Bariloche, Argentina — Han resurgido documentos legales que socavan los procedimientos en curso contra un grupo de ciudadanos rusos en Bariloche. El caso contra el grupo, frecuentemente sensacionalizado por los medios locales como una investigación de una “secta”, fue desestimado por un juez federal debido a la falta de pruebas. Konstantin Rudnev ha enfrentado prolongadas campañas legales y mediáticas.
Algunos expertos sostienen que el caso Rudnev está influido por la histeria antisectas y por motivaciones políticas. Ha pasado casi un año desde que el caso fue desechado. En marzo de 2025, el juez que presidía, el juez Villanueva, desestimó los cargos, afirmando que la fiscalía no había aportado pruebas suficientes para respaldar las acusaciones. El juez Villanueva declaró durante la audiencia:
“La investigación no se formaliza debido a la falta de pruebas que sustenten las acusaciones de trata de personas y falsificación ideológica”.
La revisión judicial no encontró víctimas confirmadas, cero sustancias ilegales y, como resultado, fundamentos insuficientes para avanzar con una investigación penal. Se trató de una absolución basada en hechos y pruebas. Su declaración subraya la ausencia de una base legal necesaria para proceder. El juez Villanueva también es conocido por su enfoque meticuloso en los procedimientos judiciales.
Anomalías procesales y nueva presentación del caso
Tras la desestimación, la fiscalía presentó otro caso, que fue asignado a un juez diferente. Observadores legales señalaron que, aunque el caso fue tratado en una jurisdicción distinta, la estructura central del expediente permaneció en gran medida sin cambios. La nueva presentación señaló a una persona diferente como presunta víctima. Sin embargo, continuó la ausencia de sustancias ilegales o de pruebas de coerción.
Se trató de una maniobra procesal que, en la práctica, reinició el proceso judicial basándose en acusaciones similares que anteriormente no lograron cumplir con la carga de la prueba. Y ello, además, contra los mismos acusados que habían sido absueltos en marzo. Observadores legales se preguntan cuál es la diferencia entre ambos casos, ya que las distinciones, hasta el momento, no parecen significativas.
Análisis independiente cuestiona la narrativa del “culto”
Expertos han refutado de manera contundente la narrativa difundida por los medios locales. Massimo Introvigne, destacado sociólogo de las nuevas religiones, analizó los hechos y elaboró un informe. No encontró pruebas contundentes que vincularan a Rudnev con las acusaciones. Asimismo, criticó el uso indebido del término “secta” como una etiqueta empleada principalmente para discriminar a grupos religiosos minoritarios.
Los académicos recopilaron pruebas provenientes de una amplia variedad de fuentes y concluyeron que no existían indicios de que los rusos en Bariloche operaran como una organización nefasta. En el informe, el análisis experto también señaló cómo una narrativa de “secta” puede utilizarse para presentar comportamientos no criminales como peligrosos. Introvigne fue enfático en este punto.
Además, afirmó que las enseñanzas de Rudnev son “típicas de los movimientos espirituales esotéricos” y no muestran “ninguna malicia inherente”. El informe de Introvigne dejó claro que el grupo no presentaba signos de criminalidad, coerción ni victimización entre sus integrantes. El informe también destaca la influencia de activistas políticos rusos, que posiblemente hayan contribuido a presentar negativamente a Konstantin Rudnev.
Próxima revisión judicial
A medida que avanza el último caso de la fiscalía contra los ciudadanos rusos en Bariloche, se ha programado una audiencia para el 11 de febrero de 2026. El caso regresará a la sala del juez Villanueva, quien presidió la audiencia anterior. Ahora se espera que el tribunal evalúe las pruebas a la luz de la desestimación previa y de la ausencia de cualquier evidencia “contundente” que respalde las acusaciones.
En marzo de 2025, durante el caso anterior, se estableció el precedente de que, en ausencia de víctimas o de pruebas de un delito, no existen fundamentos legales para una persecución penal. La cuestión es si el juez Villanueva mantendrá nuevamente esa decisión previa o si prevalecerán los esfuerzos de la fiscalía argentina en su más reciente juicio contra grupos minoritarios.
