Protesta de los familiares de los acusados en el caso de Franco Casco.
La prisión preventiva ocupa un lugar muy preciso en el derecho internacional. Está concebida estrictamente como una medida excepcional, justificada solo cuando resulta absolutamente necesaria, y blindada con garantías para proteger la presunción de inocencia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece claramente que la privación de libertad antes de un juicio debe aplicarse con extrema cautela y únicamente ante la falta de alternativas viables. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha insistido en reiteradas ocasiones en que los tribunales están obligados a examinar si medidas menos lesivas pueden lograr el mismo objetivo de protección.
El tiempo es el factor medular en este análisis. Una medida excepcional jamás puede prolongarse indefinidamente sin perder su esencia legal. El control judicial debe ser férreo y efectivo, obligando a los jueces a verificar si los argumentos esgrimidos inicialmente por los fiscales mantienen su validez con el paso de los meses. La presunción de inocencia no es un principio meramente decorativo. Exige, de forma innegociable, que el acusado sea tratado como una persona libre de culpa y que no se le arrebate la libertad durante períodos extensos sin una justificación de peso irrefutable.
He analizado a fondo los casos de Konstantin Rudnev y de los policías acusados del asesinato de Franco Casco en Argentina. Si bien sostengo la inocencia de Rudnev, no tomo una postura definitiva sobre el homicidio de Franco Casco, un caso de extrema complejidad que aún requiere un estudio más exhaustivo. Sin embargo, sí mantengo una posición firme e inquebrantable respecto al uso de la prisión preventiva en la causa Casco. Al igual que ocurre con Rudnev, el encarcelamiento anticipado parece aplicarse de una forma que viola flagrantemente el derecho internacional. Para desmenuzar este punto, primero es necesario esbozar cómo se ha interpretado a nivel global el principio jurídico de la excepcionalidad de la prisión preventiva. Mi método se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuyas decisiones resuenan cada vez con más fuerza fuera de Europa, así como en interpretaciones rigurosas de los principios internacionales.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha consolidado un corpus jurisprudencial sólido sobre la prisión preventiva, y sus sentencias trazan un mapa detallado de los límites que todo sistema democrático debe respetar. El Tribunal ha dictaminado que el encarcelamiento previo al juicio debe tener un límite de tiempo estricto y justificarse mediante motivos concretos e individualizados. Ha revisado expedientes donde los fiscales se amparan en fórmulas genéricas y ha hallado violaciones sistemáticas cuando los tribunales no ejercen un escrutinio real. Además, el TEDH insiste en que el paso del tiempo altera el escenario jurídico. Un riesgo que podría justificar la detención en los albores de una investigación puede desvanecerse conforme transcurren los meses. En múltiples sentencias, el Tribunal ha condenado las detenciones prolongadas provocadas por la lentitud investigativa o la negligencia de las autoridades. También ha reprobado a los Estados cuando no consideran alternativas a la cárcel, detectando violaciones de derechos cuando los jueces ni siquiera exploran opciones como fianzas, obligaciones de comparecencia o restricciones de movimiento.
En el emblemático caso Letellier v. Francia (26 de junio de 1991), el Tribunal dictaminó que la prisión preventiva debe mantener su carácter excepcional y jamás puede justificarse apelando únicamente a la gravedad de los cargos. La señora Letellier estaba acusada de haber contratado a dos sicarios para asesinar a su marido. Era una acusación de una gravedad extrema. Sin embargo, incluso frente a este escenario, la corte europea sostuvo que la detención previa al juicio debía limitarse a un plazo razonable y, de haber un acusado encarcelado, la investigación debía avanzar con máxima celeridad. Los argumentos del Estado francés —que era necesario evitar presiones sobre los testigos, que existía riesgo de fuga, que la supervisión judicial era insuficiente y que su liberación alteraría gravemente el orden público— fueron categóricamente desestimados.
