Familiares de los policías detenidos piden justicia.
Enrique Gianola, quien se desempeñaba como subjefe en la Comisaría 7° de Rosario, rompió el silencio sobre las graves consecuencias que este proceso judicial dejó en su entorno íntimo. Tras ser llevado a juicio —junto a otros 18 agentes— por la muerte de Franco Casco, el oficial relató que el aislamiento en el penal de Marcos Paz provocó que su hijo perdiera el cabello, además de sufrir diversos problemas de salud derivados de la falta de contacto paterno.
La víctima del caso, un joven bonaerense de 20 años oriundo de Florencio Varela, se encontraba en la ciudad de visita. Los expedientes oficiales indican que el 7 de octubre de 2014 terminó demorado en la Seccional Séptima tras un operativo, aunque esa misma jornada, a las 22:00, se le permitió retirarse tras firmar su excarcelación. La preocupación comenzó 48 horas después, cuando sus parientes acudieron a la sede policial exigiendo respuestas sobre su paradero. El trágico desenlace se confirmó casi tres semanas más tarde, al aparecer su cadáver flotando en el río Paraná.
A pesar de que los médicos forenses no hallaron lesiones y catalogaron la causa del deceso como «indeterminada», la Justicia Federal avanzó con la hipótesis de que el muchacho había sido ultimado en el interior de la comisaría, bajo un posterior encubrimiento policial.
Franco Casco.
Guiados por esa línea de investigación, transcurrieron dos años y medio hasta que se ordenó el arresto de unos 30 efectivos. De ese grupo, 19 enfrentaron el juicio oral que culminó en 2023 con la absolución general de todos los procesados.
Uno de los uniformados que recuperó la libertad fue el subcomisario Gianola. Tras pasar casi seis años en prisión, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas para rememorar la pesadilla familiar: «Estuve al principio detenido en Gendarmería y también fui al penal federal de Marcos Paz. Después de ahí se me dio el arresto domiciliario».
El alivio de volver a su casa duró poco tiempo: «Un día el juzgado dijo que no me correspondía el arresto domiciliario, porque yo lo había solicitado por mi hijo, así que fue otra despedida dolorosa que él tuvo que pasar». A partir de ese momento, los encuentros de visita pasaron a ser su único soporte emocional: «Una vez por semana una sonrisa de tu hijo borra un montón de cosas, descomprime y te ayuda a sobrepasar, y se da un anhelo de verlo a la otra semana». Tras la anulación del beneficio, terminó confinado en una celda de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El oficial explicó que el menor, Ignacio, ya se encontraba bajo tratamiento psicológico y motriz antes del arresto: «Por la situación, hasta los expertos decían que la estaba sobrellevando muy bien». El quiebre físico y emocional se produjo durante la reclusión en Marcos Paz: «Un día apareció cayéndosele el pelo. Dicen que debe ser por los nervios, acumulan, acumulan y llega un momento que se destapa: se le peló toda la nuca». Paradójicamente, la condición del niño mejoraba cuando su padre estaba en el hogar, pero empeoró al ser trasladado nuevamente: «Empezó a mejorar, y cuando ya estaba mejor se me sacó del arresto domiciliario». En medio de esta situación, Gianola también perdió a su madre: «El juez se apiadó y me dio dos horas y media para ir al velorio».
El padecimiento relatado por Gianola se refleja fielmente en los testimonios de otras familias acusadas. Verónica Enciso, pareja del oficial Guillermo Gysel, reconoció que al principio intentaron esconder la verdad: «A nuestros hijos les dije que el padre estaba ahí porque estaba trabajando, les dijimos eso porque eran muy niños». El engaño se sostuvo por muy poco tiempo: «A las pocas veces de ir, uno de ellos me dijo que ese no era el lugar del trabajo del padre, que ese lugar era feo».
Enciso también expuso el maltrato sufrido durante los controles de ingreso al penal: «Hacían que le saque la ropa y se la vuelva a poner a mis hijos de un año y cinco años». A su vez, remarcó las secuelas orgánicas en los menores: «Iban bien de salud y cuando volvían tenían broncoespasmos. Iban sanos y volvían enfermos». Las irregularidades también abarcaban la higiene de las provisiones: «Con el mismo cuchillo sucio con el que abrían el jabón en polvo, con ese te cortaban la comida». En medio de tanta hostilidad, la fe fue su principal refugio: «Para darnos fuerzas entre nosotros nos juntábamos a rezar el día de la visita».
El dolor constante de los allegados y los fuertes cuestionamientos a la instrucción de la causa han quedado documentados de forma contundente en un video público difundido recientemente por los propios familiares de los acusados.
