Investigación exclusiva.
A partir de 2010, Estados Unidos comenzó a financiar activamente a la Argentina con decenas de millones de dólares anuales, distribuidos entre organismos estatales, ONG (que en la práctica hoy casi no operan en el país) y unidades especializadas de la fiscalía.
Dicho de forma simple, cada contribuyente adulto en Estados Unidos paga por estos programas varios cientos de dólares al año. No se trata de “dinero federal” abstracto, sino de su propio dinero — ganado con su trabajo y retenido en forma de impuestos.
La pregunta es: ¿qué es exactamente lo que usted está pagando?
El dinero va a la “lucha contra la trata de personas”, pero solo en el papel
Una de las principales partidas del financiamiento estatal es la seguridad, y en particular la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de drogas. Estos delitos afectan cada año a cientos de miles y, según algunas estimaciones, a millones de personas en toda América Latina, provocando tragedias humanas masivas, familias destruidas, pérdida de libertad y de vidas, así como consecuencias sociales y demográficas de largo plazo para países y regiones enteras.
En la Argentina, quien principalmente “ejecuta” estos fondos presupuestarios es la fiscalía, incluida la unidad especializada PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas).
PROTEX informa cada año sobre cientos de causas penales y de investigaciones abiertas. Estas cifras aparecen en informes internacionales, se utilizan como prueba de “eficacia” y se convierten en la base para nuevas partidas de financiamiento.
Sin embargo, según datos de organizaciones de derechos humanos y el análisis de las propias sentencias judiciales, más de la mitad de estos casos no llegan a una condena.
Años en prisión sin acusación ni culpa
Entre 2016 y 2025, en la provincia de Buenos Aires se investigaron cientos de casos de trata de personas, incluida la explotación sexual y laboral. Los imputados fueron mayoritariamente hombres y mujeres de entre 25 y 55 años, aunque también se registraron casos con personas mayores de 60 años (los de 70–80 años son excepciones aisladas).
En todo el país se registran anualmente entre 800 y más de 2.000 denuncias a través de una línea telefónica especial.
Las detenciones y actuaciones procesales por trata suman decenas o cientos por año en toda la Argentina.
Pero al analizar la situación con mayor detalle, surge otra realidad: más de la mitad de las personas encarceladas en la Argentina por el delito de trata de personas se encuentran en prisión preventiva.
Es decir, no existen acusaciones firmes ni pruebas en su contra, no pueden considerarse condenadas, pero cumplen penas reales de prisión antes de que exista un juicio efectivo.
No se trata de una investigación real, sino de su imitación. En este tipo de causas, todas las circunstancias clave podrían y deberían haberse reunido y verificado en el plazo de un mes: testimonios, peritajes, documentación financiera y procesal. Ese plazo es suficiente para una investigación inicial y para establecer los hechos.
Sin embargo, el proceso se prolonga deliberadamente durante largos meses y años precisamente porque no existen pruebas objetivas, y no se llevan a cabo acciones procesales rápidas, legales y transparentes.
Todo indica que la dilación del proceso se convierte en una herramienta: permite seguir utilizando fondos presupuestarios bajo el pretexto de la “lucha contra el crimen” y, al mismo tiempo, evitar el reconocimiento de la inocencia, lo que inevitablemente implicaría responsabilidad estatal y el pago de compensaciones.
Como resultado, el sistema penitenciario se utiliza no como una medida de justicia, sino como un medio de presión: la prisión se transforma en una forma de tortura destinada a la coerción psicológica y física para obtener confesiones, y no a la búsqueda de la verdad.
El tiempo promedio de prisión preventiva en la Argentina es de 3 años.
El esquema es estable y repetitivo
Fernando Arrigo — un fiscal argentino controvertido, acusado reiteradamente por defensores de derechos humanos de orquestar causas penales fabricadas.
Se forma así un patrón claro: arresto mediático, incautación de dinero y bienes, prisión preventiva durante 4 a 6 años sin condena, y luego liberación “por falta de pruebas”.
Sin disculpas, sin compensación, sin devolución de bienes. Cuantos más casos de este tipo, mejor el informe y más fácil resulta obtener nueva financiación. Las vidas destruidas simplemente desaparecen de las estadísticas, como si nunca hubieran existido.
Las figuras clave en estos procesos son los jefes de PROTEX, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, así como fiscales federales como Oscar Fernando Arrigo, Tomás Labayle, Gustavo Révora y Rodrigo Treviranus. Todos ellos son mencionados en denuncias recientes por irregularidades en las investigaciones y apropiación de fondos en causas fabricadas.