La histórica decisión del caso Letellier ha sido citada en innumerables sentencias posteriores porque consagra un principio innegociable: la prohibición de mantener a los acusados en prisión preventiva por un tiempo que exceda los límites razonables, especialmente cuando la instrucción penal se estanca, es de carácter absoluto y no admite excepciones ni siquiera por la brutalidad del delito investigado o por un hipotético riesgo de influencia sobre los testigos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fijó otro pilar jurisprudencial en el caso Clooth v. Bélgica (12 de diciembre de 1991). Allí determinó que la prisión preventiva no puede extenderse cuando las autoridades encargadas de investigar fracasan en su deber de actuar con la debida diligencia. También en este caso el crimen era de una atrocidad inusitada: el asesinato de una niña. Dadas las circunstancias, el Tribunal reconoció que podría haberse justificado una prisión preventiva más prolongada de lo habitual. No obstante, los magistrados europeos advirtieron que la fiscalía había conducido la investigación de manera negligente y muy cuestionable. Esta desidia institucional hizo que la duración del encarcelamiento, incluso tratándose de un homicidio, resultara completamente injustificada.
A Letellier y Clooth, como clásicos fundacionales, suele sumarse el fallo Ilijkov v. Bulgaria (26 de julio de 2001), dado que aporta una explicación minuciosa de otro principio clave: la legitimidad de la prisión preventiva también está subordinada a la efectividad, equidad y fácil acceso a recursos y apelaciones para el acusado. Un amparo procesal que, en el caso búlgaro, brillaba por su ausencia.
En conclusión, las primeras sentencias del TEDH, aplicando con rigor el derecho internacional, establecieron tres dogmas fundamentales sobre la prisión preventiva como medida que debe preservar su excepcionalidad. No debe exceder plazos razonables ni siquiera en los crímenes más graves. Debe ir acompañada de un impulso investigativo sin demoras injustificadas. Y debe aplicarse en un marco donde los recursos de apelación y las vías hacia un Tribunal Supremo sean accesibles para el acusado, se resuelvan a tiempo y se examinen con total imparcialidad.
Estos principios están hoy profundamente arraigados y se repiten en docenas de decisiones del TEDH. Aun así, resulta revelador citar dos fallos dictados en el año 2026, ya que ambos involucran a Ucrania pero llegan a conclusiones opuestas, lo que demuestra la sutil precisión de este marco legal.
En el caso Kolesnyk y Smelnytskyy v. Ucrania (23 de julio de 2026), el Tribunal admitió una excepción al principio de Letellier al tratarse de un país en situación de guerra. En este contexto, cuando un acusado es investigado por delitos como alta traición y espionaje, lo que en tiempos de paz sería una detención preventiva prohibida puede adquirir legitimidad. Pero incluso en este escenario de emergencia extrema, el principio de que la prisión preventiva es un remedio de excepción mantiene intacta su validez.
En otro fallo de 2026, Derevyanko y Tarasova v. Ucrania, resuelto el mismo día que Kolesnyk, el TEDH sentenció que, incluso en casos de espionaje dentro de un estado bélico, el interés del Estado para justificar la prisión preventiva debe equilibrarse obligatoriamente con los derechos humanos de los acusados. A diferencia de Kolesnyk, el TEDH falló en contra de Ucrania, argumentando que el manejo de las pruebas por parte de los fiscales y su evaluación sobre el riesgo de fuga en ese expediente particular carecían por completo de solidez.
La evaluación que hace el TEDH de la prisión preventiva en una Ucrania devastada por la guerra confirma así que ni siquiera las excepciones a los principios generales en casos de espionaje o conflictos bélicos son cheques en blanco. Lo único verdaderamente absoluto es el principio de que la prisión preventiva debe ser tratada como un recurso excepcional, sin importar la gravedad del delito.
La sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Varios países europeos han asimilado estos principios en sus legislaciones internas con notable precisión. En Alemania, la prisión preventiva está sometida a plazos inflexibles, y los tribunales tienen la obligación de justificar cualquier prórroga mediante argumentaciones detalladas. En Francia, el encarcelamiento sin condena está limitado a dos años, salvo contadísimas excepciones, y los jueces deben revisar la medida en intervalos regulares. Aunque estos sistemas difieren en sus matices técnicos, comparten un cimiento inamovible: la prisión preventiva es una rareza procesal, y su uso exige justificación en cada una de sus etapas.
