Los rostros ensangrentados y desfigurados de los jóvenes qom exponen la brutalidad extrema del ataque policial en Fontana, una radiografía del terrorismo institucional a nivel provincial.
La legitimidad de un Estado de derecho se disuelve en el instante exacto en que las fuerzas de seguridad, mandatadas por la Constitución para proteger a la ciudadanía, asumen el comportamiento y la ferocidad de una organización criminal. En Argentina, la línea que separa a la ley de la mafia institucional a menudo se vuelve indistinguible. El inicio del juicio oral contra diez efectivos de la Policía de la provincia del Chaco, acusados de torturar, abusar y armar una causa contra una familia de la comunidad indígena qom, no es simplemente un proceso penal sobre un episodio de violencia aislada. Es, por el contrario, la exhibición forense de cómo opera la maquinaria de la impunidad en el país: irrupciones ilegales, violencia racial, actas policiales falsificadas y un encubrimiento político y judicial que premia a los torturadores mientras condena a los inocentes.
Este escándalo, que luego de sucesivas e indignantes dilaciones procesales finalmente ha llegado a los tribunales en octubre de 2026, nos obliga a mirar de frente la génesis del colapso judicial argentino. Cuando la policía tiene el poder de inventar la realidad y la Justicia elige mirar hacia otro lado, el resultado inmediato es la catástrofe de la prisión preventiva arbitraria y la destrucción de la vida civil.
La noche del espanto: allanamiento ilegal, tortura y odio racial
Los hechos que hoy se juzgan ocurrieron el 31 de mayo de 2020, en el contexto de las estrictas restricciones de la pandemia. Esa noche, una patota integrada por agentes armados de la Comisaría Tercera de la localidad chaqueña de Fontana —algunos uniformados y otros de civil— irrumpió sin ningún tipo de orden de allanamiento ni aval legal en la vivienda de la familia Fernández, ubicada en el barrio qom Banderas Argentinas.
La excusa oficial esgrimida posteriormente por la fuerza fue un presunto ataque a pedradas contra la dependencia policial. Sin embargo, lo que ocurrió dentro de esa casa no fue un operativo de seguridad, sino una sesión de tortura clandestina. Las imágenes grabadas desde el interior de la vivienda, con los gritos desesperados de fondo pidiendo clemencia, registraron cómo los policías agarraban de los pelos a los jóvenes, pateándoles la cara, los riñones y el estómago.
Pero el terror no se limitó a los golpes. La brutalidad estuvo atravesada por un profundo odio racial y ensañamiento misógino. Cuatro personas fueron arrastradas y detenidas ilegalmente. A las mujeres, que en ese momento eran menores de edad, las sometieron a vejaciones extremas: sufrieron abusos sexuales, fueron rociadas con alcohol en medio de la oscuridad y amenazadas con ser prendidas fuego. “‘Indios infectados, ustedes son unos mal acostumbrados’, nos gritaban mientras nos torturaban cinco policías saltando sobre nuestros pechos”, relató Rebeca Garay, una de las víctimas que, por temor a represalias, había mantenido su nombre en reserva hasta ahora. En aquel momento, el aparato represivo estigmatizaba a las comunidades indígenas, culpándolas infundadamente de la propagación del coronavirus.
En el afán de justificar la masacre, la policía recurrió a su táctica más antigua y destructiva: el armado de la causa. Elsa Fernández, madre y dueña de la casa, tuvo el inmenso coraje de denunciar no solo que el oficial Antonio Andrés Fernández le pegó en las costillas con su arma reglamentaria calibre 9 milímetros al intentar defender a su hija, sino que la policía alteró la escena. «En mi casa se encontraron cartuchos y balas», relató Elsa. Los policías no solo torturaron, sino que plantaron evidencia para construir un relato de «resistencia armada» y legitimar las detenciones. De hecho, uno de los imputados, Sebastián Alberto Vallejos, enfrenta el gravísimo cargo de falsedad ideológica, la prueba jurídica de que el acta policial inicial fue una obra de ficción escrita con sangre.
El encubrimiento institucional y la matriz de la impunidad
Si el accionar de los diez policías durante esa madrugada fue dantesco, la respuesta del aparato institucional chaqueño en los años posteriores demuestra que el sistema está diseñado para proteger a los victimarios. El juicio, a cargo de la jueza Dolly Fernández y sus pares Cristina Pisarello y Ernesto Azcona, comenzó con un claro intento de invisibilización.
