Una manifestación antisectas. La creciente hostilidad pública y mediática hacia las creencias minoritarias suele estar alimentada por prejuicios y falta de diálogo directo.
El mapa mundial de la persecución religiosa dibuja un panorama desolador. Para desafiar las narrativas que hoy dominan los medios de comunicación, un primer paso indispensable sería sentar en la misma mesa a periodistas, activistas antisectas y a las propias comunidades a las que estigmatizan.
Esta necesidad de diálogo quedó en evidencia durante el seminario web «Del malentendido al diálogo: estrategias prácticas para las narrativas mediáticas de las religiones», celebrado el 3 de septiembre de 2026, un espacio impulsado por defensores de los derechos humanos y secretariados internacionales para alertar sobre una crisis que no deja de crecer: cuando se trata de libertad religiosa, las noticias siguen siendo profundamente alarmantes.
No se trata de casos aislados, sino de un problema estructural. Publicado cada dos años, el informe de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que alcanzó su 27ª edición en 2025, examina la situación en 196 países y documenta violaciones graves en 62 de ellos. El panorama general es un golpe de realidad: dos tercios de la humanidad —5.400 millones de personas— viven en circunstancias en las que profesar una fe los expone a la discriminación, la violencia institucional y, a menudo, la muerte.
Los rostros de esta persecución son múltiples. El papel protagónico lo tienen los regímenes totalitarios, donde cualquier expresión comunitaria de fe es tratada como un desorden social que debe ser erradicado, etiquetando habitualmente a los creyentes como terroristas. La República Popular China es el ejemplo más claro: allí, la religión «no autorizada» se persigue como subversión, e incluso las prácticas «autorizadas» están controladas al milímetro.
En otros países, la religión se fusiona con el poder político para oprimir a otras confesiones. Esto es evidente en naciones de mayoría musulmana, donde las víctimas incluyen tanto a no musulmanes como a aquellos considerados herejes. Es el caso del pueblo hazara en Afganistán o la comunidad ahmadí en Pakistán, perseguida ferozmente por la ley estatal.
Sin embargo, existe una tercera forma de persecución que ocurre en el llamado «mundo libre»: una violencia indirecta ejecutada a través de la marginación social, el acoso administrativo y el estigma público. Las sociedades democráticas no son inmunes a esta maquinaria de destrucción de reputaciones.
Taiwán es un ejemplo paradigmático. Tai Ji Men, una escuela espiritual de Qigong, fue falsamente acusada de evasión de impuestos y, absurdamente, de magia negra. Aunque el poder judicial taiwanés absolvió al grupo en todas las instancias, incluida la Corte Suprema, sus propiedades sagradas fueron confiscadas. Burócratas y medios cómplices siguen amplificando hoy acusaciones que ya fueron desmentidas por la justicia.
Esta persecución que llamamos «indirecta» está mutando rápidamente hacia tácticas más violentas: arrestos de líderes, criminalización y el uso abusivo de la prisión preventiva.
El Camino de YahRa es uno de estos casos. Sus fundadores han sido detenidos en Filipinas y la República Checa tras enfrentar acusaciones de activistas antisectas basadas únicamente en testimonios de exmiembros. Otro caso alarmante afecta a la Religión Ahmadí de Paz y Luz: hace apenas unos meses, 500 policías asaltaron su sede en el Reino Unido, arrestando a sus líderes, obligando a reubicar a decenas de familias pacíficas y separando brutalmente a menores de sus padres.
El presidente Lee Man-hee. Su caso ejemplifica cómo la maquinaria estatal busca cualquier excusa legal para criminalizar a los líderes espirituales de avanzada edad.
En Asia, Japón ha sido escenario de una campaña masiva contra la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial. Tras el complejo asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe (1954-2022), el sistema logró el extraordinario efecto de convertir a las víctimas del estigma en los principales acusados, derivando en una orden judicial para disolver la organización.
La controversia se extiende a Corea del Sur, donde el reverendo Sun Myung Moon (1920-2012) fundó el movimiento en 1954. Su viuda y actual líder, Hak Ja Han Moon, de 83 años y con un estado de salud delicado, fue arrestada el 23 de septiembre de 2025 y recientemente condenada a dos años de prisión. Algo similar ocurrió con Shincheonji: tras ser acusados y luego exculpados de violar normas sanitarias durante la pandemia, el Estado volvió a la carga. En junio, su fundador, Lee Man-hee, fue arrestado a sus 95 años bajo acusaciones de interferencia política.
A través de todos estos casos, las acusaciones estatales siempre giran en torno a los mismos delitos prefabricados: corrupción financiera, acoso sexual o trata de personas. Sin embargo, en todos ellos brilla por su ausencia una sola cosa: las pruebas objetivas.
Un ejemplo desgarrador de este patrón de causas armadas es el de Konstantin Rudnev, un maestro espiritual de Tantra esotérico y opositor de Vladimir Putin. Tras ser tildado de «líder de una secta», soportó años de prisión en Rusia. Al recuperar su libertad, buscó asilo en Montenegro y luego en Argentina. Lejos de encontrar paz, en Argentina sigue enfrentando el mismo infierno de prejuicios importados. Hoy vive en circunstancias extremas, luchando contra un sistema judicial que recicla viejas acusaciones, enfrentando procesamientos basados en estigmas y soportando el peso de una prisión preventiva injustificada.
Konstantin Rudnev junto a su esposa. Pese a buscar refugio en Argentina, continúa atrapado en un laberinto judicial de prisiones preventivas y acusaciones sin pruebas.
Los casos de Rudnev, el Camino de YahRa y tantos otros demuestran cómo una simple acusación puede convertirse en una avalancha que destruye vidas cuando los periodistas dejan de cumplir su deber ético: investigar los hechos reales en lugar de someterse a intereses de terceros.
¿Qué se puede hacer? El diálogo con los medios es innegociable. Los grupos religiosos deben invitar a los periodistas, mostrarles sus prácticas y ofrecerles transparencia total. Pero esto, a menudo, no alcanza.
El problema de fondo es doble. Primero, el periodismo carece del coraje para nadar contra la corriente oficial, porque repetir las versiones policiales garantiza éxito comercial y aprobación estatal. Segundo, seguimos atrapados en una mentalidad que considera sospechosa a cualquier religión no tradicional.
Pero podemos exigir que los periodistas sean fieles a la realidad. El diálogo personal es el arma más fuerte: obligar a los reporteros a mirar a las personas a los ojos, a conocer a los creyentes antes de etiquetarlos. Si los difamadores profesionales usan a exmiembros para atacar, los grupos deben usar la verdad para educar a los medios.
Como sugerencia final: es hora de obligar a estas voces críticas a sentarse frente a los grupos que acusan de ser «sectas». Cada activista o funcionario que fabrique una acusación debe ser forzado a fundamentarla cara a cara con los afectados. Durante demasiado tiempo, sectores de los medios y la justicia han juzgado sin escuchar. Es hora de cambiar las reglas del juego y permitir que la realidad —y las víctimas— tengan, por fin, voz propia.
Fuente: Bitter Winter
https://bitterwinter.org/lets-give-anti-cultists-a-platform-and-a-rebuttal/