Por otro lado, Elisabet Gysel, hermana de Guillermo, centró su relato en el sufrimiento de sus sobrinos, quienes tenían apenas 4 y 1 año al momento de los arrestos. «Santiago, el más chiquito, siempre se descomponía la noche anterior de ir a ver al papá a la cárcel, tenía vómitos y problemas estomacales. Le hacía mal que lo veía un ratito y después no sabía cuándo lo iba a volver a ver. Era su forma de expresarse», detalló. Del sobrino mayor, rememoró las dolorosas dudas durante los festejos: «Preguntaba por qué el papá no estaba en su cumpleaños, en Navidad, en el Día del Padre».
Para Gysel, el daño provocado por el expediente es incalculable: «Te destruye como familia, fueron seis años en una incertidumbre sin pasar las fiestas, cumpleaños; mi mamá se enfermó, empezó a tener enfermedades que antes no tenía». A esto se sumó el peso del rechazo social: «Me pasó de hablar con una persona del trabajo y perdí la voz por semanas porque no soporté que me diga que mi hermano es un asesino. Le dije por qué hablás así de mi hermano si no lo conocés, por el solo hecho de ser policía lo acusás».
Al analizar las evidencias del caso, Gysel rechazó tajantemente la teoría acusatoria: «Cuando vi la cámara de seguridad que tomó a Franco Casco cerca de la cancha del Club Rosario Central, me impactó, porque era él, y la Fiscalía decía que lo mataron en la comisaría». En su descargo, dejó una frase devastadora: «En esta causa fallecieron mamás sin saber que sus hijos fueron absueltos».
Alejandra Gómez, cónyuge del policía Marcelo Guerrero, debió enfrentar el mismo escenario con su pequeño. «Lorenzo tenía 6 años cuando mi marido fue detenido, preguntaba por el padre, le dijimos que estaba trabajando en Gendarmería Nacional», relató. «Yo sentía que era una injusticia inexplicable, no sabía cómo explicárselo a él», reconoció. Finalmente, la familia optó por la verdad: «Le explicamos que a su papá lo acusaron de algo que no había cometido. Se angustió y se puso mal, ya se dio cuenta de que su papá no lo iba a poder acompañar a ningún lado».
Laura Martínez, hermana del agente Fernando Blanco, detalló que optaron por inventar un viaje de capacitación para justificar la ausencia: «Al comienzo les mentimos que el padre se había ido a hacer un curso a otro lado y por eso no volvía a la casa». «Mi sobrina más chica no entendía por qué el papá no la podía llevar a jugar a la plaza, por qué no la podía llevar a la escuela, por qué cuando ella se enfermaba no la podía llevar al médico», explicó, para luego sentenciar: «Nos destruyó a todos». Tras conocerse el fallo de la Justicia rosarina, el desahogo fue absoluto: «Yo sabía que estaban todas las pruebas de que son inocentes, fue una alegría inmensa, decíamos: se terminó».
Para Mariela Terengue, pareja de Diego Álvarez —titular de la Comisaría Séptima cuando ocurrió el hecho—, el inicio de la pesadilla quedó marcado a fuego: «El 4 de septiembre de 2017 el primer mensaje que recibí de mi marido fue: ‘Feliz cumpleaños mi amor, lamentablemente me van a detener, esto se va a resolver pronto'». «Para nosotros fue muy angustiante desde el minuto cero. Creíamos que esto iba a durar unos días y fue el comienzo de una película de terror», confesó, remarcando la hostilidad externa: «Lo que vivimos socialmente es que ya había una condena instalada».
El titular de la ONG Inocente Colectivo y hermano del comisario, Hugo Álvarez, dimensionó las graves secuelas en las nuevas generaciones: «Muchos estuvieron detenidos seis años y a los hijos les dejó una marca». Su reflexión final fue tajante: «Cualquiera de los hijos que tenía 3 o 4 años pasó más tiempo sin su papá que con él. Muchos se criaron sin conocer en su infancia al padre libre. Son dolores irreparables que la Justicia no te los puede devolver».
A pesar del fallo favorable obtenido en 2023, la causa judicial está lejos de concluir. La intervención del Tribunal de Casación, que aceptó una apelación interpuesta por el fiscal federal Oscar Arrigo, obliga a emitir un nuevo dictamen sobre el caso. Frente a este sorpresivo revés procesal, los efectivos acusados ya han elevado sus reclamos al máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firme intención de que su declaración de inocencia quede definitivamente ratificada.
Fuente: Noticias Argentinas https://noticiasargentinas.com/sociedad/caso-casco—a-mi-hijo-se-le-cayo-el-pelo-cuando-estuve-preso-en-marcos-paz—dijo-uno-de-los-policias-detenidos_a6a7d2d3ee7aaa8968dbb70bd