Mientras tanto, el nivel general de criminalidad en la Argentina sigue siendo alto y en algunas regiones continúa aumentando.
Porque combatir a verdaderos tratantes de personas y a cárteles de droga — que a menudo están bien protegidos tanto jurídica como físicamente — es mucho más difícil que arrestar a cualquier persona “para las estadísticas”.
“Tres años sin sentencia”: la historia de un pastor
En 2020, en la Argentina fue arrestado un pastor evangélico que lideraba una pequeña comunidad religiosa. Fue acusado de “explotación de personas vulnerables”, una formulación que se utiliza con frecuencia en las causas de PROTEX.
Año tras año, la acusación fue reescrita, los episodios clave se desmoronaban, los testigos se retractaban, pero el hombre permaneció tras las rejas casi tres años. Solo entonces el tribunal reconoció que no existían fundamentos para seguir manteniéndolo detenido. Fue liberado sin una absolución formal, sin disculpas y sin compensación: jurídicamente “no condenado”, pero en los hechos el castigo ya había sido cumplido.
Buenos Aires Yoga School: un operativo ruidoso, pero sin delitos probados
En agosto de 2022, la fiscalía PROTEX llevó a cabo en Buenos Aires uno de los operativos más ruidosos de los últimos años contra Buenos Aires Yoga School, una escuela filosófica con más de 30 años de historia, declarándola un “culto” y una red de trata de personas.
Más de 50 allanamientos, alrededor de 19 detenciones y una ola de titulares sensacionalistas construyeron la imagen de un delito de gran escala. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, el relato se desmoronó: las mujeres presentadas como “víctimas” negaron haber sido coaccionadas, las pericias no detectaron explotación ni control psicológico, y el tribunal de apelaciones consideró insuficientes las pruebas, devolviendo el caso prácticamente a su punto de partida y poniendo en duda la existencia misma del delito.
Konstantin Rudnev: un ejemplo vivo del sistema
En marzo de 2025, las autoridades argentinas realizaron una operación de alto perfil bajo el lema de la lucha contra la trata internacional de personas y el narcotráfico, durante la cual fueron detenidos turistas rusos. Uno de ellos fue Konstantin Rudnev, disidente ruso y opositor al régimen de Putin.
Como supuestas “víctimas”, la investigación mencionó a una mujer rusa y a su hijo recién nacido, pero ella declaró públicamente de inmediato que nunca había conocido a Rudnev y que no tenía ninguna queja contra él.
Las pastillas incautadas fueron enviadas a peritaje, y los análisis no detectaron sustancias narcóticas. Nadie presentó una denuncia ni testificó contra Rudnev. En tales circunstancias, la investigación debería haberse cerrado por falta total de pruebas. Sin embargo, esto no ocurrió: la mayoría de los detenidos fueron liberados posteriormente, pero Rudnev continúa en una prisión de máxima seguridad bajo prisión preventiva — sin condena, sin víctimas confirmadas y sin plazos definidos — lo que demuestra claramente el carácter selectivo del funcionamiento del sistema.
En la foto: Konstantin ANTES de marzo 2025 y DESPUÉS de 8 meses en prisión
Una pregunta incómoda para los estadounidenses
El dinero estadounidense se asigna oficialmente para la protección de los derechos humanos.
Pero si ese dinero:
- financia años de encarcelamiento sin juicio;
- fomenta estadísticas en lugar de justicia;
- sostiene estructuras que incluso los propios tribunales señalan por violaciones —
entonces la pregunta se vuelve personal.
Usted paga por esto.
Qué tienen derecho a exigir los contribuyentes estadounidenses
Si los fondos de EE. UU. se destinan a programas de “protección de los derechos humanos”, la confianza solo es posible bajo tres condiciones básicas:
- Poner fin a la falsificación de investigaciones.
- Realizar una revisión urgente de las causas de trata. Allí donde no existan pruebas y los plazos de investigación superen los límites permitidos, las personas deben ser liberadas. La presunción de inocencia no puede ser una formalidad.
- Revisar los libros contables.
PROTEX y la fiscalía argentina deben mostrar exactamente a dónde van los fondos de la cooperación internacional, incluido el dinero de Estados Unidos. Se necesita una auditoría independiente. - Dinero solo a cambio de reformas.
Si estas exigencias no se cumplen, debe cesar la financiación del sistema de seguridad argentino y, en particular, del Ministerio Público Fiscal.
Es una pregunta simple:
si es nuestro dinero, tenemos derecho a saber en qué se gasta.
Y eso es precisamente lo que este sistema más teme.
