De la trata de personas al desvío de fondos públicos de EE.UU.
Cómo la lucha contra la trata se convirtió en una herramienta de presión y derroche del dinero de los contribuyentes
Buenos Aires, Argentina
Cuando la acusación importa más que las pruebas
¿Está seguro de que en un país democrático no se puede encarcelar a una persona por años sin pruebas, solo por sospecha?
Ahora imagine que además se paga con millones del presupuesto estatal, financiado por EE.UU.
En Argentina, esto ya no es una hipótesis ni una excepción.
Es una práctica recurrente, enquistada en el sistema de justicia.
En Argentina, la prisión preventiva, concebida como medida excepcional, se transforma cada vez más en una herramienta cómoda de presión. Se mantiene a personas detenidas meses y años no porque las pruebas sean contundentes, sino porque no las hay —y se intentan “conseguir” con tiempo. Y muchas veces, simplemente para forzar a una persona a declararse culpable a cambio de que la dejen salir antes.
Oficialmente: para proteger a la sociedad.
En la práctica: por estadísticas, carrera y dinero.
Primera historia
“Víctimas” que se negaron a ser rescatadas
En septiembre de 2022, la fiscalía argentina contra la trata de personas (PROTEX) anunció una “exitosa operación” contra la comunidad religiosa International Jerusalem Tabernacle Church. La investigación fue llevada por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangieri, quienes calificaron públicamente a la organización de “secta”, que aplicaba “lavado de cerebro” y estaba involucrada en trata de personas.
Sin embargo, ya en el tribunal la investigación empezó a desmoronarse.
Las personas que el Estado declaró rescatadas insistían:
- nadie las había explotado
- no estaban privadas de libertad
- no se consideraban víctimas
Más aún, el tribunal registró que fueron presionadas por especialistas en “rescate”, que exigían que se reconocieran como damnificadas.
El caso fue desestimado.
Marcelo Colombo —en ese entonces jefe de PROTEX— y Alejandra Mangieri —fiscal federal interviniente— no enfrentaron responsabilidad disciplinaria ni procesal por iniciar la investigación, realizar acusaciones públicas y utilizar retórica anti-sectas como reemplazo de una base probatoria.
Este caso se convirtió en la primera advertencia judicial en Argentina sobre a dónde puede conducir la fusión de la política anti-trata con la ideología anti-sectas.
Segunda historia
El allanamiento nocturno y el “culto del terror” que no existía
En la noche del 12 de agosto de 2022, los canales de televisión argentinos transmitían en vivo un allanamiento en el barrio de Villa Crespo, Buenos Aires. Unidades especiales armadas asaltaban un edificio que los medios ya habían bautizado como “culto del terror”: la Escuela de Yoga de Buenos Aires (BAYS).
Los periodistas esperaban ver víctimas rescatadas de explotación sexual. En cambio, salían del edificio personas mayores —participantes de una clase de filosofía.
En más de cincuenta locales registrados:
- no se hallaron menores
- no se hallaron personas privadas de libertad
- no se encontraron indicios de prostitución
A pesar de ello:
- veinte personas fueron arrestadas
- nueve mujeres adultas fueron declaradas oficialmente víctimas de trata
Las nueve mujeres declararon de inmediato:
- nunca fueron explotadas
- no ejercieron sexo comercial
- participaban voluntariamente en las actividades de la escuela
Su postura fue ignorada.
La investigación sostuvo que su negativa era resultado de “años de lavado de cerebro”.
A pedido de las propias mujeres, se realizaron pericias psicológicas y psiquiátricas integrales por el Cuerpo de Expertos de la Corte Suprema de Argentina.
Conclusión unívoca:
no se detectaron signos de vulnerabilidad, sumisión ni control mental.
Todos los expertos —incluidos los de la acusación— lo confirmaron.
Aun así, la fiscalía sostuvo que la coherencia y racionalidad de los testimonios probaban su “procesamiento coercitivo”.
En diciembre de 2023, la Cámara de Apelaciones anuló la decisión de elevar la causa a juicio, señalando:
- violación del derecho a la defensa
- omisión de pruebas científicas
Uno de los jueces, en voto disidente, advirtió que imponer la condición de víctima a mujeres que la niegan puede ser paternalista y discriminatorio.
¿A quién beneficia?
Las formulaciones amplias y difusas de la ley de trata permiten:
- mantener a los acusados detenidos el mayor tiempo posible
- demostrar “lucha contra el crimen” en informes oficiales
- incautar bienes bajo el pretexto de “compensar a víctimas” inexistentes
Entonces surge la pregunta inevitable:
¿A dónde va el dinero?
Los nombres de los fiscales
Oscar Fernando Arrigo, Tomás Labal, Gustavo Revora y Rodrigo Treviranus
aparecen regularmente en causas donde acusaciones mediáticas no están respaldadas por hechos, pero sí acompañadas de fuerte ruido mediático.
Cuantas más causas de este tipo, más:
- financiación presupuestaria
- reconocimiento internacional
- subsidios, incluso provenientes de EE.UU.
Los números importan más que la verdad.
No es un error
Es un sistema
La causa contra Konstantin Rudnev, disidente ruso en Argentina, no comenzó con una investigación, sino con una invención.
La base fue la “sospechosidad” subjetiva de una enfermera que luego reconoció oficialmente haber mentido a la policía e inducido a error a una mujer, forzándola prácticamente a dar el nombre de Rudnev.
Sobre esta versión no verificada se construyó toda la estructura de acusaciones:
- “trata de personas”
- “secta”
- “explotación”
Sin hechos comprobados. Sin víctimas. Sin pruebas.
El esquema se escaló: se declaró víctimas a mujeres adultas que negaron de forma consistente y pública cualquier explotación y afirmaron no conocer a Rudnev ni haber sufrido violencia.
Sus negativas fueron interpretadas como “lavado de cerebro”.
Las pericias no hallaron drogas, coerción ni hechos de trata.
Aun así, la causa continuó, ampliando el número de acusados y manteniendo personas detenidas.
De una mentira privada y clichés mediáticos surgió una causa penal que se parecía cada vez menos a una investigación y más a una acción demostrativa —con un culpable designado de antemano.
El costo de este esquema
- Las personas pierden años de libertad
- El Estado pierde millones de pesos destinados a seguridad real
- La sociedad pierde confianza en las instituciones
Y, lo más grave:
las verdaderas víctimas quedan sin ayuda,
porque los recursos se consumen en la ilusión de trabajo.
Las preguntas permanecen abiertas:
¿Por qué se mantiene en prisión a inocentes durante años sin pruebas?
¿Por qué el dinero de los contribuyentes se gasta en detenciones injustificadas?
¿Por qué nadie rinde cuentas por los bienes incautados?
De lo contrario, todos seguiremos pagando por este sistema —
incluso quienes hoy creen que no les afecta.