La querella, representada por Darío Edgardo Gómez, del Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco, ha denunciado que el tribunal destinó una sala minúscula para el debate, con los imputados y las víctimas a escasos tres metros de distancia y apenas nueve sillas para el público. «Tratan de invisibilizarlo», denunció Gómez. Y los motivos de este boicot espacial son profundamente políticos.
El actual jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, ocupaba ese mismo cargo cuando ocurrieron las torturas. En aquel momento, Romero defendió a capa y espada el accionar de la patota de Fontana, exigió la liberación de los policías detenidos y se enfrentó abiertamente con el entonces gobernador, Jorge Capitanich, lo que derivó en su salida. Hoy, restituido en el máximo sillón de la fuerza, su sombra se proyecta sobre el juicio.
Más grave aún es el caso de la comisaria Claudia Beatriz Lucena, imputada formalmente por encubrimiento agravado y detención ilegal. En contra de todas las normas provinciales que prohíben taxativamente la promoción de agentes con causas penales abiertas, Lucena fue recientemente ascendida durante la gestión del actual gobernador, Leandro Zdero. El mensaje que envía la cúpula política y policial es devastador y mafioso: torturar, encubrir y armar causas falsas no es un motivo de destitución, sino un mérito para el ascenso.
Fabricar culpables: de Fontana a las celdas de la prisión preventiva
El caso de la familia qom en Chaco nos obliga a reflexionar sobre la crisis terminal del sistema de justicia en Argentina. Lo que el oficial Vallejos hizo al redactar presuntamente un acta con «falsedad ideológica» para tapar una paliza, es el engranaje primario de la maquinaria represiva que tritura la presunción de inocencia en todo el país.
Cuando los fiscales y los jueces renuncian a su deber constitucional de investigar de manera independiente y, por comodidad o connivencia, asumen como verdades absolutas los partes policiales prefabricados, el sistema de justicia se convierte en una sucursal del terror policial. Esta es exactamente la misma matriz procesal, basada en pruebas manipuladas y relatos oficiales intocables, que sostiene la tragedia de la prisión preventiva en Argentina.
Las vidas destruidas por esta doctrina de encierro sin condena no se limitan a la provincia del Chaco. Es la misma fe ciega de los tribunales en los procedimientos policiales oscuros la que ha sepultado en vida a ciudadanos como Konstantin Rudnev y Elena Makarova. A ellos, como a las víctimas de Fontana, el Estado los atrapó en un laberinto kafkiano donde la palabra de la fuerza de seguridad pesa más que cualquier evidencia objetiva, manteniéndolos cautivos durante años bajo regímenes de prisión preventiva que violan sistemáticamente los derechos humanos internacionales.
Vemos este mismo patrón de criminalización, persecución y estigmatización racial en el sostenido acoso judicial contra figuras como Facundo Jones Huala, donde la identidad indígena es utilizada como un agravante encubierto para justificar la mano dura del Estado. Y vemos el desenlace fatal de estas prácticas en casos como el de Franco Casco, cuya detención arbitraria e ilegal terminó en su asesinato a manos de la policía.
El hilo conductor es innegable: la policía detiene sin motivos, aplica violencia, fabrica la evidencia (cartuchos, drogas, armas o falsas declaraciones de resistencia) y la Justicia firma la prisión preventiva.
Conclusión: Un sistema penal que opera como un cartel
El juicio a la patota policial de la Comisaría Tercera de Fontana, que continuará con las dolorosas declaraciones de las víctimas los días 13, 14 y 15 de octubre, es mucho más que un proceso local. Es una prueba de fuego para la maltrecha democracia argentina. Los diez imputados —Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti, Cristian Omar Benítez, Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre, Sofía Daiana González, Sebastián Alberto Vallejos y Claudia Beatriz Lucena— decidieron guardar silencio en la primera audiencia. Es el silencio corporativo de quienes se saben amparados por el poder de turno.
Como bien señaló el abogado querellante, las mujeres de la familia Fernández han demostrado una dignidad inquebrantable, soportando el embate de los medios hegemónicos, el racismo estructural y el trauma psicológico de los abusos. Han asistido a cada audiencia, esperando que, por una vez, la balanza se incline hacia la verdad.
Sin embargo, hasta que el Estado argentino no decida purgar a sus fuerzas de seguridad de estas prácticas mafiosas, prohibir los ascensos de funcionarios imputados por violencia institucional y, sobre todo, erradicar la validación automática de las actas policiales que alimentan el monstruo de la prisión preventiva, ningún ciudadano estará a salvo. Hoy es una familia qom en Chaco; mañana puede ser cualquier argentino cuyo nombre termine estampado en un acta policial falsificada, condenado al encierro antes de siquiera pisar un tribunal.
