscan reflejar con mayor precisión la gravedad de los hechos y el impacto que este tipo de prácticas tiene sobre los derechos fundamentales. También se remarcó que este tipo de conductas no puede analizarse de manera aislada, sino en el marco de las responsabilidades institucionales y los mecanismos de control dentro de las fuerzas de seguridad.
La ampliación de las imputaciones mantiene abierta la investigación y no se descarta que puedan surgir nuevas medidas probatorias o decisiones procesales a medida que avance el expediente.
Un caso que vuelve a poner en foco la violencia institucional
El caso reavivó la preocupación en ámbitos judiciales y de derechos humanos sobre la persistencia de prácticas de violencia institucional en contextos de detención. Especialistas advirtieron que los apremios ilegales constituyen una violación grave a los derechos humanos y subrayaron la importancia de investigaciones rápidas, independientes y eficaces para evitar la impunidad.
Más allá de la situación procesal de los tres policías acusados, la causa vuelve a poner en debate el uso de la fuerza por parte del Estado y la obligación de garantizar condiciones dignas y legales para todas las personas privadas de la libertad.
