(Miguel Angel Bustos, vía AP)
BARILOCHE — El activista mapuche Facundo Jones Huala fue condenado a cinco años y dos meses de prisión luego de un acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció pertenecer a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), organización que las autoridades vinculan con actos de intimidación y sabotaje en la Patagonia.
El juez federal Leandro Gómez Constenla de Bariloche homologó el acuerdo el 16 de septiembre de 2026. La condena se dictó en el marco del artículo 213 bis del Código Penal argentino, que sanciona a quienes organizan o integran grupos destinados a imponer sus ideas o combatir a otros mediante la fuerza o la intimidación, combinado con el delito de apología del delito. La pena se debe cumplir íntegramente, con descuento del tiempo ya pasado en prisión preventiva desde su detención el 6 de junio de 2025. Considerando ese período, se estima que la condena se extenderá aproximadamente hasta agosto de 2030.
Jones Huala, figura de larga trayectoria ligada a reclamos territoriales mapuches en la región, fue detenido en El Bolsón poco después de presentar el poemario Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria en un centro cultural de Bariloche en febrero de 2025. Durante el acto se describió como revolucionario y habló del sabotaje y la lucha armada como posibles herramientas de resistencia, aunque aclaró que no estaba convocando a la violencia inmediata. Los fiscales tomaron esas declaraciones y su postura pública más amplia como base para imputaciones que inicialmente incluían apología del delito, intimidación pública, incitación y participación en asociación ilícita. La investigación se amplió luego para alegar su pertenencia a la RAM desde 2011.
La causa fue clasificada como compleja, lo que permitió sucesivas prórrogas de la prisión preventiva. Jones Huala estuvo inicialmente alojado en el penal de máxima seguridad de Rawson, Chubut, lejos de su familia y de su comunidad cercana a Bariloche. Realizó huelgas de hambre, incluida una en la que se negó a ingerir líquidos, para reclamar el traslado más cerca de su hogar. Hubo órdenes judiciales de reubicación en la Unidad 14 de Esquel en más de una oportunidad, pero enfrentaron resistencia de las autoridades penitenciarias y del Ministerio de Seguridad nacional, que alegaron razones de seguridad. El traslado se concretó finalmente en julio de 2026 tras nuevas gestiones.
Su defensa, a cargo de la Gremial de Abogados, sostuvo de manera consistente que la acusación se basa fundamentalmente en discursos políticos y expresiones literarias, y no en pruebas concretas de haber ordenado actos de violencia, financiado ataques o dirigido delitos específicos. Los abogados calificaron la prolongada prisión preventiva y el alojamiento en un lugar lejano como irregulares y motivados por razones políticas. Los fiscales, entre ellos los de la fiscalía descentralizada de Bariloche, mantuvieron que las declaraciones y los vínculos organizativos demostraban la intención de imponer ideas por la fuerza y que la RAM está relacionada con episodios de incendios y vandalismo en Río Negro, Neuquén y Chubut. El grupo fue incorporado al registro público argentino de entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento a principios de 2025.
En el marco del juicio abreviado se dejaron de lado cargos potencialmente más graves contemplados en el artículo 210 bis (asociación ilícita destinada a poner en peligro el orden constitucional, con penas más altas). Jones Huala también fue declarado reincidente sobre la base de una condena anterior en Chile en 2018 por incendio y tenencia ilegal de armas en el marco de un conflicto por tierras. Esa condición limita el acceso a beneficios de libertad anticipada.
El desenlace cierra una causa que comenzó con la presentación pública de un libro y derivó en un prolongado proceso de prisión preventiva marcado por traslados, huelgas de hambre y visiones contrapuestas sobre el límite entre la expresión política y la organización delictiva. Jones Huala permanece detenido en Esquel mientras se calcula y se hace efectiva la condena. La resolución generó atención sobre los debates vigentes en Argentina acerca del uso de la prisión preventiva, el tratamiento legal del activismo indígena y la aplicación de las leyes que regulan a los grupos que propugnan el uso de la fuerza.