Argentina, sin embargo, exhibe una postal diametralmente opuesta. El uso de la prisión preventiva está descontrolado y su naturaleza excepcional ha sido devorada por el sistema. No hablamos de excesos aislados, sino de un método de trabajo crónico. La detención preventiva se dicta habitualmente en la fase preliminar de instrucción, imponiendo períodos de encierro que resultan imposibles de catalogar como proporcionales. Los acusados pueden permanecer en prisión durante años mientras las lentas pesquisas siguen su curso. El caso de Franco Casco ilustra la magnitud del problema: un comisario de policía y varios colegas pasaron seis años en prisión preventiva. Ante esto, surge una pregunta procedimental elemental: ¿qué clase de investigación requiere seis años? Ni la complejidad del expediente ni el volumen de tareas investigativas justifican semejante barbaridad temporal.
La propia legislación nacional argentina apunta hacia un horizonte muy distinto. El artículo 210 del Código Procesal Penal construye una escala de medidas coercitivas y relega la prisión preventiva en un centro penitenciario al último escaño. La Corte Suprema ha enfatizado que no puede aplicarse de manera arbitraria o rutinaria. En la práctica, estas restricciones no se respetan sistemáticamente. Las cifras oficiales confirman el tamaño de la herida: a finales de 2024, 45.305 personas estaban privadas de su libertad sin contar con una sentencia firme, lo que representa el 37,3% de toda la población penitenciaria. La fuente es el informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Un porcentaje tan escandaloso significa que una medida excepcional se ha convertido en una herramienta de trabajo corriente. En teoría, su fin es cautelar, pero el encierro prolongado genera un ecosistema propicio para ejercer presión sobre los acusados y arrancarles confesiones o acuerdos de culpabilidad negociados.
La práctica del Ministerio Público Fiscal contribuye de manera decisiva al problema. No se limita únicamente a estirar los plazos procesales. Involucra una coacción sobre el acusado a través del desgaste de una larga prisión preventiva y la aterradora perspectiva de pasar años bajo custodia antes de ver un fallo. También se ejerce presión sobre los denunciantes mediante intimidaciones y restricciones al derecho a la defensa.
El caso de Konstantin Rudnev ilustra el ritmo y la calidad de estas investigaciones. Después de un año y medio de encierro, las diligencias investigativas más básicas recién acaban de comenzar. Ninguno de los acusados ha sido interrogado. Los análisis de los medicamentos incautados al momento de la detención demostraron que no contenían sustancias estupefacientes. Los investigadores tardaron más de un año desde la apertura de la causa para examinar los objetos y medicamentos secuestrados en los allanamientos. El peritaje de los teléfonos avanza a un ritmo extremadamente lento. El contenido de las maletas incautadas consiste principalmente en ropa, zapatos, efectos personales y comida. No existe documentación contable, financiera ni de ningún otro tipo que explique peritajes tan prolongados. La pregunta se impone sola: ¿qué han estado examinando exactamente durante un año y medio?
Tanto en el caso Rudnev como en el de Franco Casco, ambos en manos del mismo fiscal, Fernando Arrigo, la aplicación de las tres pruebas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos llevaría a la conclusión de que una prisión preventiva tan prolongada carece de justificación. La prueba Letellier: la detención previa al juicio es excesivamente larga. La prueba Clooth: el fiscal y su equipo son excepcionalmente lentos para hacer avanzar la investigación. Y la prueba Ilijkov: los recursos de apelación y las garantías no parecen estar fácilmente disponibles ni se resuelven de manera oportuna y justa.
