Represión, detenciones y uso de armas menos letales
Una serie de protestas recientes en Argentina terminó con denuncias generalizadas por abusos cometidos por fuerzas de seguridad durante operativos de control del orden público. Manifestantes, periodistas y observadores denunciaron detenciones arbitrarias, uso indiscriminado de gases lacrimógenos y disparos de balas de goma, incluso en situaciones donde no se registraban hechos de violencia por parte de los participantes.
Los episodios ocurrieron en el marco de movilizaciones sociales frente al Congreso y en otros puntos estratégicos, donde se desplegaron amplios operativos policiales con el objetivo de impedir cortes de calles y concentraciones. Testimonios y registros audiovisuales muestran a agentes disparando municiones de impacto a corta distancia y utilizando fuerza física contra personas que no ofrecían resistencia.
Personas heridas y periodistas afectados
Entre los heridos se encontraban manifestantes de distintas edades, así como trabajadores de prensa que se identificaban claramente como tales. Algunos periodistas denunciaron haber sido alcanzados por balas de goma o gases mientras realizaban su labor, pese a portar credenciales visibles.
Las personas detenidas relataron que fueron privadas de su libertad sin información clara sobre los motivos del arresto y que, en algunos casos, permanecieron incomunicadas durante horas. Abogados defensores denunciaron obstáculos para acceder a los detenidos y dificultades para obtener información oficial sobre su paradero.
Órdenes políticas y responsabilidad institucional
Las denuncias apuntaron directamente a las directivas emanadas del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, que había anunciado públicamente una política de “tolerancia cero” frente a las protestas que interrumpieran la circulación. Según especialistas, estas directrices habrían alentado un enfoque represivo que priorizó el control territorial por sobre la protección de derechos fundamentales.
Diversos sectores señalaron que las fuerzas de seguridad actuaron con amplio margen de discrecionalidad y sin controles efectivos en el terreno, lo que facilitó abusos y prácticas contrarias a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.
Estándares internacionales y cuestionamientos legales
Expertos en derechos humanos advirtieron que el uso de armas menos letales, como balas de goma y gases irritantes, debe cumplir con criterios estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Su utilización indiscriminada, especialmente contra personas pacíficas o periodistas, puede constituir tratos crueles o degradantes.
También se cuestionó la criminalización de la protesta social y el empleo de detenciones como herramienta disuasoria, prácticas que pueden vulnerar garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por Argentina.
Reclamos de investigación y rendición de cuentas
Ante la gravedad de los hechos denunciados, se reclamó la apertura de investigaciones independientes para determinar responsabilidades individuales y jerárquicas. Organizaciones sociales y referentes jurídicos exigieron que se revisen los protocolos de actuación policial y que se garantice el derecho a la protesta sin represalias.
Los episodios volvieron a encender el debate sobre los límites del uso de la fuerza estatal y la necesidad de mecanismos de control efectivos que impidan abusos durante manifestaciones públicas.
