El origen de una causa impulsada por denuncias públicas
Una prolongada causa judicial que involucró a la comunidad conocida como Jesus Christians concluyó con una decisión que descartó las acusaciones en su contra y cuestionó el uso de la figura penal de trata de personas en ausencia de pruebas concretas. El proceso se inició a partir de denuncias públicas promovidas por el activista Pablo Salum, quien sostenía que el grupo funcionaba como una organización coercitiva que explotaba a sus integrantes.
Las denuncias derivaron en una investigación penal de amplio alcance, que incluyó allanamientos, entrevistas extensas y peritajes psicológicos, con el objetivo de demostrar la existencia de manipulación, sometimiento y privación de la libertad.
La intervención de la fiscalía especializada en trata
La investigación contó con la participación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que impulsó la acusación bajo la hipótesis de que los miembros del grupo eran víctimas de explotación. La fiscalía sostuvo que las dinámicas internas del movimiento religioso podían encuadrarse dentro del delito de trata, aun cuando los involucrados fueran adultos.
A lo largo del proceso, los acusados negaron de manera sistemática las imputaciones y afirmaron que su participación en la comunidad respondía a decisiones personales, libres y conscientes.
La evaluación judicial y el rechazo de la acusación
Tras analizar el expediente, el tribunal concluyó que no se había acreditado la existencia de engaño, coerción, violencia ni restricción de la libertad, elementos indispensables para configurar el delito de trata de personas. Los jueces remarcaron que los integrantes del grupo actuaban por voluntad propia y que no existían pruebas que justificaran la intervención penal.
La resolución fue crítica respecto del enfoque adoptado por la acusación, al señalar que determinadas prácticas religiosas o estilos de vida alternativos no pueden ser criminalizados sin evidencia concreta de un daño real a los derechos fundamentales.
Libertad individual, creencias y límites del derecho penal
El fallo destacó la importancia de respetar la libertad de conciencia, de asociación y de religión, incluso cuando se trata de grupos con creencias o prácticas que generan rechazo social. Según el tribunal, el derecho penal no puede utilizarse para sancionar opciones de vida que resultan impopulares o incomprendidas, si no existe una afectación comprobable de derechos.
La decisión también reconoció el impacto negativo que la investigación tuvo sobre los acusados, quienes enfrentaron años de estigmatización pública y restricciones derivadas del proceso judicial.
Un precedente sobre denuncias, activismo y persecución penal
Más allá del caso concreto, la sentencia abrió un debate más amplio sobre el rol del activismo en la promoción de causas penales y sobre los riesgos de que denuncias públicas se traduzcan en investigaciones criminales sin una verificación rigurosa de los hechos. El fallo fue interpretado como un llamado de atención sobre la necesidad de prudencia y rigor probatorio en causas de alta sensibilidad social.