La conclusión debe formularse con cuidado. Si el actual régimen de prisiones preventivas sigue vigente, es difícil afirmar que Argentina cumple con los estándares de un proceso penal democrático y humano. La presunción de inocencia, los derechos humanos y el carácter humanitario declarado del procedimiento existen formalmente, pero pierden todo su significado cuando una persona pasa años en prisión antes de cualquier sentencia. La sugerencia que se impone es modesta y más jurídica que política. Argentina debería alinear la aplicación de la prisión preventiva con el derecho internacional y con sus propios principios constitucionales.
Konstantin Rudnev en tiempos más felices.
Habría que añadir que los factores humanitarios en la prisión preventiva también deben ser considerados. El estado de salud de Konstantin Rudnev ha empeorado drásticamente a causa de su detención. Tal como lo muestra un conmovedor video del caso Casco, los años de incertidumbre, la distancia y la hostilidad institucional reconfiguraron la vida cotidiana de las familias de los acusados de maneras que ningún sistema legal debería ignorar. Niños que antes esperaban a que sus padres volvieran del trabajo comenzaron a asociar la palabra «visita» con detectores de metales, cacheos y el pavor a ser separados de nuevo. Varios menores desarrollaron broncoespasmos, vómitos, diarrea y regresiones en su desarrollo. Los médicos explicaron que estos síntomas eran emocionales. Los niños eran desnudados durante los controles de seguridad, se les pedía que se quitaran los zapatos y se les sometía a procedimientos que no podían comprender. Viajaban largas distancias solo para volver a casa enfermos y en silencio. Algunos dejaron de hablar, otros mojaban la cama, otros perdieron la capacidad de caminar y volvieron a gatear. Un niño con retrasos en el desarrollo comenzó a sufrir regresiones después de cada visita, y otro, que no podía expresarse verbalmente, reaccionaba con fiebre y vómitos cada vez que se daba cuenta de que se acercaba un viaje a la prisión. Estas experiencias dejan marcas que perduran mucho después de que el caso legal haya terminado.
Los adultos cargaron con sus propias cruces. Las esposas viajaban cientos de kilómetros para ver a sus maridos durante unas pocas horas, soportaban requisas invasivas e intentaban mantener la calma para que la visita no fuera interrumpida. Una mujer estaba bajo tratamiento contra el cáncer mientras criaba a sus hijos sola. Otra perdió la visión de un ojo y más tarde necesitó cirugía cardíaca, condiciones que los médicos vincularon con el estrés emocional prolongado. Las familias describieron cómo tuvieron que adaptarse a las rutinas del sistema penal, cómo la comida traída de casa era perforada con cuchillos usados momentos antes para abrir bolsas de detergente, cómo a los bebés les quitaban los pañales durante las inspecciones y cómo cada salida de la sala de visitas era un momento de angustia. Los hermanos mayores se convirtieron en tutores de facto, abandonaron la escuela para cuidar a los niños más pequeños y trataron de protegerlos de la verdad. Una niña de diez años explicó que había aprendido a reprimir las lágrimas durante las visitas para no alterar a su madre. Otro niño sufrió acoso en la escuela porque sus compañeros decían que no tenía padres.
Estos relatos confirman que la prisión preventiva no es una medida procesal neutral. Es una fuerza arrolladora que remodela a familias enteras, impone un sufrimiento que ninguna decisión judicial puede reparar y crea un legado de trauma que persiste mucho después de que los tribunales hayan dictado sentencia.
La prisión preventiva debe ser excepcional. Cuando se convierte en rutina, deja de ser lícita. El sistema argentino ha llegado a un punto en el que esta medida se utiliza de formas que contradicen los estándares internacionales y se desvían del ejemplo sentado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los acusados, sus familias y la credibilidad del sistema de justicia son quienes sufren las consecuencias. Lo que se necesita desesperadamente es una reforma que restaure el carácter excepcional de la prisión preventiva, fortalezca el Estado de derecho y alinee a Argentina con los principios que se ha comprometido a respetar.
Fuente: Bitter Winter https://bitterwinter.org/preventive-detention-international-standards-european-practice-and-the-argentine-drift/
